Cualquiera que camine por las calles Tutóia y Tomás Carvalhal, en la zona sur de São Paulo, a menos que sea un profundo conocedor de la historia, nunca sabrá que en esa manzana funcionó el mayor centro de tortura institucionalizado que existió en Brasil durante la dictadura militar (1964-1985). Según el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, 70 personas fueron asesinadas o desaparecidas entre 1969 y 1976 en el Destacamento de Operaciones de Información – Centro de Operaciones de Defensa Interior, más conocido como DOI-CODI del II Ejército en São Paulo, a instancias del régimen militar. Centenares más fueron orturados con la mayor crueldad por un grupo de trabajo que incluía a militares y policías dedicados a la lucha contra el comunismo. Las mujeres fueron violadas, los niños fueron llevados a ver a sus padres desfigurados después de sesiones de tortura.
Es una memoria casi perdida. Hoy alberga el Departamento 36º de Policía de São Paulo y un laboratorio de huellas dactilares de la policía, que esconde un grupo de edificios bajos de color ceniza, ahora vacíos. Allí fueron enviados los presos políticos durante la dictadura. Apodado “carnicería” entre los agentes que trabajaban allí, el DOI-CODI dejó de existir en 1990. Ni siquiera hay una placa o un letrero en algún muro que informe de que ese conjunto de edificios –donde aún hoy funciona el Departamento 36º– fue declarado patrimonio histórico desde 2014.
En un momento en el que Brasil vive bajo un gobierno que se dedica a borrar los escombros que el régimen militar dejó en el país, en São Paulo está ganando terreno una batalla para convertir la antigua dirección del cuartel de torturas en un espacio de dignidad para las víctimas que allí murieron, para conocimiento de las próximas generaciones. Una acción civil pública presentada por la Fiscalía de São Paulo en junio pide que el área ocupada por cuatro edificios que formaban parte del DOI-CODI (a excepción de la comisaría) sea transferida de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Estado de Cultura.
El plan es crear un centro de memoria en el antiguo cuartel general de la represión. La petición de un monumento conmemorativo tiene ya 11 años. En 2010, Iván Seixas, que fue torturado junto a su padre cuando tenía 16 años, pidió que el antiguo DOI-CODI fuera declarado monumento y que se creara un memorial cuando ocupaba la presidencia de Condepe (Consejo Estatal de Defensa de los Derechos de la Persona Humana). En noviembre de 2013, antiguos detenidos reiteraron su petición de que el antiguo centro de tortura sea catalogado y transformado en un memorial.
Precisamente en la DOI-CODI del II Ejército fue donde despachaba y vivió con su familia uno de los héroes a la inversa del presidente Jair Bolsonaro: el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estaba al mando de la “división” entre 1970 y 1974, y que murió de cáncer en 2015, en un hospital de Brasilia, sin haber sido condenado en ninguna de las siete causas que la Fiscalía Federal intentó abrir contra él.
La casa de los horrores torturó hasta la muerte a jóvenes opositores al régimen militar. Otros experimentaron la perversidad de ser torturados delante de sus hijos, como Amelia y César Teles. La detención y maltrato de esta pareja, de poco más de 20 años, se remonta a diciembre de 1972. Amelinha, como se la conoce, fue incluso colocada desnuda en una silla para recibir descargas eléctricas. Cuando las descargas cesaron, recibió la visita de sus dos hijos, que entonces tenían 5 y 4 años. Todo bajo la supervisión del comandante Ustra.
Bajo la alfombra
Brasil tira bajo la alfombra las pruebas de los crímenes de la época. La única condena penal en primer grado contra un agente de la represión de la dictadura se anunció en junio de este año: el exinspector Carlos Alberto Augusto, conocido como Carlinhos Metralla, fue condenado a dos años y 11 meses de prisión por el secuestro de Edgar de Aquino Duarte en 1971, proceso en el que Ustra fue acusado hasta su muerte, cuando fue excluido de la acción. El actual presidente Bolsonaro eligió precisamente la memoria de Ustra para rendirle homenaje cuando votó a favor del proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores) en abril de 2016, en un vídeo que utilizó ostensiblemente en su campaña electoral de 2018.
Los visitantes de la zona del antiguo DOI-CODI, que pasean con sus perros o pasan en coche a recoger a sus hijos en uno de los dos jardines de infancia situados a menos de 100 metros del antiguo cuartel general de la muerte, desconocen este oscuro pasado. El día que EL PAÍS estuvo en los alrededores, dos tercios de los entrevistados (incluidos vecinos) no conocían el pasado de la manzana.
La pensionista Josefa Martins da Silva, de 89 años, que vive en un edificio en la esquina de las calles Tumiaru y Tutoia, forma parte del grupo que no lo ha olvidado. “Se podían oír los gritos”, dice. Según ella, “nadie podía quedarse mirando el movimiento” en el lugar desde las ventanas de sus pisos, ya que estaban advertidos por la policía y los militares que vigilaban el lugar. El taxista Sergio Naltchadjian, de 64 años, no frecuentaba el barrio de Paraíso en la época de la dictadura, pero desde hace años tiene una parada de taxis en la calle Tutoia y dice que los residentes más antiguos le han dicho que era posible escuchar los gritos. “Y si alguien acercaba la cara a la ventana, ya le preguntaban qué estaba mirando”, recuerda.
Los que han sobrevivido a la tortura tampoco olvidan. Antiguo miembro del Movimiento Revolucionario de Tiradentes (MRT), el expreso político Ivan Seixas, de 66 años, detenido a los 16 años en el DOI-CODI con su padre, el obrero Joaquim Alencar de Seixas (asesinado en abril de 1971), sabe señalar exactamente dónde fue torturado durante los 50 días que estuvo preso. “Fue en ese edificio en la parte trasera del Departamento 36º de Policía, en la última planta. Había dos salitas pequeñas y todo el mundo veía lo que ocurría allí. Era terrorismo de Estado”, afirma. El MRT era partidario de la lucha armada, y se dice que su padre formó parte del grupo que mató a Albert Hening Boilisen, un empresario danés residente en Brasil, acusado de financiar el régimen militar. El documental Ciudadano Boilisen, que cuenta su historia, relata que el empresario acompañaba personalmente las sesiones de tortura de los presos políticos.
También fue en el DOI-CODI donde, en un intervalo de tres meses, fueron asesinados bajo tortura el periodista Vladimir Herzog, en 1975, y el obrero Manoel Fiel Filho, en 1976. En ambos casos, el Ejército anunció falsamente que eran suicidios. Herzog era el director de TV Cultura, y fue citado para presentarse ante las autoridades tras un reportaje que hablaba del régimen militar. Era una época en la que los periodistas estaban en el punto de mira de la dictadura, como contó su hijo, Ivo Herzog, a este periódico en mayo de 2018. Fiel Filho era obrero metalúrgico y fue detenido por tener panfletos contra la dictadura en su casa.
La expresidenta Dilma Rousseff fue torturada por policías de Minas Gerais y de la Oban (Operación Bandeirante, que precedió al DOI-CODI) durante 22 días consecutivos a principios de 1970. Uno de sus torturadores fue el capitán Benoni de Arruda Albernaz, que trabajaba en el DOI, y le arrancó un diente de un puñetazo.
El 10 de mayo de 2013, el entonces concejal de la ciudad de São Paulo Gilberto Natalini declaró a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) que fue torturado personalmente en 1972 por Ustra. Natalini fue detenido por tener ejemplares de publicaciones de Molipo (Movimiento Popular de Liberación) cuando militaba en el movimiento estudiantil y estudiaba medicina en São Paulo. “Me interrogaron durante tres días, día y noche, noche y día, incluso por el coronel Ustra, que entró en la sala varias veces”, relató Natalini, que reveló haber sido torturado durante 60 días, incluso por el comandante del DOI. “Tuve la experiencia de tener al coronel Ustra siempre presente en las cámaras de tortura, presenciando, participando, orientando (…) Me pegó personalmente, el coronel Ustra me golpeó (…). Me quitó la ropa, me puso de pie en un charco de agua, me conectó unos cables en el cuerpo y llamó a los soldados para que hicieran una sesión de declamación de los poemas que yo había escrito contra el régimen, y se puso de pie, él mismo, con una liana, y me golpeó durante horas”, dijo Natalini a la CNV.
Preservar el pasado para que no se repita
El 9 de septiembre, en una audiencia histórica y simbólica, la justicia de São Paulo reunió a miembros de la Fiscalía y a representantes del Gobierno de São Paulo para decidir si estas memorias seguirán siendo de unos pocos o de todos. No hubo acuerdo sobre la cesión de edificios a la Secretaría de Cultura, pero la conversación sigue abierta. La idea de preservar la memoria para que los horrores no se repitan es una demanda urgente. Las torturas de esa época contaminan hasta hoy las prácticas policiales en el país.
La historiadora Deborah Neves, que actuó en el proceso de declaración de patrimonio del DOI, forma parte del grupo de trabajo creado por la Fiscalía en 2016. Neves defiende que se realicen investigaciones arqueológicas y estratigráficas (despegando la pintura de una pared, por ejemplo, para saber cuántas capas hay). Existe el proyecto de buscar incluso restos humanos allí. No hay noticias de que los cuerpos de los desaparecidos políticos hayan sido enterrados en el DOI-CODI, pero la idea es buscar rastros de sangre y dientes en el lugar, antes de transformar el área en un memorial.
El acuerdo para realizar la investigación ya está en manos del secretario de Cultura, pero la falta de cesión de la zona retrasa el proyecto. El 22 de mayo de este año, se inició una colaboración entre la Secretaría de Cultura y el Memorial de la Resistencia para preservar la memoria oral del periodo. La primera declaración que se tomó fue la de Iván Seixas. La idea es escuchar al menos a 100 personas detenidas y torturadas allí. Muchos torturados ya se han muerto y con ellos se van memorias, conveniente para un Gobierno que esconde la realidad.
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