El Ayuntamiento de Valencia ha contabilizado 830 propietarios de 10 o más viviendas en la ciudad, de los cuales 406 son personas físicas y 424 son personas jurídicas (empresas), según ha informado este martes el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán. Esta es la base de grandes tenedores a los que el Consistorio, gobernado por Joan Ribó, de Compromís, en coalición con el PSPV-PSOE, podrá aplicar un recargo del 30% en el IBI (impuesto de bienes inmuebles) si mantienen las viviendas vacías y la normativa autonómica que habilitará esa posibilidad se aprueba próximamente, como está previsto.
La tercera ciudad más poblada de España basa sus cálculos en el Estudio de número de viviendas por tenedor, que cifra en 420.298 el número total de viviendas en su término municipal y en 324.329 el de propietarios. El 99,74% de estos disponen de menos de 10 inmuebles mientras que el 0,26% restante (830) tienen en su poder más de 10 viviendas. “El registro de vivienda vacía que está elaborando la Generalitat debe determinar ahora cuáles de estos grandes propietarios no han sacado al mercado del alquiler sus inmuebles y, por tanto, son susceptibles de que el consistorio les aplique el recargo del IBI”, explica la nota.
“El Ayuntamiento de Valencia ya tenía hechos los deberes y la Generalitat ha avanzado mucho. Si los plazos se cumplen y tenemos ese registro de viviendas vacías de la Generalitat de grandes tenedores antes de final de año, en el 2022 habrá ya un recargo”, asegura Sanjuán. El objetivo no es recaudar más, sino que haya menos vivienda vacía en la ciudad y, por tanto, bajen los precios del alquiler, añade la nota, que también hace referencia a la futura ley de vivienda en la que está trabajando el Gobierno.
Esa norma, cuyo borrador todavía no ha sido remitido al Congreso para iniciar el trámite legislativo, permitirá limitar las rentas de alquiler en áreas tensionadas de precios si el casero es una empresa con más de 10 viviendas. La definición varía por tanto ligeramente con respecto a los cálculos del Ayuntamiento, que lo ha establecido a partir de 10 viviendas como establecerá la futura norma autonómica. Aunque el consistorio aclara que de las 424 personas jurídicas con 10 o más viviendas, 164 tienen entre 10 y 14 viviendas; 76 tienen entre 15 y 19 viviendas; 119 tienen de 20 a 49 viviendas; 33 tienen entre 50 y 99 casas; 26 cuentan con entre 100 y 299 viviendas, y seis tienen 200 o más. Del análisis de estos datos se desprende que estas empresas suman al menos 11.200 casas en la ciudad, un 2,6% del parque total. Aunque esta cifra, si se toma como referencia la parte alta de la horquilla, podría ser incluso más del doble.
Compensaciones a los pisos protegidos
La futura ley estatal de vivienda también contempla recargos en el IBI para las viviendas vacías que podrán ser de hasta el 150%. La intención del Ejecutivo de coalición es que esa penalización a las casas que permanecen desocupadas sin justificación se aplique tanto a particulares como de empresas que posean cuatro o más inmuebles. La aplicación o no de ese recargo, no obstante, dependerá de cada ayuntamiento. Como también será decisión municipal si se obliga o no a las empresas promotoras a reservar un 30% de los inmuebles que levanten sobre suelo consolidado (el que está listo para construir) a viviendas de protección oficial (VPO). Esa medida, anunciada junto con el acuerdo de Gobierno la semana pasada, contemplará en cualquier caso que el consistorio compense a los promotores, confirman fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Es decir, que los ayuntamientos que obliguen a reservar un 30% a VPO deberán aumentar la edificabilidad, ceder terrenos equivalentes o compensar con base en precios de mercado a los promotores.
Otra novedad importante de la ley es que al menos la mitad de esa VPO deberá tener como finalidad el alquiler, y no la venta. El Gobierno quiere reforzar los parques de arrendamiento social, de los que España tiene una fuerte carencia en comparación con otros países europeos. Por ello, tal y como adelantó EL PAÍS, la futura norma también contendrá limitaciones para que las Administraciones que tienen pisos sociales los vendan en bloque a inversores, en operaciones similares a las que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid protagonizaron en los años de la Gran Recesión.
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