Andrea y Alfredo, nombres ficticios, llevan meses sin pisar sus centros educativos. Los dos hermanos sufren una enfermedad autoinmune por la que un contagio de covid puede resultar fatal. Él, de 21 años, se conecta a diario para asistir virtualmente a sus clases en el centro concertado Gregorio Fernández de Valladolid. Ella, de 17, no cuenta con esa modalidad en el Centro Didáctico, también concertado, donde cursa un FP de auxiliar de enfermería. La entidad desoye la recomendación médica que insta a que la joven no se exponga presencialmente.
La normativa diseñada por el Ministerio de Sanidad para los centros educativos —que actualizó en febrero— recomienda que el alumnado, aun con patologías crónicas, acuda físicamente a las lecciones “salvo indicación médica de no asistir”. Un informe de la Abogacía del Estado de septiembre emplazó a primar la asistencia escolar, pero matizó que habría que revisar cada caso. Los padres explican que Andrea tiene “déficits cognitivos leves” y esta traba dificultará que apruebe.
Los padres de Andrea y Alfredo, Pilar y Antonio —que prefieren que no dar sus apellidos—, lamentan que su hija solo haya podido realizar la formación a distancia mientras esperaba los resultados de dos pruebas PCR, a principios de curso. Entonces sí se habilitó el protocolo y funcionaron las cámaras web y los micrófonos. La clase de Andrea, cuenta la familia, que ha registrado varios casos de alumnos positivos, dispone de recursos tecnológicos que no se están utilizando.
Los padres almacenan en papel la cadena de correos con el director del centro, la legislación y los escritos sanitarios. El responsable de la institución argumenta que “la certificación médica presentada, desde el punto de vista del centro, tiene un carácter preventivo”, e insiste en que el curso es presencial y que la decisión paternal de proteger a la joven descansa en su “libre albedrío y sus circunstancias” pero implica “la asunción” de las consecuencias.
El resultado es que Andrea tiene que presentarse directamente a los exámenes de recuperación de junio porque, al no asistir a clase, pierde la opción de las evaluaciones trimestrales.
Además, según cuenta la joven con voz apagada, solo una profesora responde a sus correos electrónicos y depende de sus compañeros para obtener los apuntes o documentación que no están en el aula virtual. Para que no se quede atrás, su familia ha contratado clases particulares telemáticas. Mientras, en la habitación de al lado, Alfredo atiende sin problemas a las clases no presenciales.
Un portavoz de la Consejería de Educación dice que el informe médico de Andrea “no es concluyente para determinar si la patología es motivo suficiente para no acudir al aula en pandemia” y recuerda que los expertos se basan en “informes rigurosos y técnicos”. La Dirección Provincial de Educación de Castilla y León respondió a principios de marzo a los padres, sin recoger las instrucciones del Ministerio de Sanidad, que las ausencias han sido “permanentes” y no “puntuales” y señaló, conforme a una orden de 2019, que los documentos aportados son más “referencias de carácter educativo que de tipo médico”.
El certificado presentado por los padres de Andrea plasma que “deberá permanecer en su domicilio, sin ir a clase salvo tareas inexcusables como los exámenes”. La resolución de la Dirección Provincial establece, sin embargo, que la joven podrá acudir al centro con “un desarrollo extremo de las medidas de seguridad” y seguir la evaluación ordinaria.
Los padres han presentado un recurso administrativo y el director del Centro Didáctico rehúsa hablar con EL PAÍS “hasta su resolución”. La siguiente etapa consistiría en acudir a la justicia, pero no hay tiempo. “Si por mí fuese, yo iría”, confiesa Andrea.
Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.