El 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
Un tribunal ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, en México, ocurrida en junio de 2014.
De acuerdo con reportes en medios, la Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento, pero en 2016 todos salieron de prisión, pues un tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos.
En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares, señalados como presuntos responsables de delitos relacionados con homicidios y alteración del lugar de los hechos. Antes, otros militares también habían quedado en libertad por falta de elementos. En la sentencia el magistrado dejó claro, que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”, por lo que el caso no estaba cerrado y nadie había sido exonerado porque no pudieron ser juzgados.
El mismo Sexto Tribunal Unitario del Edomex resolvió un recurso de apelación en el que consideró que la Fiscalía General de la República debe regresar a prisión a los elementos de la Sedena para que sean enjuiciados.
De acuerdo con El País, el cambio de criterio en los juzgados ha tenido que ver con la decisión previa de otro tribunal, que obligaba a este a contemplar pruebas que antes obvió. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años, sobre cómo los militares modificaron el lugar de los hechos.
El caso Tlatlaya sacudió al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano; a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en junio pasado, en el marco del quinto aniversario de los hechos.
En un comunicado, el Centro Pro recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.