Una jueza federal vinculó a proceso a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación relacionada con la compra de la planta Agronitrogenados.
La resolución fue emitida por la jueza de control Nora Ileana García Peralta, al término de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente 14 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La juzgadora señaló que existen elementos suficientes para presumir la participación de la imputada en la recepción y transferencia de recursos de origen presuntamente ilícito. Durante la audiencia, la hipótesis del delito fue reclasificada para establecer que presuntamente depositó recursos provenientes del extranjero a territorio nacional con conocimiento de su origen ilícito y con el propósito de ocultarlo.
La jueza fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, el cual concluirá el próximo 9 de noviembre.
Durante la audiencia, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó modificar la medida cautelar para que Gilda Susana Lozoya enfrente el proceso en prisión.
Sin embargo, la jueza determinó no resolver esa petición en la misma diligencia y programó una nueva audiencia para este jueves a las 9:00 horas, en la que se definirá si la imputada continúa en libertad provisional o si se le impone prisión preventiva justificada.
La FGR sostiene que Gilda Susana Lozoya participó en un esquema destinado a ocultar y triangular recursos provenientes de presuntos sobornos relacionados con la adquisición a sobreprecio de Agronitrogenados por parte de Pemex.
Según la investigación, Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), habría realizado transferencias por alrededor de 3.4 a 3.5 millones de dólares a la empresa Tochos Holding Limited, que contaba con una cuenta bancaria en Ginebra, Suiza.
Posteriormente, esos recursos habrían sido enviados a México para la adquisición de una residencia ubicada en la colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
La Fiscalía afirma que Gilda Susana Lozoya actuó como presunta prestanombres para encubrir actos de corrupción y facilitar la triangulación de recursos. De acuerdo con las indagatorias, el inmueble adquirido tenía un valor aproximado de entre 32 y 34 millones de pesos; posteriormente fue asegurado y su extinción de dominio quedó firme mediante sentencia definitiva.
Foto: Archivo Cuartoscuro
La defensa de Gilda Susana Lozoya argumentó que no existen pruebas de que su representada haya recibido los recursos señalados por la Fiscalía. Sus abogados sostuvieron en la audiencia que al momento de los hechos investigados era estudiante de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), carrera que cursó entre 2008 y 2014.
También señalaron que Emilio Lozoya comenzó a tributar en México a partir de enero de 2013, ya que anteriormente “tributaba en otro país”.
Asimismo, solicitaron que no fueran consideradas determinadas pruebas que, según afirmaron, fueron excluidas dentro del proceso penal seguido contra Emilio Lozoya. Los fiscales respondieron que esas resoluciones aún no son definitivas y que ese debate corresponde a una etapa procesal posterior.
Al concluir la audiencia, el abogado Alejandro Rojas Pruneda cuestionó la intención de la FGR de solicitar prisión preventiva para su representada. “Tienen una urgencia de meter a la cárcel a mi representada que no me parece que sea correcto ni pulcro. Hasta querían violar la ley para meterla a la cárcel”, señaló a medios.
Mientras la jueza daba lectura a su resolución, la audiencia fue suspendida durante aproximadamente una hora debido a un problema técnico relacionado con la grabación de la diligencia. Tras el receso, la sesión fue reanudada. No obstante, la defensa manifestó dudas sobre lo ocurrido.
“Nos llamó la atención que nunca llegó ningún técnico a la sala de juicios a arreglar algo, entonces no entendimos qué tipo de problema técnico había, eso es algo que hay que reflexionar”, señaló el abogado Rojas Pruneda.
La investigación deriva de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex en 2013, cuando Emilio Lozoya encabezaba la empresa productiva del Estado.
La adquisición, presentada en su momento como parte de una estrategia para reactivar la producción nacional de fertilizantes, se concretó por aproximadamente 275 millones de dólares.
Posteriormente, las autoridades determinaron que la planta, propiedad de AHMSA, llevaba más de una década sin operar y presentaba un considerable deterioro.
La FGR sostiene que antes de asumir formalmente la dirección de Pemex, Emilio Lozoya habría recibido presuntos sobornos de AHMSA para favorecer la operación. Entre junio y noviembre de 2012, esos recursos habrían sido canalizados mediante Tochos Holding Limited.
De acuerdo con la investigación, Gilda Susana Lozoya figura como beneficiaria de parte de esos recursos a través de la cesión de derechos sobre una cuenta bancaria en Suiza.