Chile ha celebrado este domingo unos comicios de trascendental importancia para conformar la Convención Constituyente, la asamblea encargada de elaborar una nueva Constitución que sustituya a la promulgada en 1980 bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Pese a las reformas implementadas desde el retorno de la democracia en 1990, el texto forjado durante el régimen no era desde luego el más adecuado para responder a los desafíos actuales y a los anhelos —sobre todo en materia de justicia social— de gran parte de la sociedad chilena. La canalización institucional del malestar y deseo de cambio debe ser celebrada.
En lo que supone un auténtico terremoto político, los votantes han elegido una asamblea de 155 componentes en la que los partidos tradicionales tendrán una situación de clara debilidad. Las urnas han castigado duramente a las formaciones protagonistas desde la restauración de la democracia. El bloque de centroderecha —actualmente en el Gobierno bajo la presidencia de Sebastián Piñera— obtuvo un 23,9% de los votos y 37 representantes. Peor resultado ha tenido la lista de la oposición de centroizquierda, con un 16,1% de los votos y apenas 25 escaños.
El revés de este rechazo a los partidos tradicionales es el vigor de las candidaturas independientes: logran 48 escaños. El tiempo dirá si representarán un útil elemento de oxigenación y estímulo del sistema o un factor de dispersión. Muy significativo ha sido también el avance de la izquierda que abanderó las protestas sociales de los últimos meses: con 28 escaños, ha quedado por encima del centroizquierda tradicional. No ha sido su único gran triunfo. En las elecciones municipales y regionales que coincidían en la votación, el Partido Comunista ha ganado la alcaldía de Santiago.
Se configura así un cuadro de alta fragmentación. En sí mismo no tiene por qué ser malo si los representantes elegidos tienen la altura de miras de entender que es un mandato para buscar consensos equilibrados entre distintos puntos de vista.
Hay que subrayar la absoluta normalidad que, como viene siendo habitual en Chile, ha presidido todo el proceso electoral a pesar de la tensión en las calles que ha precedido —y forzado— al proceso de reforma. Cabe destacar una participación de apenas el 43%, un hecho que debe hacer reflexionar a los miembros de la Convención de la necesidad de involucrar en el proyecto a una amplia base del electorado. Pero el dato tiene que ponerse en el contexto de un historial reciente de afluencia a las urnas no especialmente elevado. En cualquier caso, en Chile ha echado a andar un mecanismo ordenado y transparente de profunda renovación institucional con pocos precedentes en el mundo. Es preciso reconocer la madurez y valentía de su sociedad para afrontar el camino
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