Ni agosto, como proponía la jueza inicialmente, ni diciembre, como sugería el fiscal. Los abogados del expresidente Donald Trump quieren que el juicio por la supuesta retención ilegal de documentos clasificados se retrase hasta después de las elecciones presidenciales de 2024. Aunque sea de forma implícita, es la admisión de que Trump cree que su agenda judicial, y en particular el caso de Mar-a-Lago, puede complicarle sus planes de regreso triunfal a la Casa Blanca.
En un escrito presentado ante la jueza Aileen Cannon, los abogados de Trump y de su asistente personal Walt Nauta, también imputado, señalan que “comenzar un juicio de esta magnitud solo seis meses después de la imputación no es razonable, es revelador y daría lugar a un error judicial”.
Además de la supuesta complejidad del caso, los abogados de Trump apelan expresamente al argumento electoral: “El presidente Trump es candidato a la presidencia de los Estados Unidos y actualmente es el probable candidato del Partido Republicano. Esta empresa requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, y ese esfuerzo continuará hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2024. El trabajo del señor Nauta requiere que acompañe al presidente Trump durante la mayoría de los viajes de campaña por todo el país. Esta programación hace que la preparación del juicio con ambos imputados sea todo un reto. Dicha preparación requiere una planificación y un tiempo significativos, lo que hace que el calendario actual sea insostenible, lo que aconsejaría un aplazamiento”, dice el escrito.
Los candidatos republicanos a las primarias ya están metidos en campaña en los primeros estados que celebran las primarias y también han empezado a hacer incursiones con su caravana electoral en algunos de los estados llamados a votar el supermartes, el próximo 5 de marzo, que es el día decisivo en las primarias, al votar un gran número de estados. La carrera republicana tiene marcada en la agenda el pistoletazo de salida el 15 de enero de 2024, cuando se celebran los caucus de Iowa, el primer Estado en que los votantes manifestarán sus preferencias.
Ventaja de Trump
Trump cuenta por ahora con una gran ventaja en las encuestas frente a todos sus rivales. La campaña de Ron DeSantis, su principal alternativa, no ha logrado tomar fuerza en ningún momento. A DeSantis le cuesta encontrar el tono con el que enfrentarse a Trump sin indisponer a las bases trumpistas y ha tenido varios patinazos que le mantienen muy alejado en intención de voto del expresidente.
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El resto de rivales, entre ellos Mike Pence, Nikki Haley o Tim Scott, tampoco avanzan. De la docena larga de candidatos, muchos no tienen garantizado ni siquiera acudir al primer debate, que se celebra en Milwaukee el 23 de agosto en Milwaukee (Wisconsin), pues se exige un mínimo de intención de voto y tener al menos 40.000 donantes. Rizando el rizo, uno de los candidatos, Doug Burgum, gobernador de Dakota del Norte, está ofreciendo tarjetas regalo de 20 dólares a 50.000 votantes que le donen un dólar. Así, gastando un millón de dólares alcanzaría esa cota.
Mientras, Trump se resiste a asistir al debate. Su ventaja es tan contundente que quiere evitar cualquier margen de error y todo tipo de imprevistos. La mayor amenaza que se cierne contra él es la agenda judicial. Tener que sentarse en el banquillo quizá no le haga especial daño entre los votantes republicanos de las primarias, pero seguramente dificulta mucho su elección en noviembre de 2024 frente al presidente Joe Biden, más que probable candidato demócrata. El riesgo es que las bases republicanas perciban que sus opciones de éxito son muy bajas y opten por otro candidato.
La jueza Cannon, nombrada en su día por Trump, había fijado como primera fecha tentativa para el comienzo del juicio el próximo 14 de agosto. El fiscal especial Jack Smith consideraba insuficiente el tiempo para resolver las cuestiones previas y preparar el caso, así que sugirió el 11 de diciembre como alternativa. Ahora Trump plantea un aplazamiento indefinido.
“El tribunal debería, por tanto, retirar la orden actual que fija el juicio y posponer cualquier consideración sobre una nueva fecha para el juicio”, indican los abogados en su escrito.
El caso presenta una complejidad especial porque parte de las pruebas siguen siendo información clasificada confidencial. El proceso se desarrollará bajo un estricto conjunto de normas prescritas por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada, cuyo objetivo es proteger las pruebas clasificadas y gestionar la divulgación de las mismas.
Trump hace frente a 37 cargos por violaciones de la ley de espionaje, obstrucción a la justicia, conspiración y falsedad que suman unas penas máximas teóricas de 400 años de cárcel. De todos los cargos, 31 lo son por retención ilegal de documentos sensibles para la defensa nacional. El expresidente se ha declarado inocente.
En paralelo, ha comenzado en el condado de Fulton (donde está Atlanta, la capital de Georgia), la selección del gran jurado que podría tomar la decisión de imputar a Trump este verano por la interferencia electoral en las presidenciales de 2020 en Georgia. En lo que parecía un preanuncio de una posible imputación, Fani Willis, la fiscal del condado de Fulton, envió el mes pasado una carta al juez jefe del Tribunal Superior del condado. En ella, indicaba que planea que gran parte de su personal trabaje a distancia la mayoría de los días durante las tres primeras semanas de agosto y pedía que los jueces no programasen juicios y vistas en persona durante parte de ese tiempo.
En paralelo, el fiscal especial Smith continúa investigando los intentos de Trump de aferrarse al poder y evitar la certificación de la clara victoria que logró Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, en las que sacó al expresidente una diferencia de siete millones de votos populares y se impuso por 306 a 232 delegados o votos electorales. Ese caso también está avanzando con la toma de declaraciones en Washington.
Cualquiera de ellos puede interponerse en la carrera presidencial de Trump. En cambio, si el expresidente logra su propósito de ser elegido en noviembre del año próximo, podría destituir al fiscal general y buscar una retirada de las acusaciones o, hipotéticamente, concederse un autoindulto.
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