Tras semanas de negociación, el acuerdo ha llegado en la fecha precisa. Este jueves, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, los grupos políticos han firmado un dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el gran acuerdo parlamentario que se cerró en 2017 y cuya vigencia expiraba en 2022. En la firma están todas las fuerzas políticas menos una. El grupo de ultraderecha Vox, que sostiene que la violencia machista no existe, no ha ratificado el acuerdo.
El texto, que plantearon a los grupos los dos socios de Gobierno el pasado día 17, busca plasmar “la voluntad renovada de todos los actores institucionales de seguir trabajando por el cumplimiento de las medidas” del pacto, que son 314. Y establecer un marco “ampliado y permanente” para desarrollar políticas públicas que lo fortalezcan. Los grupos se comprometen a actualizar el acuerdo con el nuevo dictamen para, entre otros objetivos, hacer permanente una financiación “pública, estable, suficiente, adecuada, con independencia del ciclo económico”. Contempla que se pueda ejecutar en más de un ejercicio presupuestario –ahora deben emplearse en el mismo año– para “poder llevar a cabo la continuidad de los proyectos y asegurar que las actuaciones realizadas tengan un mayor impacto”.
El texto acordado, que incluye 13 medidas, no cita ninguna cifra económica. El compromiso actual son 220 millones anuales. El dictamen incluye por primera vez la financiación de las organizaciones feministas que trabajan con las víctimas de todos los tipos de violencia contra las mujeres, más allá de las que la sufren en el seno de la pareja (explotación sexual, violencia sexual, matrimonios forzados…).
El texto, de tres folios, alude a Vox sin citarlo: “La protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista se debe explicitar combatiendo de forma expresa los discursos negacionistas”, señala el dictamen. Había mucho interés por parte de los dos socios de Gobierno en “reflejar que el pacto sigue vigente”, como ha citado Meritxell Batet. En ese sentido, en el Ejecutivo de coalición consideran un éxito que el PP haya ratificado el acuerdo, aunque recientemente han denunciado el “nulo interés en desarrollar las medidas” del Gobierno y ha pedido que se cumplan todas.
La firma ha tenido lugar en una recepción solemne en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados. Al acto oficial han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Igualdad, Irene Montero, el presidente del Senado, Ander Gil, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y representantes de los distintos grupos. En el acuerdo están todas las fuerzas políticas, no solo los grupos parlamentarios, explican fuentes de la negociación: son más de 30 formaciones.
La ministra Irene Montero ha subrayado ante los periodistas el consenso alcanzado este jueves. Montero considera que este acuerdo sitúa a las instituciones “a la altura de las mujeres” del país. El dictamen es un “compromiso inequívoco” de las instituciones y obliga a “seguir trabajando” contra la violencia machista. Sobre la ausencia de Vox, la ministra considera que uno de los mensajes “más poderosos” del acuerdo es que los grupos parlamentarios “no van a tolerar a los negacionistas” y a quienes niegan la “urgencia” de “acabar con todas las formas de violencia contra la mujer”.
Desde que comenzó el recuento de la estadística oficial en 2003, en España han sido asesinadas 1.118 mujeres por sus parejas o exparejas y desde 2013, también han muerto a manos de sus padres o las parejas de sus madres 44 menores de edad (los hijos son considerados víctimas directas de la violencia machista desde 2015). España aún no contabiliza otras víctimas, como aquellas que fueron asesinadas tras una agresión sexual o en un caso de explotación sexual. La previsión es iniciar ese conteo el próximo enero.
Los grupos se han comprometido a evaluar el cumplimiento de las medidas del pacto “con una periodicidad cuatrienal”. Pese al amplio consenso cosechado en 2017 para respaldar el acuerdo contra la violencia machista, su desarrollo en estos primeros cuatro años ha sido desigual. El pasado julio, de hecho, tras un repunte de asesinatos machistas que llegó con el fin de las restricciones de la pandemia, el Gobierno aprobó un plan de medidas urgentes que incluía algunas que ya estaban recogidas en el pacto y que aún no se habían puesto en marcha, como la detección de la violencia en los centros sanitarios o una mejor formación de los actores jurídicos, que vuelve a contemplar este último texto.
El nuevo dictamen vuelve a citar la importancia de “asegurar la especialización profesional” de los sectores que intervienen en la prevención de la violencia y en la atención a las víctimas “especialmente en el ámbito de la justicia” además de la formación especializada “para aquellos profesionales que tengan un contacto habitual con niños, niñas y personas menores de edad”. E insiste en los programas educativos y las campañas de concienciación que ya contemplaba el pacto, aunque las amplía a otras formas de violencia, como la que se produce en el ámbito digital.
El texto compromete a los grupos políticos a “adecuar la normativa estatal” al convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que España ratificó en 2014. Este acuerdo extiende el concepto de violencia machista más allá de la que ocurre en el seno de la pareja. En ese sentido pide expresamente una “respuesta integral y contextualizada” de todas las formas de violencia que incluye el tratado, con mención expresa a “la violencia económica, la violencia vicaria, y la violencia en el ámbito digital”.
La secretaria de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, que también es secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos, y la diputada Andrea Fernández, secretaria de Igualdad del PSOE, son quienes empujaron inicialmente la propuesta conjunta para el resto de grupos.
“Es un dictamen de mínimos al que nos adherimos todos los grupos políticos para manifestar el acuerdo en la renovación y plantear cuestiones a futuro”, señala Andrea Fernández. El acuerdo no incluye una partida económica concreta, señala. “El compromiso es garantizar la financiación para que se vuelva permanente y que pase lo que pase, siga existiendo esa financiación”, explica. “La diferencia entre una política pública y una política pública bien financiada es que una mujer tenga acceso a asistencia jurídica y psicológica o no la tenga”, señala Fernández.
Consulte el dictamen para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
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