La denuncia de los gobiernos de Bolivia y Argentina contra el expresidente Mauricio Macri y algunos de sus colaboradores por supuestamente haber mandado a Bolivia suministros para la represión de las protestas de 2019 contra la presidenta boliviana interina Jeanine Áñez ha acrecentado la tensión política interna en ambos países. El Ejecutivo argentino ha llevado al exmandatario ante los tribunales por presunto contrabando de material antidisturbios. Macri, ahora desde la oposición, niega las acusaciones y considera que forman parte de una persecución política orquestada por el presidente Alberto Fernández para desviar la atención de la situación sanitaria y económica.
“Es la primera vez, y esto nos avergüenza como argentinos, que un presidente democrático de nuestro país habría colaborado con un golpe de estado de un país hermano”, dijo el ministro de Justicia argentino, Martín Soria, en un encuentro con prensa internacional en Buenos Aires junto a la titular de la cartera de Seguridad, Sabina Frederic.
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La dura acusación de Soria tendrá que ser demostrada o desmentida por la justicia. El lunes, el Gobierno interpuso una denuncia penal por “contrabando agravado” contra Macri, el excanciller Jorge Faurie, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y el extitular de la Aduana, entre otros, después de que el Gobierno boliviano revelase la existencia de una carta del entonces jefe de la Fuerza Aérea en la que agradece la entrega de 40.000 cartuchos antidisturbios, entre otro material.
De acuerdo a la reconstrucción realizada por el ministro de Justicia argentino, unas 70.000 “municiones antitumulto” salieron de Argentina en un avión militar destino a La Paz horas después de que asumiese Áñez. Viajaron en cajas cerradas junto a una decena de miembros de un escuadrón Alacrán, fuerzas de élite de Gendarmería, la policía militar argentina. Los organismos de control argentinos autorizaron la salida de ese material bélico para ser usado en la protección de la embajada argentina en la capital boliviana. Sin embargo, el escuadrón Alacrán “no disparó un solo tiro” en La Paz, aseguró Frederic. Según la ministra, tampoco gastaron las municiones en entrenamiento, tal y como un alto cargo de Gendarmería informó por carta ocho meses después. Los ministros sospechan que las balas de goma fueron a parar a manos de las fuerzas bolivianas para reprimir las manifestaciones contra la presidenta interina.
La denuncia ha ahondado grietas políticas preexistentes. Tanto en Bolivia como en Argentina, la primera reacción de la oposición fue poner en duda la veracidad de la carta de agradecimiento del excomandante de la Fuerza Aérea difundida por el canciller boliviano, Rogelio Mayta.
“Las acciones del canciller y el embajador argentino [Ariel] Basteiro, en el tema de la carta, están generando una enorme duda sobre la responsabilidad y seriedad del gobierno de [Luis] Arce”, tuiteó el opositor Carlos Mesa, que fue el contendiente de Arce en la elección presidencial de 2020. Los editoriales de varios medios también consideraron todo el asunto ficticio, un intento del oficialismo de respaldar su interpretación de los hechos de 2019 como un golpe de Estado, que es negada por la oposición. Se aferraron a la versión que dio el expresidente Macri en una entrevista en Madrid: “Quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones y, al mismo tiempo, repudiar la carta que el presidente Alberto Fernández envió a las autoridades bolivianas expresando ‘dolor y vergüenza’ sobre esos hechos falsos en los que quieren involucrarme”.
Poco después, Macri sostuvo que la denuncia era una cortina de humo del Gobierno, preocupado por la cercanía de las elecciones legislativas, en las que se renueva la mitad del Congreso y un tercio del Senado. Este miércoles Argentina superó las 100.000 muertes por la covid-19, lo que supone un duro revés para el Ejecutivo argentino. “Esta persecución de la que soy objeto es justamente un nuevo intento de desviar la atención del fracaso en el manejo de la pandemia, del fracaso económico y del fracaso de la gestión de las vacunas”, escribió Macri en una carta pública en Facebook, antes de desear que el peronismo “sea derrotado ampliamente” en los comicios de noviembre.
División en Bolivia
Mesa denunció como fraudulenta la elección de octubre de 2019, que oficialmente reeligió al entonces presidente Evo Morales, lo que inició una ola de protestas masivas que paralizaron al país. Tras la salida de Morales del poder y del país, Mesa no participó en el gobierno que Áñez conformó de una manera controvertida para sustituirlo. Sin embargo, considera que este fue “perfectamente constitucional” y que cumplió las normas de sucesión que establece la ley boliviana. Esta es también la postura del resto de la oposición y de los más importantes periódicos, televisoras, universidades, instituciones cívicas y culturales bolivianas. Según el sociólogo Fernando Mayorga, existe en Bolivia una “pugna entre un campo nacionalpopular y un campo oligárquico-conservador… (esto) matiza y enriquece la mirada dualista que reducía la disputa política a la confrontación entre campo oficialista (masista) y campo opositor (antimasista)”.
La carta de agradecimiento no solo apareció en el archivo de la embajada argentina en el país, sino también en el de la Fuerza Aérea. Por esta razón, una institución periodística verificadora que la había calificado como falsa se retractó. Pese a ello, su supuesto autor, el ex comandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros, sigue negando haberla redactado y señala que su firma fue falsificada.
Las autoridades bolivianas investigan esta semana si entre el armamento localizado en un depósito policial a las afueras de La Paz hay material antidisturbios argentino. El objetivo es esclarecer cuál fue el destino del equipamiento que viajó con el comando Alacrán y si se desvió hacia las fuerzas de seguridad bolivianas. Al inicio del Gobierno interino de Áñez, la policía carecía de suministros represivos porque sus reservas se habían agotado por intentar controlar las protestas anti Morales durante las tres semanas previas. El Gabinete de Áñez apeló al Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador para solicitarle un préstamo de gases lacrimógenos. En cambio, hasta ahora se desconoce la existencia de una solicitud similar a Argentina.
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