Ha costado 43 años que la democracia española afrontase el desarrollo legal de uno de los “principios rectores de la política social y económica” que consagra la Constitución. La vivienda no figura en ella como derecho fundamental, pero sí exige de los poderes públicos que establezcan las normas para hacerlo efectivo mediante la regulación del uso del suelo “para impedir la especulación”. La larga sequía legislativa se corrige ahora con este primer paso cuya principal virtud es reconocer el imprescindible acompasamiento del precio de los alquileres a las rentas de las familias. Las políticas de vivienda que Europa ha impulsado en los últimos años muestran que el problema no es una fatalidad insoluble ni nace de causas esenciales, aunque deba abordarse de forma integral y no solo con una ley de vivienda. Holanda, Austria, Francia y Reino Unido, especialmente, han logrado con una regulación adecuada y la interacción de la iniciativa pública y privada que entre el 17% y 32% de las familias disfruten de viviendas sociales. En España su insuficiencia es tan escandalosa que se cifra en el 1,6%, mientras que el anteproyecto incluye una protección a las familias vulnerables ante los desahucios inferior a la dispuesta durante la pandemia. Las moratorias no han impedido que las ejecuciones hipotecarias crezcan también con respecto a 2019. Una medida orientada en este sentido es que se podrá obligar a los promotores privados a destinar un porcentaje mayor de los pisos de nueva construcción a vivienda asequible, aunque falta detallar el procedimiento y las posibles compensaciones.
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