Polonia y Hungría han lanzado un órdago a la Unión Europea, vetando el paquete presupuestario y, con él, el fondo de recuperación contra la pandemia. Los mecanismos de protección del Estado de derecho activados por Bruselas y vinculados a esos planes financieros han despertado la ira de los gobiernos de Varsovia, Budapest —y del esloveno, que se ha sumado al pulso—, que los juzgan como un ataque a su soberanía y amenazan con el bloqueo de unas cuentas que incluyen el fondo de 750.000 millones de euros para paliar los efectos de la crisis. Lo que está en juego no es solo la identidad de la Unión, el mayor espacio transnacional definido por el respeto escrupuloso al Estado de derecho, sino la posibilidad de reconfigurar el orden global de las próximas décadas a través del refuerzo de los valores liberales y la cooperación multilateral. Si el objetivo es que el modelo democrático mantenga su capacidad de atracción, difícilmente podrá la UE acometer tan ambiciosa tarea sin afirmar hacia dentro su potestad normativa.
El órdago de Orbán y Morawiecki no ha servido para que el Parlamento Europeo y el Consejo varíen su posición respecto al novedoso mecanismo de protección del Estado de derecho. La lectura de Bruselas es clara: el mundo post-Trump es una oportunidad de fortalecimiento de las democracias y de sus debilitadas estructuras de cooperación mutua. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca constituye un aldabonazo a ese refuerzo, abriendo la posibilidad de volver a definir Occidente desde sus valores ilustrados universales, como declaró Barack Obama en la entrevista que concedió a EL PAÍS. Europa está en esa línea, activando un marco de vigilancia de los estándares democráticos que es ya una nueva frontera de integración. La Comisión Europea ya ha dado un paso con la evaluación periódica de la situación del Estado de derecho en los países miembros, en el que se observan por primera vez asuntos otrora internos como el sistema judicial, la lucha contra la corrupción o el pluralismo de los medios. La UE quiere ahora elevar el listón al permitir que el nuevo mecanismo de control permita suspender los fondos en caso de que un incumplimiento grave de los valores fundamentales ponga en peligro los intereses financieros de la Unión. Y así debe ser.
Si la UE se define por algo, no es tanto por ser una comunidad económica como de derecho, con efecto directo y primacía de sus normas sobre las legislaciones nacionales. Así lo recordaba esta semana Emmanuel Macron al señalar que el hecho político que define a la Unión no es ser un mercado, sino un espacio coherente de valores e intereses. La tolerancia cero hacia quienes pretenden minar los valores comunitarios debe ser la esencia misma de una Europa entendida como comunidad política basada en el derecho. La UE es ante todo una potencia normativa, no militar o geoestratégica, ni siquiera diplomática; su poder radica en la defensa activa de unos valores con capacidad de influir hacia fuera, y Bruselas acierta al plantear un nuevo marco de vigilancia al que deben responder todos y cada uno de sus miembros. La rápida entrega de los fondos anticrisis es un asunto de enorme importancia. Se comprende el intento de superar el bloqueo a través de una negociación. Esta, sin embargo, no puede contemplar ninguna cesión sustancial en la defensa de los valores. Antes que eso, es preferible activar alternativas aunque supongan perder tiempo.
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