El calendario que planea la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para este año es intenso. En los meses que restan para acabar 2021 pretende cerrar las 13 reformas restantes —ya hay cuatro en vigor o listas— que ha prometido a la Comisión Europea para que lleguen los fondos europeos. Entre ellas están las de la negociación colectiva y la subcontratación, pero también la de la contratación. “Vamos a avanzar en una fórmula de simplificación fuerte [de los contratos] para que el actor principal sea el contrato indefinido”, ha apuntado la ministra en el Congreso. Ante las preguntas de los diputados para que detallara plazos, ha respondido: “No les voy a dar plazos. No es mi estilo. Hemos de hacerlo en este año”.
A la entrada a la comparecencia ante la comisión de Trabajo, la próxima vicepresidenta tercera del Gobierno ha estrenado su papel de cabeza de Unidas Podemos en el Ejecutivo. A preguntas de los periodistas sobre el choque frontal entre el titular de Vivienda, José Luis Ábalos, y el todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, Díaz se ha mostrado mucho más contemporizadora: “No se trata de ceder, va a haber acuerdo seguro”, ha declarado ante las dos posiciones que representan el socialista, que defiende bonificar a los propietarios para evitar que se disparen los precios del alquiler, y el líder de Podemos, que se decanta por un mecanismo de control.
Una vez en la comparecencia, la ministra de Trabajo tampoco ha entrado en la polémica de la semana pasada sobre qué debe priorizarse en las negociaciones de la reforma laboral: contratación, negociación colectiva, políticas activas o modernización del SEPE. La vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, se pronunció claramente en favor de dar prioridad a la reforma de la contratación frente al departamento de Trabajo que, en la reunión del diálogo social con los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme, aseguró que prefiere empezar por los cambios en los convenios (prevalencia de los pactos sectoriales frente a los de empresa y vigencia más allá de su finalización) y subcontratación. Este lunes en el Congreso Díaz ha retomado el programa de Gobierno para señalar sus preferencias: una primera fase para abordar “los más urgentes”, siguiendo la terminología del pacto y sin recurrir a la expresión “aspectos más lesivos de la reforma laboral”; una segunda con las demandas comunitarias —la temporalidad— y una última para las políticas activas de empleo.
También ha eludido Díaz ser muy contundente con los cambios en la subcontratación. Ha dejado claro que su intención es llevarlos adelante, especificando que eso no es algo que procede de la reforma laboral. Pero también ha venido a decir que no se trata de acabar con ella. “La subcontratación ha venido para quedarse”, ha parafraseado recurriendo a la manoseadísima frase sobre el teletrabajo desde que comenzó la pandemia, no sin aclarar que su intención es cambiar su regulación —el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores— y, como ha sucedido con la Ley de los riders, apoyarse en una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre ella.
Otro de los puntos que ha tocado la titular de Trabajo en su comparecencia es el salario mínimo. Su intención, ha aclarado, es que al acabar la legislatura alcance el 60% del sueldo medio, y ha señalado que la comisión de expertos que designó hace algo más de un mes tiene tres meses de plazo para definir la senda que debe seguir España para llegar a este punto.
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