La declaración del estado de alarma en una sola comunidad autónoma es un hecho sin precedentes en la democracia española, que apenas ha conocido el que decretó el Gobierno en 2010 con motivo de la crisis de los controladores y el que estuvo en vigor desde marzo hasta junio en toda España para luchar contra la pandemia. La excepcionalidad de recurrir a este procedimiento muestra la gravedad del momento y constituye un fracaso de la política española, que podría haber buscado consensos para afrontar esta situación. En la segunda ola del coronavirus que azota Madrid en estas semanas hay múltiples responsabilidades. El Ejecutivo central no está exento de ellas, desde la ineficaz previsión de ciertos escenarios o el tardío esbozo de criterios comunes nacionales hasta el retraso en emprender acciones decididas sobre la base de cálculos poco comprensibles. Pero la responsabilidad primaria del fracaso que representa hoy la activación del estado de alarma recae sin duda sobre los hombros de la Comunidad de Madrid, por sus negligencias administrativas y por su injustificado e inaceptable pulso partidista contra el Gobierno de la nación poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos madrileños y de las demás comunidades de España.
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