El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva ya un año en funciones. El mandato actual expiró el 4 de diciembre de 2018, pero el bloqueo político ha impedido renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuya composición se ha quedado anclada en 2013. En estos 12 meses, el CGPJ ha efectuado 41 nombramientos discrecionales, una decisión cuestionada por tres de las cuatro asociaciones de jueces e incluso por algunos vocales del Consejo. Esos nombramientos hechos en situación de interinidad definirán buena parte de la cúpula del Poder Judicial para los próximos cinco años. Y, una vez más, las mujeres seguirán estando infrarrepresentadas: de los 41 cargos asignados, 31 son hombres y solo 10 mujeres.
Las mujeres representan más de la mitad de la carrera judicial —el 53,9%—, según los últimos datos recopilados por el Consejo, pero no llegan al 20% en el Tribunal Supremo (formado por 65 hombres y 14 mujeres), donde ninguna mujer ha ocupado nunca una presidencia de sala. En los tribunales autonómicos, donde las mujeres representan casi el 40% del total de magistrados, la situación no es mejor: solo dos de los 17 (Comunidad Valenciana y Extremadura) están presididos por magistradas, el segundo de ellos desde la semana pasada.
Los cargos asignados por el CGPJ en funciones no han servido para revertir el déficit de mujeres en los altos cargos de la judicatura. No solo porque tres de cada cuatro puestos han recaído en hombres, sino porque de las 10 candidatas que han sido elegidas, nueve lo son para los puestos más bajos asignados discrecionalmente: presidencias de sala de Tribunales Superiores de Justicia (nombrados tres hombres y cinco mujeres) y presidencias de Audiencias Provinciales (11 hombres y cuatro mujeres).
Había 10 plazas en el Supremo (dos presidencias de sala y ocho vacantes de magistrados), pero ninguna ha sido ocupada por una mujer, a pesar de que en seis de los puestos en liza había candidatas. Tampoco han entrado mujeres en la Audiencia Nacional (no concurrió ninguna) y solo para una de las seis presidencias de tribunal autonómico adjudicadas ha sido elegida una aspirante femenina.
La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer considera que detrás de esta situación hay una combinación de factores, entre ellos la determinación de los méritos que se tienen en cuenta en estos procesos de selección. Ferrer es partidaria de que solo cuenten los “méritos jurisdiccionales”, los desempeñados en el cargo como juez. “Ahora se priman mucho las publicaciones y los cursos y, normalmente, la mujer tiene menos porque las cargas familiares siguen sin estar repartidas de forma equitativa”.
Ferrer fue, en 2014, la primera mujer en incorporarse a la Sala de lo Penal del Supremo y, tras ella, hubo que esperar tres años y 13 nombramientos para que entrara otra magistrada en el alto tribunal: María Ángeles Parra, que ocupó plaza en la Sala de lo Civil en 2017. Desde entonces han entrado otras cuatro. La presidenta de la Comisión de Igualdad del CGPJ, Clara Martínez de Careaga, explica que este órgano insiste en cada proceso de selección en la necesidad de aumentar la ratio de mujeres. “Pero nos está costando”, admite.
La Comisión de Igualdad presenta un informe de impacto de género antes de cada nombramiento en el que, con los datos en la mano, suele recomendar que se designe a una candidata femenina si la hay. La ley de Igualdad no impone una cuota mínima por género, pero sí insta a los poderes públicos a “atender el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les corresponda”. Tratados y directivas europeas y varias resoluciones de Naciones Unidas comprometen también a las instituciones a favorecer la incorporación de la mujer en los ámbitos en los que esté infrarrepresentada.
Menos candidatas
El análisis, convocatoria a convocatoria, de los nombramientos del CGPJ en funciones revela que a las candidatas femeninas les cuesta más entrar en las ternas definitivas de aspirantes sobre los que vota el pleno del Consejo, pero también que las mujeres siguen concurriendo en mucha menor medida que los hombres a la convocatoria de plazas en la cúpula judicial. Para los 41 puestos en juego se han presentado al menos 157 candidatos: 122 hombres y 35 mujeres. Hubo candidatas femeninas en 21 convocatorias; en 14 ocasiones una de las aspirantes entró en la terna definitiva sobre la que vota el pleno del Consejo. De las 14, fueron elegidas 10.
Concepción Sáez, vocal del CGPJ que se ha opuesto a que el órgano efectúe nombramientos mientras esté en funciones, cree que este déficit de candidaturas femeninas se debe a varias razones, pero casi todas tienen su raíz en ese desequilibrio en el reparto de cargas familiares al que aludía Ferrer. “Muchas mujeres no se atreven a dar el paso porque creen que tienen vacíos en su currículum debido a los años que han estado más dedicadas a su familia”, afirma Sáez, que aboga por un cambio en los criterios de designación para que se valore ese paréntesis en la hoja laboral.
Este criterio ya se computa en el concurso para letrado del CGPJ, pero, según la presidenta de la Comisión de Igualdad, es complicado trasladarlo a los puestos discrecionales, lo que ahonda en la situación actual porque el 98% de los permisos para el cuidado de hijos o mayores dependientes, recuerda Martínez de Careaga, los piden mujeres.
Ni la presidenta de la Comisión de Igualdad, ni la magistrada Ferrer ni la vocal Sáez son partidarias de establecer cuotas, pero sí de favorecer la entrada de mujeres como marca la ley, algo que ahora consideran que no se está haciendo. “Hay que ir avanzando para conseguir una presencia mínima del 40%. Y, a partir de ahí, poder movernos en otros parámetros que nada tengan que ver con el género”, señala Sáez. “Lo más grave son los casos, que los hay, en los que se presentan una mujer y un hombre y se elige al hombre sin que tenga claramente un currículum mejor”, lamenta Ferrer, que, con todo, es optimista: “Estoy segura de que de aquí a unos años seremos más mujeres que hombres en el Supremo”.
La renovación, a la espera
de que haya Gobierno
La decisión del Consejo General del Poder Judicial de seguir haciendo nombramientos mientras está en funciones ha suscitado las críticas de tres de las cuatro asociaciones judiciales. Incluso algunos vocales del CGPJ han cuestionado su legitimidad para elegir cargos discrecionales.
El recurso presentado por Juezas y Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria está pendiente de sentencia, pero el Tribunal Supremo ha rechazado paralizar los nombramientos cautelarmente. En el escrito en el que notificó esta decisión, el Supremo deslizó su respaldo a la forma en la que el Consejo está gestionando su interinidad. “El normal desarrollo de la administración de justicia requiere la pronta cobertura de las plazas vacantes tanto judiciales como gubernativas”, afirmó el tribunal. A la espera de una resolución, el Consejo ha seguido aprobando convocatorias y, según las fuentes consultadas, tiene pendiente alguna más.
La renovación del Consejo es una de las primeras tareas que tienen que abordar los partidos en la recién estrenada legislatura, pero las fuentes consultadas admiten que difícilmente podrá hacerse mientras no haya Gobierno. Y cuando lo haya, la renovación será tarea imposible sin un pacto entre PP y PSOE, que suman 209 escaños, uno menos de los que hacen falta para nombrar a los vocales que corresponden al Congreso.