El partido Somos México exigió la inmediata e incondicional liberación del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, calificando su detención por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) como un “inaudito atropello” en contra del político y empresario.
Un comunicado emitido por la agrupación, que logró su registro de partido el 25 de junio, asegura que esta acción gubernamental es una “cortina de humo” para distraer la atención pública de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado de gobernadores morenistas, señalando específicamente las presuntas negociaciones con Estados Unidos de Marina del Pilar en Baja California y a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia que tiene orden de captura por vínculos con el crimen organizado.
Somos México enfatizó que Ruffo ya había explicado detalladamente la legalidad de las operaciones de su empresa, la cual se dedica a gestiones aduanales y está avalada por aduanas, el SAT y la Secretaría de Energía. Ruffo es consejero consultivo y delegado de su Asamblea Nacional Constitutiva.
En su pronunciamiento, Somos México responsabilizó directamente a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) de permitir el tráfico de combustible y sentenció: “Los huachicoleros fiscales no están en la sociedad civil, en el sector empresarial o en la oposición”.
En sintonía con este reclamo, Emilio Álvarez Icaza, representante del partido ante el INE, emitió su postura declarando a Ernesto Ruffo como un “preso político del régimen morenista”.
Álvarez Icaza reiteró que el exmandatario ya había explicado a exhaustividad su situación ante las autoridades correspondientes, por lo que defendió que “no hay delito que perseguir”.
Asimismo, coincidió en que el arresto es un intento deliberado de distraer a la ciudadanía de los escandalosos casos que involucran a los gobiernos estatales de Baja California y Sinaloa.
La captura
La aprehensión de Ruffo Appel, histórico panista que en 1989 se convirtió en el primer gobernador estatal surgido de la oposición en México, fue cumplimentada la tarde del 16 de julio de 2026 en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tras una orden obtenida por la FGR.
Las autoridades encabezadas por Ernestina Godoy acusan a Ruffo de la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivado de una investigación de alta complejidad sobre grandes operaciones de lo que se conoce como “huachicol fiscal”.
La FGR vincula al exgobernador con la empresa importadora Ingemar, fundada por él, la cual presuntamente introducía masivas cantidades de gasolina y diésel de contrabando al país mediante pipas y ferrotanques.
De acuerdo con las investigaciones expuestas en el reportaje “Soldados del Huachicol”, el esquema de evasión consistía en comprar combustible legalmente en Estados Unidos y, al cruzar la frontera, alterar o falsificar los documentos de importación para reportar la carga como aceite quemado, aditivo o alcohol.
Con esta maniobra, las empresas evadían el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), logrando abaratar el precio de la gasolina y el diésel en 6.45 y 7.00 pesos, respectivamente.
Por su parte, el exgobernador ha defendido en medios nacionales que el uso de su nombre ha sido politizado, argumentando que no ha sido citado por el ministerio público y que él no es el único socio de la empresa Ingemar, la cual ya contaba con investigaciones previas por tráfico de combustible en puertos y ferrocarriles.