Zhou Xiaoxuan era en 2014 una becaria de 21 años ilusionada con hacer carrera en la televisión estatal china, CCTV. Su jefe era el muy conocido presentador Zhu Jun, famoso por haber sido durante años la cara de la gala del año nuevo lunar en la cadena, el programa más visto del mundo con más de 700 millones de espectadores. Cuatro años más tarde, en 2018, ella acabaría acusándole de acoso sexual durante aquella época, en un sonado caso que abriría el incipiente debate sobre el #MeToo en China. Esta semana, un tribunal de Pekín ha denegado la demanda por insuficiencia de pruebas, en un importante revés al movimiento después de tres años de batallas legales.
En su decisión, emitida a última hora del martes, el Tribunal Popular del distrito de Haidian, en el noroeste de Pekín, determinó que las pruebas aportadas por Zhou ―también conocida por su apodo, Xianzi― y su equipo legal no demostraban las acusaciones. La joven denunciaba que el presentador la había manoseado y besado a la fuerza cuando le llevó una cesta de fruta a su vestuario durante su etapa como becaria. Reclamaba una disculpa pública y una compensación de 50.000 yuanes, unos 6.500 euros.
“Las pruebas aportadas por la demandante Zhou son insuficientes para probar sus alegaciones de que el defendido Zhu la acosó sexualmente”, determinó la corte. Tras esta conclusión, el caso no llegará a ser juzgado: en el sistema de derecho civil chino, en general los tribunales solo aceptan una demanda si determinan que los hechos que alega la persona denunciante cuentan con “con un alto grado de probabilidad” de ser veraces.
Era la segunda vez que el tribunal se reunía para decidir si aceptaba el caso, después de que la primera sesión, en diciembre, congregara a una multitud de mujeres simpatizantes de la joven, hoy de 28 años, frente a su sede. La segunda y última, que debía haberse celebrado en mayo, se pospuso abruptamente en el último momento hasta esta semana.
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Tras conocerse la sentencia, Zhou ha asegurado que apelará. Ha denunciado que el tribunal no aceptó “pruebas determinantes” de sus acusaciones, entre ellas la declaración como testigo de una psicóloga experta en abusos sexuales, el testimonio de sus padres o una grabación de vídeo en el lugar donde se cometió el supuesto acoso.
“He agotado todos mis esfuerzos”, declaró a la salida del tribunal, cercana ya la medianoche. “Siento no haber podido ofrecer un resultado mejor a todo el mundo”.
Originalmente, la antigua becaria había demandado a su jefe en 2018 -cuando el movimiento #MeToo comenzaba a destapar casos de acoso sexual en numerosos países occidentales, especialmente en el sector del entretenimiento- por quebrantar “derechos de la personalidad”, un concepto que en la legislación china se relaciona con los derechos a la integridad física y a la salud. Los abogados de Zhou recurrieron a esta figura dada la ausencia entonces de una norma específica contra el acoso sexual. Pero ese mismo año, el Supremo reconoció que ese tipo de abuso podía ser causa de demanda, y en 2020 el nuevo Código Civil chino lo incluyó para dar protección a las personas supervivientes. Los defensores de la joven solicitaron que el caso se viera bajo esa nueva legislación, algo que denegó el tribunal.
Feminismo bajo presión
La decisión de la corte de Haidian representa un duro golpe para el movimiento feminista chino, que se ve cada vez más bajo presión. Pese que las jóvenes están cada vez más concienciadas sobre la igualdad, en los últimos seis años algunas de las activistas más destacadas se han visto contra las cuerdas; varias ya no viven en China. Ha crecido la censura contra publicaciones de ideología abiertamente feminista; las cuentas en redes sociales de jóvenes defensoras de la igualdad de derechos se han visto limitadas o bloqueadas temporalmente. La de la propia Zhou en Weibo, el Twitter chino, se encuentra suspendida desde julio y para un año por violar las normas de funcionamiento de la popular red social.
El movimiento #MeToo chino había vuelto a la primera plana en agosto, después de que un alto directivo del gigante de la venta electrónica Alibaba fuera detenido como sospechoso de acoso contra una empleada. También ese mes, el cantante chino-canadiense Kris Wu fue detenido como sospechoso de violación a raíz de una serie de denuncias en internet.
Pero el directivo ha quedado finalmente en libertad por falta de pruebas. Y la narrativa oficial china en torno a Wu habla de un caso aislado, en el que han pesado nocivas influencias extranjeras. Los casos de acoso sexual siguen rodeados de un fuerte estigma para las supervivientes. No es infrecuente que los acusados demanden, a su vez, a las denunciantes por difamación y, si quedan despedidos del trabajo debido a las alegaciones, tampoco es inusual que los tribunales consideren el cese improcedente. Un estudio encabezado por Darius Longarino, de la Facultad de Derecho de Yale, y publicado en el digital The Diplomat, encontró 83 casos relacionados con el abuso sexual en las bases de datos de los tribunales chinos entre 2018 y 2020. De ellos, solo seis eran denuncias de una persona contra su acosador. Los otros 77 fueron querellas del supuesto perpetrador contra quien le denunciaba, o contra la empresa que le había despedido.
“Los supervivientes deben probar sus denuncias con un alto grado de probabilidad (entre el 75% y el 85%) para ganar. Esto es muy difícil, especialmente porque los tribunales otorgan poca credibilidad al testimonio del denunciante. Si los supervivientes carecen de pruebas ‘contundentes’, como una grabación de vídeo, lo tienen muy difícil. Por otro lado, cuando los supuestos acosadores se querellan por difamación, el deber de prueba cambia de lado, y es la persona superviviente quien debe probar sus acusaciones de acoso con un alto grado de probabilidad. En resumen, las ‘reglas del juego’ desalientan que que las supervivientes denuncien, y favorecen que los supuestos acosadores recurran a los tribunales”, explica Longarino en un mensaje electrónico.
Una de estas querellas corresponde al propio Zhu Jun. En 2018 demandó por difamación a Zhou para reclamarle una compensación de 655.000 yuanes (85.400 euros), sin que por el momento se conozca en qué situación está esa demanda.
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