Trump, el 10 de agosto en Nueva York, cuando compareció ante la fiscal general de este Estado negándose a declarar para no incriminarse.DAVID DEE DELGADO (REUTERS)
El equipo legal del expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha presentado un recurso contra el registro de su mansión de Mar-a-Lago y pedido al juez que designe a un perito independiente para revisar y supervisar los documentos que le fueron incautados en el operativo del FBI en su propiedad de Florida hace dos semanas. La argucia legal del expresidente coincide con la confirmación de que el Gobierno ha recuperado desde enero más de 300 documentos clasificados en poder del presidente, incluido material de la CIA, la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI, ha informado este lunes el diario The New York Times, citando a varias personas vinculadas a la investigación.
Un primer lote de más de 150 documentos marcados total o parcialmente como clasificados fue recuperado por los Archivos Nacionales de EE UU en enero, según el rotativo. Los ayudantes de Trump entregaron al Departamento de Justicia un segundo lote en junio, mientras que el tercero fue incautado en la redada del FBI ejecutada a principios de este mes, que provocó una oleada de amenazas republicanas a la agencia de policía federal por haber tenido el atrevimiento de allanar la residencia de Trump.
Ambas noticias coinciden en el tiempo, en un día de agosto de calma chicha en la Casa Blanca (el presidente Joe Biden está de vacaciones hasta el jueves) y en el que el republicano vuelve a acaparar titulares. La petición de sus abogados a un tribunal federal de bloquear temporalmente el acceso del FBI al material incautado el 8 de agosto en Mar-a-Lago, una veintena de cajas repletas de documentos, algunos de ellos etiquetados como de alto secreto, incluye la disposición adicional de que se designe a un tercero independiente para despojar la información que encierra dicho material.
La demanda del magnate también exige que le sea devuelta toda la documentación requisada que no forma parte de la orden judicial, ya que, sostienen sus abogados, esta fue “demasiado amplia”. A su vez, también ha pedido que las acciones de la Fiscalía sean consideradas “en exceso agresivas”, lo que se demostraría por ejemplo en el hecho de que los agentes reventaran la caja fuerte donde se guardaban.
La solicitud incluye también un mensaje del propio Trump al fiscal general de Estados Unidos (ministro de Justicia), Merrick Garland, en el que se asegura que si “hay una palabra que describe” el estado de ánimo al respecto, es “enfado”, tal como le han manifestado varios habitantes del condado preguntados por el operativo. “La tensión y la presión se están acumulando. Cualquier cosa que yo pueda hacer para reducir esta tensión, para reducir la presión, háganoslo saber”, termina la misiva, acompañada de otra en la que se critica a Garland por utilizar la ley como “un arma con fines políticos”, ha explicado la cadena NBC.
La búsqueda del FBI es parte de una investigación federal sobre la posible retirada ilegal por parte de Trump de documentos secretos o confidenciales cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021. Durante el allanamiento los agentes del FBI confiscaron once conjuntos de materiales clasificados, algunos de ellos calificado de “alto secreto”, el nivel más alto de clasificación reservado en EE UU para documentación oficial y que por motivos de seguridad sólo pueden ver teóricamente miembros del Gobierno.
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Para justificar el recurso de sus abogados para que Justicia deje de revisar el material, Trump ha incidido en que se obtuvo “ilegalmente” en una búsqueda que calificó de “robo”. “Acabamos de presentar una moción en el Tribunal del Distrito Sur de Florida afirmando enérgicamente mis derechos, incluso en virtud de la Cuarta Enmienda de nuestra Constitución, con respecto a la irrupción innecesaria, injustificada y antiestadounidense por parte de docenas de agentes del FBI, y otros, en mi casa, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida”, concluye Trump.
El registro de Mar-a-Lago no es la única causa en la que se ve envuelto. Varios casos pendientes, por su actuación en el asalto al Capitolio y su intento de revertir el resultado de las elecciones en Georgia, avanzan en paralelo a dos procesos, uno civil y otro penal, que se instruyen en Nueva York por irregularidades en sus negocios y un posible fraude fiscal. En una de las causas se ha declarado culpable de defraudar a Hacienda su antiguo director financiero, mientras que su exabogado personal, Rudy Giuliani, es investigado en Georgia por su papel en el intento de pucherazo electoral. Dos días después del registro de Mar-a-Lago, el propio Trump se negó a declarar para no incriminarse en su comparecencia como testigo del caso civil ante la fiscal general de Nueva York.
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