'Yalla': el corto español que denuncia los ataques de drones militares contra la población civil


Cuatro chicos juegan al fútbol en un paisaje de escombros. Mientras, un dron militar les observa desde el cielo. El balón se escapa tras una colina y uno de ellos va en su búsqueda. Al volver, descubre las caras de horror de los otros tres que señalan al cielo y le gritan “¡yalla!” (corre, en árabe). Así transcurren los primeros minutos del cortometraje Yalla, una historia de ficción escrita y dirigida por Carlo D’Ursi, quien se inspiró en el asesinato de cuatro niños con un dron militar israelí en una playa de Gaza en 2014. La cinta —de 10 minutos— ha sido galardonada recientemente con el Premio Forqué a Mejor Cortometraje y puede verse gratis en CMMPlay, la plataforma digital de Televisión Castilla-La Mancha, comunidad autónoma que ha participado en la producción del cortometraje.

Con Yalla, su director pretende visibilizar el uso de drones de combate (aquellos que tienen capacidad para disparar proyectiles) en zonas en conflicto y el peligro que entrañan para la población civil. Tras una investigación, el ejército israelí confesó que el asesinato de los cuatro niños palestinos en 2014 se debió a un “error de identificación”, en el que el piloto del dron confundió a los menores con combatientes de la organización palestina de Hamás.

Sin embargo, los ataques con drones contra la población civil no parecen casos aislados, como revela la ONG británica Drone Wars. Solo en Gaza, el 37% de las muertes de civiles se atribuyen a este tipo de ataques. Entre 2014 y 2019, bajo la ofensiva israelí “Operación Margen Protector”, murieron 2.100 palestinos, entre ellos, más de 500 menores.

“Toda historia de ficción tiene su punto de partida”, cuenta Carlo D’Ursi a Verne por teléfono. La de Yalla fue en 2015, en un viaje que el director italiano —afincado desde hace años en España— hizo a la ciudad palestina de Belén. “Investigando me di cuenta de las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y en especial de los derechos de la infancia en zonas en conflicto”, cuenta D’Ursi, que ya en 2017 estrenó otro cortometraje, Tabib, que narra los últimos minutos de vida de un pediatra en Alepo (Siria).

En su último corto —rodado en una cantera entre la Comunidad de Madrid y Castilla- La Mancha—, D’Ursi prescinde de extensos diálogos y se vale de una única palabra, “yalla” [yal-la], una expresión árabe que tiene varias acepciones como “vamos”, “ánimo” o “corre”. En la cinta se utilizan todas. También recurre al blanco y negro “para evidenciar la condena que sufren los niños que nacen en estos lugares asolados por el conflicto. Solo tienen dos opciones: mal vivir o morir”, lamenta el director.

Estas escenas que ocurren a ras de suelo se mezclan con planos en color de la visión de un dron. “Los drones militares son controlados por personas que están muy lejos de allí, ajenos a lo que de verdad está ocurriendo. Son como un videojuego, pero con vidas humanas”, añade.

Precisamente, Amnistía Internacional lanzó en 2016 el videojuego para móvil B3H1ND Drones y Hackers (disponible todavía para versión Android e iOS) con el que pretenden concienciar sobre el uso de los drones militares y la indefensión de los civiles. Yalla también recibió el premio que concede esta organización humanitaria para la realización de proyectos de cortometraje, en el marco del Festival Internacional de Cine de Albacete (Abycine).

Cada vez más países cuentan con drones militares

En las dos últimas décadas, los drones militares de combate se han convertido en una de las armas más utilizadas en conflictos armados y cada vez son más los países que las incorporan a sus ejércitos. España acaba de adquirir dos drones del modelo Reaper –fabricado por Estados Unidos– y ha firmado la compra de 12 del modelo Euromale. “Países como Estados Unidos e Israel fueron pioneros en la fabricación y uso de estos drones militares, pero en los últimos años se han ido sumando más países a esta carrera armamentística, como Rusia, China, o Turquía”, explica Miguel Ángel Calderón, director de comunicación de Amnistía Internacional España. Y añade que “un gran oscurantismo en torno a los drones militares hace difícil cuantificar los que tiene cada país”.

La Oficina de Periodismo de Investigación registró 14.000 ataques con drones llevados a cabo por Estados Unidos en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen entre 2010 y 2020, en los que 2.200 civiles han sido asesinados (entre 283 y 454 niños). Amnistía Internacional también ha documentado varios ataques en estos países en los últimos años. “Pero muchas veces es difícil registrarlos, en ocasiones son drones pequeños que casi ni se aprecian en el cielo, atacan y desaparecen”, explica Calderón y denuncia el agravante de que se utilicen en zonas de paz. “Estados Unidos no está en guerra con Afganistán, por ejemplo, y aun así, emplea estas armas que dejan víctimas civiles”.

Los conflictos armados se rigen fundamentalmente por el derecho internacional humanitario (DIH), también conocido como “leyes de la guerra”, y que delimita el comportamiento aceptable de las partes en un conflicto. El DIH exige que se distinga entre civiles, que gozan de protección, y combatientes, que son blancos legítimos de ataque. Las violaciones graves del DIH constituyen crímenes de guerra.

Amnistía Internacional lleva años pidiendo a la comunidad internacional que prohíba el uso de drones de combate, que ni siquiera están definidos ni regulados expresamente en el DIH. Para ello, piden que se incluyan en la “Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales”. Esta y otras organizaciones alertan del peligro añadido que supone que estos drones se conviertan en aparatos autónomos y, por lo tanto, en “robots asesinos”. “Ya estamos viendo el daño que infligen con una supervisión humana, pero es que ya se están desarrollando modelos basados en inteligencia artificial con los que el dron toma decisiones propias sobre la identificación de personas”, advierte Calderón.

El director de comunicación de Amnistía Internacional España cree que con estos drones autónomos se obstaculizará el proceso de rendición de cuentas y, por lo tanto, “habrá más impunidad para cometer asesinatos de civiles”. “Las consecuencias de permitir este tipo de tecnología pueden ser desastrosas”, concluye.

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