Cuando parece que el derecho al aborto no se puede restringir más en Polonia, el segundo país más duro de la UE tras Malta, la noticia de la muerte de una mujer porque no le realizaron un aborto a tiempo, un registro de embarazos y un proyecto de ley que suponía la prohibición total han agitado los ánimos este otoño de una parte de la sociedad entre la que empieza a cundir el desánimo y el miedo. “Hay tristeza, terror y desesperanza”, cuenta Kamila Ferenc, abogada de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar (Federa), que trabaja en asegurar la interrupción del embarazo en los casos en los que todavía es legal, pero se encuentran con la resistencia de médicos y hospitales.
El otoño empezó con un fuerte golpe. Izabela, una mujer de 30 años, se convirtió para los movimientos feministas en la primera víctima conocida de las últimas restricciones al aborto. La noticia llegó cuando se cumplía un año de la sentencia del Tribunal Constitucional en octubre de 2020 que eliminó la posibilidad de terminar un embarazo en caso de malformación del feto, que en la práctica suponían el 97% de los abortos que se realizaban. La mujer murió por shock séptico en septiembre cuando los médicos que la trataban esperaron a que el corazón del feto, que era inviable, dejara de latir antes de practicarle una cesárea. El caso, que se dio a conocer a finales de octubre, volvió a sacar a miles de personas a las calles de todo el país en noviembre bajo el lema Ani jednej więcej (ni una más).
Marta Lempart, fundadora del movimiento Huelga de Mujeres, cuenta que las históricas protestas de 2020 tras la sentencia —por las que más de 4.000 personas han pasado por los tribunales, según Gazeta Wyborcza— tenían por objetivo conseguir “que nadie muriese”. Lograron dar a conocer “el sistema fuera del sistema” para lograr un aborto, a través de la televisión, los periódicos y en las calles. “Pensábamos que estábamos bien”, explica a través de una videollamada. Pero la muerte de Izabela demostró que “la gente sí muere”.
Los médicos que trataron a Izabela sí habrían podido realizar un aborto legal porque su vida estaba en riesgo, como se apresuró a aclarar el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco). El profesor Krzysztof Krajewski, en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, subraya que el caso demuestra que “con la presión y la atmósfera del país los doctores tienen miedo de tener problemas, sobre todo porque la Fiscalía está muy politizada”. En Polonia, quien ayuda a una mujer o realiza un aborto considerado ilegal se enfrenta a hasta tres años de cárcel, ocho si se considera que la vida del feto ya era viable fuera del útero. Entre 2002 y 2018 hubo 410 condenas. “En términos estadísticos no es nada, pero es la forma de trabajar de este Gobierno: la intimidación para que la gente renuncie a sus libertades por miedo a las consecuencias. Y esto también es aplicable a los médicos”, añade.
Tras la muerte de Izabela hubo marchas y vigilias en todo el país. Magdalena Grabowska, socióloga experta en estudios de género en la Academia Polaca de las Ciencias, esos días observó un “sentimiento de pérdida, de fracaso”. “Sabíamos que una persona había muerto y no pasó nada”, cuenta. En sus investigaciones con grupos de trabajo con el Fondo Feminista percibe también “una mezcla de esperanza [por las movilizaciones], pero también, de decepción y frustración”.
Estaban todavía recuperándose del duelo cuando a finales de noviembre un senador de Plataforma Cívica, el principal partido de la oposición, alertó de los planes del Ministerio de Sanidad de registrar los embarazos en los historiales médicos, junto a otros datos como el grupo sanguíneo. La mecha de la polémica no tardó en prender y el ministerio emitió un comunicado en el que aseguró que detrás de la orden había solo razones médicas, como proporcionar servicios de emergencia. “Para la gente mayor en esta parte de Europa, esto trae recuerdos”, afirma Krajewski, que recuerda un registro similar en la Rumanía comunista. “En otros países tendría sentido, pero aquí se interpretó inmediatamente que el objetivo era controlar a las mujeres”, añade.
“Es una idea peligrosa por la atmósfera antiaborto. Los médicos pueden ver que una mujer estaba embarazada y ya no lo está, y alertar a la policía”, explica Ferenc, que coincide en que lo que busca la medida es “controlar e intimidar a las mujeres”. Lempart ve el registro, que todavía tiene que ser aprobado por el Ministerio de Sanidad antes de entrar en vigor, como “la puerta de atrás para prohibir el aborto y los anticonceptivos”. “Cuando se propone prohibir el aborto mediante una ley, es más fácil movilizar a la sociedad, pero así lo están de forma administrativa, de tapadillo”, argumenta. “Y da más miedo, porque la intimidación es individual”, añade. “La gente desconfiará del Estado y no irá al médico”, advierte, y evoca también “la época comunista, cuando el Estado era el enemigo”.
Tras el revés de la propuesta del registro, llegó al Sejm, el Parlamento polaco, una iniciativa cívica impulsada por grupos antiaborto que lograron las firmas necesarias, que suponía la prohibición total del aborto —ahora se permite en caso de violación o incesto o cuando la vida o la salud de la madre corra peligro—, con penas de entre cinco y 25 años de prisión para las mujeres y quienes les ayudasen. La iniciativa fue rechazada el 2 de diciembre por una amplia mayoría, incluida la mayor parte del grupo del PiS. La diputada del partido ultraconservador Anita Czerwinska consideró la propuesta “inaceptable” y “extrema” y manifestó que podía generar “malestar social”. “Estaba claro que lo iban a tumbar porque era problemático también para el Gobierno, pero que una iniciativa así llegue al Parlamento muestra el ambiente en este país”, señala Krajewski.
El mismo día, sin embargo, la Cámara baja del Sejm sí admitió a trámite una iniciativa para crear un Instituto de Familia y Demografía, que ahora se encuentra en una comisión parlamentaria. Las organizaciones de defensa de las mujeres y del colectivo LGTBI denuncian que la propuesta da poderes procesales al presidente del organismo. Lempart advierte de que este podría intervenir en procedimientos de divorcio y en casos de patria potestad de “familias arcoíris”. También tendría acceso a todas las bases de datos del Estado, y teme que estos incluyan los embarazos.
Mientras arrecia la ofensiva antiaborto, la sociedad polaca se abre a liberalizarlo pese a la presión de la Iglesia y los grupos ultraconservadores, como observa Grabowska en sus investigaciones. El 73% se oponía a la sentencia del Constitucional de 2020 en las encuestas realizadas poco después. En un sondeo para el medio digital Oko.press en la misma época, hasta un 66% de los encuestados apoyó el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo hasta la semana 12. Nadie espera, sin embargo, que el Ejecutivo ultraconservador del PiS recoja el sentir social. “Cuando se produzca un cambio de Gobierno, entonces sí volverá la esperanza”, dice Ferenc. Hasta entonces, seguirán trabajando por conseguir, al menos, “que las mujeres se sientan seguras”.
Una red fuera del sistema
A pesar de la opresión y el miedo, como siempre ha ocurrido, se sigue abortando. El grupo Abortion Without Borders ha ayudado a conseguir 34.000 abortos desde la sentencia de octubre de 2020. Federa ha atendido en el mismo periodo 30.000 emails y llamadas, y ha asegurado 300 interrupciones del embarazado, muchas basadas en el riesgo para salud mental de la madre.
Hay toda una red clandestina que ofrece información con recursos para abortar en el extranjero, obtener las pastillas para realizar un aborto farmacológico y hasta la píldora del día después. T., activista de 26 años que pide mantener el anonimato, recuerda la primera vez que pasó a la acción: “Una desconocida me contactó por Facebook. Le di las píldoras del día después de noche, en un callejón, con la capucha puesta y consciente del peligro”. En una cafetería en Cracovia, explica que su grupo recibe unas 10 peticiones a la semana solo para la contracepción de emergencia, que se puede obtener con receta, pero algunos médicos rechazan expedirla, hay quien teme solicitarla y el tiempo de ingesta es crucial. T. también ofrece ayuda psicológica a quienes han abortado y apoyo en sus domicilios. No es sanitaria, pero está lo suficientemente informada para saber “cuándo hay que preocuparse y cuándo no”.
Es consciente de los riesgos que corre, y eso que ella no presta ayuda directa. “Sentarse con alguien y hacerle la comida no es ilegal, pero comprarle las pastillas para un aborto farmacológico sí –por eso nunca hay que comprarlas para nadie-. Llevar a alguien en coche a Eslovaquia para que aborte no es ayuda directa, pero todo depende del fiscal”, explica.
“Quiero que nadie tenga miedo, que quien lo necesite pueda acceder al aborto y a la contracepción. Hasta que lleguemos, lo seguiré intentando”, concluye.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.