Rishi Sunak está a punto de descubrir, en los inicios de 2023 y apenas 11 semanas después de haber puesto un pie en Downing Street, la regla número uno en política: es imposible sorber y soplar a la vez. Ante la oleada de huelgas a las que se enfrenta su mandato —enfermeros, médicos, trabajadores de ambulancias, transporte público, personal de aduana y fronteras y profesores—, el primer ministro británico intenta mostrarse conciliador con los sindicatos y duro frente a sus compañeros conservadores.
A los primeros ha querido enviar una señal de que, finalmente, está dispuesto a sentarse a negociar una subida salarial. Hasta la fecha, la posición del Gobierno era la de mantenerse al margen, dejar que las conversaciones las realizaran los equipos gestores de los distintos departamentos públicos, y ajustarse a las recomendaciones emitidas por los Organismos de Revisión Salarial (Pay Review Bodies, PRB, en sus siglas en inglés), que son mesas de expertos independientes adscritas a cada sector cuya labor es analizar y sugerir cambios en la nómina. Las subidas propuestas por los PRB para este año apenas suponen un 2%, frente a una inflación del 10,7%.
El Real Colegio de Enfermería, por ejemplo, había reclamado una subida del 19,2%, que ayude a subsanar una década de congelación salarial, una crisis descomunal del coste de la vida y una tensión laboral derivada de dos años de pandemia. Los sindicatos han reprochado al Gobierno que utilizara los PRB como excusa para admitir cualquier modificación de sueldo que pudiera agravar, a ojos de Downing Street, el nivel de inflación. Ante la creciente tensión social y la penuria provocada por los distintos paros, Sunak señaló este domingo en la BBC que estaba dispuesto a dar su brazo a torcer.
“El Gobierno siempre ha señalado que no tenía ningún problema en abordar conversaciones [sobre subidas] salariales, siempre que fueran responsables, y que el país las pudiera asumir. Estamos a punto de comenzar un nuevo proceso independiente de negociación, pero antes de que comience, estamos dispuestos a sentarnos con los sindicatos y hablar de sueldos”, anunciaba Sunak.
Varios ministros afectados han comenzado este lunes una ronda de conversaciones con los distintos sindicatos. Como en otras ocasiones, sin embargo, el diablo está en los detalles. Las palabras del primer ministro no dejan claro si esa flexibilidad anunciada ahora incluye la retribución salarial de 2023 o apunta más bien a las negociaciones en curso para 2024. Ni concretan cuál podría ser una subida responsable. ¿Un porcentaje exacto? ¿Cuánto? ¿Una cantidad fija en un solo pago? Esta última opción es la que sugieren varios medios británicos como posible alternativa para evitar un coste permanente que alterara las previsiones presupuestarias.
De momento, la respuesta de los sindicatos ha sido de escepticismo, y mantienen sus planes y convocatorias de paro. “Veremos qué pone el Gobierno sobre la mesa”, ha dicho Patricia Marquis, directora para la región de Inglaterra del Real Colegio de Enfermería a SKY News. “Si hay alguna rendija de optimismo, a través de nuevas reuniones, estoy segura de que mis colegas y yo mantendremos el optimismo de que es posible alcanzar un acuerdo que evite las huelgas previstas en marzo. Pero las posibilidades de que eso ocurra no llegan hoy ni al 50%”, ha dicho Marquis.
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Más dura ha sido la respuesta de la central Unite, la más potente del Reino Unido, que representa a lo trabajadores de ambulancias del Servicio Nacional de Salud. La propuesta aportada por el Gobierno este lunes vinculaba el pago de una cantidad única y fija a un aumento en la productividad, y los sindicatos han considerado la petición un insulto. “Nuestros trabajadores hacen turnos de 18 horas. No sé cómo se puede ser más productivo que eso”, ha dicho Onay Kasab, el negociador nacional de Unite. “A pesar de nuestra buena fe, el Gobierno ha perdido otra oportunidad, y la huelga seguirá adelante [el 23 de enero es el próximo paro convocado]”, ha asegurado Kasab.
Leyes más duras
Las posibilidades de supervivencia de Sunak, con un Partido Conservador que ya ha sido capaz de quitarse de en medio sin contemplaciones a tres de sus líderes en apenas cuatro años —incluido el carismático Boris Johnson—, son ciertamente reducidas. Estas dependen de su capacidad para remontar la crisis económica, pero sobre todo de su habilidad para convencer al ala dura conservadora de que sus credenciales como hombre de derechas son indiscutibles. Por eso, junto a la oferta ambigua de diálogo lanzada a los sindicatos —la zanahoria—, el primer ministro ha mostrado el palo a sus compañeros tories: Downing Street seguirá adelante con su idea de impulsar en el Parlamento nuevas leyes que endurezcan el derecho a la huelga e impongan servicios mínimos.
“No podemos permitir, ni permitiremos, que las protestas llevadas a cabo por una pequeña minoría acaben alterando la vida de la inmensa mayoría trabajadora, o que impidan que una madre lleve a sus hijos al colegio o que los pacientes de cáncer no puedan acudir a sus tratamientos hospitalarios. No es correcto, y vamos a ponerle fin”, ha escrito Sunak en ConservativeHome.Com, la página web que funciona como foro de debate y guía orientativa del mundo de los conservadores británicos. “Vamos a impulsar nuevas leyes —al igual que otros países como Francia, Italia o España— que afiancen un mínimo de seguridad en áreas críticas, como los servicios de ambulancia o de bomberos”, ha anunciado el primer ministro.
El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha hecho malabarismos durante las últimas semanas para preservar su fama de moderado. A pesar de la simpatía mostrada por los ciudadanos a grupos como el de los enfermeros, la clase media británica no se encuentra cómoda ante las huelgas. Starmer ha dado instrucciones a sus diputados —para disgusto de los sindicatos, y no siempre obedecidas— de no participar en los piquetes; y no ha sido claro sobre cuál sería la subida salarial que estaría dispuesto a respaldar.
Sin embargo, ha visto la ocasión perfecta en el empeño del Gobierno por endurecer las leyes de huelga. “La idea de que puedan mejorarse las relaciones laborales a base de poner freno al conflicto colectivo es simplemente ridícula”, ha dicho a la BBC Rachel Reeves, la portavoz laborista de Economía y mano derecha de Starmer. “Nuestros ministros han pasado de aplaudir a las enfermeras [durante la pandemia] a pretender echarlas por ejercer su derecho a la huelga”, ha acusado Reeves.
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