La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha anunciado este martes el próximo traslado a cárceles próximas al País Vasco de ocho reclusos de ETA. Este es el acercamiento más numeroso desde que, en el verano de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el cambio de la política penitenciaria con los reclusos de la banda armada. En estos algo más de dos años, ya son 84 los internos de la organización terrorista que se han visto beneficiados por esta medida. De ellos, 25 en lo que va de mes de octubre, en un claro aceleramiento en el ritmo de acercamientos. Además, otros 12 etarras han accedido al tercer grado o semilibertad.
En la actualidad, en las cárceles españolas están recluidos 197 presos de la organización terrorista, la cifra más baja desde hace 41 años, según confirman a EL PAÍS fuentes penitenciarias y de la lucha antiterrorista. A ellos se suman otros 33 recluidos en prisiones francesas, la mayor parte en los dos centros penitenciarios más cercanos a la frontera con España. Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA, reduce esta cifra a 189 (y otros 32 en cárceles francesas) al excluir a aquellos reclusos que se han desmarcado del colectivo que agrupa a los presos etarras (EPPK en sus siglas en euskera) tras arrepentirse o por mostrarse partidarios de continuar con los atentados.
Entre los ocho etarras cuyo traslado se ha anunciado ahora, se encuentra la pareja formada por Itziar Alberdi Uranga y Juan Jesús Narváez Goñi, hasta ahora recluidos en la prisión de Estremera (Madrid) y que pasarán a ocupar sendas celdas en el Centro Penitenciario de Logroño. Alberdi y Narváez fueron detenidos en Puerto Vallarta (México) en febrero de 2014 tras 22 años de huida y extraditados a España. En diciembre de 2015 fueron condenados a 296 años de cárcel por matar, en 1991, a dos Tedax (técnicos en desactivación de explosivos) de la Policía con un paquete bomba. En el caso de Narváez, Prisiones también le progresa a segundo grado penitenciario o régimen ordinario, lo que le permitirá solicitar permisos de salida cuando haya cumplido un cuarto de la condena. Lo hace tras remitir el etarra un escrito en el que rechaza el uso de la violencia y reconoce el dolor causado, según Interior. A su compañera, sin embargo, le mantiene en primer grado o régimen cerrado, el más duro, aunque le aplicará el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitirá acceder a algunos beneficios del segundo grado.
Los otros cinco etarras son Aitor Esnaola, José Antonio Borde, Karmelo Lauzirika, José Juan García y los hermanos Mikel e Ibai Ayensa. Estos dos últimos, hasta ahora en la prisión de Monterroso (Lugo), serán trasladados a la prisión de Logroño, como Narváez y Alberdi, lo que convertirá esta prisión, cuando se materialicen estos traslados, en la que más presos de ETA cobija, junto a la de Puerto III (Cádiz), con 11 reclusos de la organización terrorista. Según Interior, los hermanos Ayensa también han aceptado la legalidad penitenciaria “y han enviado escrito en el que rechazan el uso de la violencia y reconocen el dolor causado”.
También lo ha hecho Aitor Esnaola —al que Interior trasladará desde la prisión de Ocaña I (Toledo) a Soria— y José Antonio Borde —que irá del penal de Teixeiro (A Coruña) a la prisión cántabra de El Dueso—. Este último, además, será progresado al segundo grado, lo que le permitirá solicita permisos, ya que cumplió hace años el requisito de tener cumplido un cuarto de la condena. Por último, Karmelo Lauzirika y José Juan García serán trasladados al Centro Penitenciario de Zaballa (Álava). El primero, desde el penal de Castellón I. El segundo, desde el de Valladolid. Según Instituciones Penitenciarias, ambos “han pedido perdón a las víctimas, han asumido su responsabilidad y han manifestado su rechazo a la violencia”. García lleva en prisión desde junio de 2018, ya con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior, y cumple una condena de 16 años por el delito de organización terrorista.
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