El regreso a Argelia de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que ingresó en abril en un hospital de Logroño para recuperarse de una grave afección por coronavirus, no ha puesto fin al embrollo judicial provocado por su estancia en España. El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, reclamó la pasada semana a los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores que le remitan, antes de siete días, la documentación que permitan identificar a las personas de ambos departamentos que dieron las instrucciones para el dirigente saharaui pudiera entrar en España por la base aérea de la capital aragonesa sin pasar el correspondiente control de pasaporte, según consta en una providencia del magistrado a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
La petición se produce después de que el máximo responsable de esta instalación militar, el general José Luis Ortiz-Cañavate, respondiese a un cuestionario remitido por el juez con un escrito en el que aseguraba que recibieron una orden telefónica del Estado Mayor del Ejército del Aire para que los ocupantes del avión argelino que aterrizó el 18 de abril en la base no pasasen el control de pasaportes. El alto mando militar apuntaba en su respuesta que ello vulneró el procedimiento operativo de la instalación militar, que dispone que los ocupantes de las aeronaves extranjeras procedentes de países de fuera del espacio Schengen (que engloba a 23 países de la Unión Europea, además de Suiza, Noruega e Islandia, pero no a Argelia) deben someterse al control de su documentación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. El militar añadía que la aeronave estaba amparada por una “autorización diplomática” concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que no llegó a conocer la identidad de las dos personas que descendieron de la misma, entre ellos Gali.
Ahora, el juez Lasala reclama al teniente general Javier Salto, jefe del Estado Mayor del Aire, que le informe si se abrió algún “expediente administrativo a raíz de las instrucciones recibidas por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores” para la llegada del avión procedente de Argelia que transportaba al líder saharaui. En caso de que no fuera así, pide que le remita otros documentos relacionados con aquel episodio, así como la “identidad, indicando nombre y apellidos, de las personas que desde esa jefatura hubiesen intervenido en las comunicaciones entre Asuntos Exteriores y [el] Estado Mayor, y entre este y el general de la Base Aérea [de Zaragoza]”.
Al departamento que dirige Arancha González Laya, el magistrado le pide “copia testimoniada” de la documentación generada a raíz de la llegada de Gali a la base aérea de Zaragoza y, en su defecto, la identificación de “la persona que contactó con la Sección de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército del Aire dándole instrucciones sobre qué tratamiento habría que dar a los viajeros de dicho vuelo”. El juez también reclama que se identifica a estos pasajeros y que detalle las “circunstancias” de su entrada en España, “debiendo precisar si las comunicaciones fueron escritas o telefónicas”.
El juez Lasala investiga las circunstancias que rodearon la entrada de Gali en España a raíz de una denuncia por los presuntos delitos de falsedad documental y prevaricación presentada por el abogado malagueño Antonio Urdiales después de que transcendiera que el líder saharaui utilizó presuntamente un pasaporte diplomático argelino con nombre falso para registrarse en el hospital donde fue tratado. Al inicio de sus pesquisas, el magistrado preguntó al jefe del destacamento de la Guardia Civil del aeropuerto de Zaragoza por las condiciones en que se había producido la llegada del máximo responsable del Polisario, pero el mando policial se remitió al Ejército del Aire, alegando que el avión había aterrizado en la base aérea y que las autoridades militares solo comunicaron que “el ocupante era personal diplomático (por lo tanto exento de pasar aduana), sin especificar identidad”.
A continuación, el juez se dirigió al general Ortiz-Cañavate, jefe de la base aérea de Zaragoza, a través de un cuestionario y cuyas respuestas han provocado la petición de información a Defensa y Asuntos Exteriores. También se dirigió al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye dos causas por sendas denuncias presentadas contra Gali por los delitos de torturas, detención ilegal, genocidio y lesa humanidad, para que le informe sobre ellas. El titular del juzgado de Zaragoza quería saber si en algún momento se dictó orden de búsqueda y detención contra el dirigente saharaui y qué hicieron los policías que visitaron a este en el hospital de Logroño, donde estuvo ingresado. También ha reclamado información sobre la ambulancia que acudió a recoger a Gali a la base área para trasladarlo al hospital donde fue tratado.
El líder del Frente Polisario abandonó España el 2 de junio después de que, el día anterior, el juez Pedraz le tomase declaración y rechazase adoptar medidas cautelares contra él. Los denunciantes habían pedido su entrada en prisión provisional y la retirada del pasaporte. La presencia de Gali en España desencadenó una grave crisis diplomática con Marruecos, que el 17 de mayo abrió la frontera con Ceuta provocando la entrada de más de 10.000 inmigrantes irregulares, muchos ellos menores de edad.
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