El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó revocar la resolución del Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en contra del exvocero de la dependencia durante la administración de Rosario Robles Berlanga, Gustavo Rodríguez González.
En 2018, el también exvocero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fue inhabilitado por 10 años y el OIC le impuso el pago de una sanción de 210 millones 493 mil pesos, por presuntamente haber autorizado de manera indebida un pago millonario a Radio y Televisión de Hidalgo (RTH).
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Rodríguez González fue el primer funcionario de la Sedesol y Sedatu en ser sancionado por los presuntos desvíos que desde esas dependencias se hicieron entre 2014 y 2016, las cuales han sido documentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y cuyo monto asciende a más de mil 900 millones de pesos.
Los magistrados del TFJA determinaron que la autoridad fue omisa, al no valorar adecuadamente la información que proporcionó el exfuncionario respecto al convenio que firmó con RTH, informó La Jornada.
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“La resolución recurrida de fecha 30 de julio de 2018, se encuentra indebidamente fundada y motivada, en razón de que la autoridad apreció indebidamente los hechos y omitió considerar otros elementos de prueba, es decir, determinó que no existía documentación soporte, de las 26 órdenes de trabajo y actas de recepción, por lo tanto, los argumentos del actor son fundados y lo procedente es declarar la nulidad de la resolución para el efecto de que la autoridad valore todas y cada una de las pruebas aportadas”, señala el proyecto del magistrado Víctor Manuel Orduña Muñoz citado por el diario.
En septiembre de 2018 Rodríguez González dijo que la imputación en su contra se originó porque, supuestamente, autorizó el pago a RTH sin haber verificado que los servicios contratados para el diseño y ejecución de la campaña “Cruzada Nacional Contra el Hambre. 2 años cumpliendo”, se hubieran llevado a cabo.
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En ese momento afirmó que la acusación no tenía sustento, debido a que la campaña existió y en su momento la Sedesol puso a disposición del OIC las pruebas correspondientes.
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