'Tasa Google’: impotencia fiscal en la era digital

España lleva décadas con una asignatura pendiente: el empleo. La sociedad está marcada por una elevada tasa de paro, un llamativo 17% de media desde 1980. Y, aunque a comienzos de año el dato estaba algo por debajo, con el tsunami económico causado por la pandemia pocos dudan de que volverá a crecer. Otros datos del mercado laboral también preocupan, como el gran protagonismo del trabajo temporal, que raramente ha bajado por debajo del 25% del total —y cuando lo ha hecho, ha sido porque se ha destruido este tipo de empleo—.

Una de las señas de identidad del mercado laboral español en las últimas décadas es su sobrerreacción a las fases de crisis y de crecimiento: España es uno de los países desarrollados que más trabajos destruyen cuando hay crisis (más de 4,7 millones de empleos durante la crisis financiera) y que más crean cuando hay crecimiento (casi cuatro millones en los cinco años posteriores, entre 2015 y 2019).

La solución para este panorama a la que se ha intentado acudir una vez tras otra es a la reforma laboral o, dicho de otra forma, al cambio en el Estatuto de los Trabajadores. Un estudio para la Fundación 1º de Mayo de hace ocho años, firmado por el economista Manuel Lago —ahora asesor en el Ministerio de Trabajo— contaba 52 reformas realizadas. De diferente intensidad, claro, aunque pocas como la de 2012, que todavía polariza la discusión política y socioeconómica, y cuyo cambio completo, por fases, está en la agenda próxima del Gobierno.

A medio plazo, entre las tareas que se ha puesto el Ejecutivo está la redacción de un nuevo estatuto del siglo XXI para responder al reto de la revolución tecnológica. Porque, mientras los viejos males del mercado laboral siguen sin resolverse, aparecen nuevos retos: por un lado, los que va a traer la pandemia, que son parecidos a los que se han vivido en las últimas cuatro décadas y, por otro, lo que vienen con la robotización, la inteligencia artificial o el Internet de las cosas.

1. Poco empleo y alto paro

El dato choca: entre 1985 y 2020 el tamaño del mercado laboral español casi se ha duplicado, pasando de menos de 11 millones de empleos a casi 20 millones, según el INE, con la incorporación de las mujeres y la llegada masiva de inmigrantes, especialmente en los años de la burbuja inmobiliaria. Pero, como explica el catedrático de Economía de la Universitat Autònoma de Barcelona Josep Oliver, la crecida ha sido insuficiente. Las tasas de empleo —el porcentaje de gente que tiene un trabajo entre la población total de 15 a 64 años—, comparadas con las del resto de Europa, casi siempre quedan por detrás: al acabar el año pasado rozaban el 64%, en el conjunto de la UE se tocaba el 69% y en países como Alemania se llegaba al 77%.

2. Trabajo de poca calidad

Los indicadores de precariedad en España suelen ser muy altos y destacan respecto a otros países. La tasa de empleo a tiempo parcial no deseado llega al 8,3% y duplica la del resto de socios comunitarios, pero la temporalidad es clave a la hora de hablar de empleo precario.

Los contratos eventuales llegaron a España en la primera gran reforma del Estatuto de los Trabajadores, en 1984, para afrontar la crisis del petróleo. La temporalidad sirvió para crear empleo entonces, pero generó una brecha contra la que todavía se pelea: la que hay entre los trabajadores fijos y los temporales, la llamada dualidad. La temporalidad ha acabado funcionando como vía rápida de ajuste a los vaivenes económicos. El precio lo suelen pagar los más jóvenes.

El diagnóstico está claro. No tanto las soluciones. Para Carlos Martín, director del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, la solución pasa por dejar atrás un modelo hiperflexible que ni siquiera ha conducido al “pleno empleo precario”. Este economista aboga por ir eliminando tipos de contratos temporales para que las empresas recurran más al indefinido. Y propone que, cuando sean necesarios ajustes, estos se hagan a través de la negociación colectiva y la flexibilidad interna (contención de sueldos y dividendos), algo similar a lo visto con los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) durante la pandemia.

Otros, como Sara de la Rica, directora de la Fundación Iseak, abogan por reducir las diferencias entre los contratos temporales y los indefinidos, lo que suele interpretarse como reducir el coste del despido de un fijo (ahora entre 20 días y 33 días de salario por año trabajado) y la compensación por el final de uno temporal (12 días por año trabajado para los contratos firmados a partir de 2015).

3. Revolución tecnológica

Antes de la crisis que ha provocado la pandemia, el tema que más atención captaba sobre el mercado laboral era el futuro del trabajo y el impacto de la cuarta revolución industrial. Y aunque las consecuencias del coronavirus atraen todos los focos, la semana pasada un informe del Foro de Davos advertía de que en 2025 “las máquinas desplazarán 85 millones de empleos en todo el mundo”. Bajando al caso español, un estudio de 2019 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) situaba en el 21% los empleos en riesgo de automatización, un 14% en el conjunto de países que integran el club.

Para afrontar ese peligro hacen falta formación transversal, capacidad de improvisar y dar soluciones y fomentar el aprendizaje durante toda la vida laboral, señala Miguel Ángel Malo, profesor de Economía en la Universidad de Salamanca dedicado desde hace décadas a estudiar el empleo. “Es en eso en lo que flaquean nuestros estudiantes”, diagnostica. Florentino Felgueroso, investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), apunta por su parte, basándose en tendencias vistas en Estados Unidos, que aumentarán los contratos laborales cortos y el trabajo autónomo. Esta tendencia, opina Felgueroso, requerirá una nueva regulación de la protección de los trabajadores. Un ejemplo de nuevas regulaciones posibles es la mochila austriaca, una cuenta en la que empleado y empresario cotizan y en la que se acumulan recursos por si el trabajador pierde su empleo.

4. Modelo productivo

La falta de productividad es uno de los problemas a los que se suele aludir para explicar la fragilidad laboral española: al ser un empleo poco productivo, no hay muchos incentivos para conservar la mano de obra cuando llegan las crisis. Esta es la tesis que defiende el catedrático de Economía Josep Oliver, quien destaca la falta de apuesta política para impulsar sectores que generen trabajo más productivo y robusto frente a otros que se han revelado más frágiles (construcción, hostelería).

Las causas de esta situación están para unos en las normas laborales, que acaban por incentivar la baja productividad y la escasa formación de los trabajadores y por generar empleo débil por la vía de la temporalidad. Ese es uno de los puntos que señala De la Rica, de la Fundación Iseak, quien añade el pequeño tamaño de las empresas o la escasa inversión en I+D. “Si tocas la legislación, solo tocas las superficies”, añade Oliver, “hay que entrar en las bases que llevan a un empresario a despedir sin temor a perder capital humano [mano de obra cualificada]”. Y eso pasa, en opinión de Nuria Rodríguez-Planas, catedrática de Queens College de la City University of New York, por una apuesta decidida desde las políticas públicas por sectores más productivos y con un futuro más estable: tecnologías, salud/farmacia, medioambiente.

5. Políticas de empleo

La poca eficacia de los servicios públicos de empleo a la hora de ayudar a los parados a volver al mercado laboral —detectando sus carencias o ofreciendo simple intermediación— es casi un lugar común. Solo entre el 2% y el 3% de las colocaciones se hacen a través de las oficinas públicas. Así lo señaló hace un año la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un organismo público que vela por la sostenibilidad de las cuentas públicas. En un informe de hace un año, apuntaba que la división de funciones entre la Administración central, que paga las prestaciones y los subsidios, y las autonomías encargadas de las políticas activas (formación, asesoramiento, intermediación), no ayuda. Y reclamaba una reforma profunda de estos servicios. El Ministerio de Trabajo se propone abordar este punto en las próximas semanas. Pretende individualizar la atención a los desempleados y el primer paso ha sido aumentar un 35% el importe para estas políticas en los presupuestos de 2021.

Es el primer paso, apunta Malo, de la Universidad de Salamanca, para después decidir cómo se asigna el dinero público. Nuria Rodríguez-Planas, catedrática de la City University of New York, reclama además más inversión en políticas activas. Cuando se observa el gasto de España comparado con otros países en políticas de empleo, no es que se gaste poco, pero sí se concluye que la mayor parte del dinero va a la protección (prestaciones) y menos de la mitad a la recolocación.

Conclusiones

1

España arrastra desde hace década un mercado laboral que genera mucho empleo precario, lo que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.

2

La precariedad tiene su base en la legislación, pero el modelo productivo también juega un papel decisivo.

3

Los servicios públicos de empleo son poco eficaces para ayudar a los parados a encontrar empleo y faltan evaluaciones sobre su funcionamiento.

4

El riesgo de automatización de puestos de trabajo en España es más alto que en otros países europeos.

Recomendaciones

1 Reducir la precariedad del mercado laboral

Disminuir la variedad de contratos temporales, fortalecer la relación entre cada contrato temporal y la causa por la que se firma ese contrato y equilibrar la protección entre fijos y temporales.

2 Flexibilidad interna

En épocas de crisis, apostar por la contención de sueldos y dividendos y por la negociación colectiva. En épocas de crisis se debe ir hacia una flexibilidad interna a través de la negociación colectiva.

3 Más y mejor formación

Ayudar a los trabajadores a adaptarse a los cambios tecnológicos en el mercado laboral.

4 Fijar una regulación

Aumentar la protección frente a las nuevas formas de empleo que traen los cambios tecnológicos.

5 Impulsar sectores más productivos

Generar empleo de mayor calidad, desincentivando el despido como forma de ajuste.