La tasa Google, cuyo pago debería fraccionarse trimestralmente, se abonará de manera excepcional este 2020 a final de año, como avanzó este lunes en Bruselas la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La razón no es baladí. La tasa Google es un tributo que está en el centro del debate internacional y en el radar de varios países. Tiene el objetivo de que grandes plataformas como Google o Facebook tributen en los países donde hacen negocio en lugar de desviar beneficios a territorios con baja fiscalidad. Su implantación está siendo sin embargo complicada ante las amenazas de Estados Unidos, sede de las principales tecnológicas mundiales, de imponer aranceles a quienes graven la actividad de sus empresas.
El desafío de Washington ha llegado al corazón de la UE, a la que ha amenazado con nuevas tasas comerciales sobre los automóviles si sigue adelante con su proyecto de impuesto digital, que de momento está parado tras fracasar las negociaciones entre Estados miembros.
En el caso de Francia, la intimidación ha surtido efecto: París puso en marcha el impuesto, e incluso llegó a cobrarlo, pero ante la amenaza de Donald Trump de aplicar aranceles del 100% a productos como el vino decidió congelar los pagos hasta finales de año. España se suma así a la iniciativa francesa: aprueba un impuesto nacional, pero confía en subirse al carro de una tasa global. La vía francesa “puede ser un modelo para España”, admitió la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya.
Este calendario se alinea con los planes de la OCDE, que estudia cómo cambiar las reglas fiscales internacionales ante la globalización y el auge de la economía digital. El organismo lleva meses trabajando en una propuesta que ponga de acuerdo a las 137 jurisdicciones —entre ellas EE UU— que participan en la iniciativa, y prevé tener lista una tasa Google global al cierre de 2020. Según sus estimaciones, este impuesto permitiría recaudar unos 100.000 millones de dólares (unos 92.000 millones de euros) al año.
De momento, el debate en el seno de la OCDE gira en torno a dos propuestas: que las grandes corporaciones —no solo tecnológicas, en un guiño a Estados Unidos— tributen allí donde estén sus usuarios; y que se fije un tipo mínimo global del impuesto de sociedades para desincentivar el desvío de beneficios a territorios con reglas fiscales más ventajosas.
El impuesto francés, congelado a la espera de acuerdo
SILVIA AYUSO
Francia fue de los países pioneros, y de los más vociferantes, en reclamar una tasa Google a las plataformas tecnológicas extranjeras que operan en su territorio sin apenas pagar impuestos nacionales. Pese a las amenazas de Estados Unidos, la Asamblea Nacional dio su visto bueno en julio de 2019 a la tasa GAFA (por las siglas de los principales afectados: Google, Amazon, Facebook y Apple). París niega que sea un impuesto contra empresas de EE UU, como afirma Washington.
El primer cobro de esta tasa —que grava cerca del 3% del volumen de negocios de las compañías tecnológicas en el país donde obtengan ingresos anuales de al menos 750 millones de euros en sus actividades digitales mundiales— se realizó en noviembre. Pero ante la respuesta de la Administración Trump, que amenazó con imponer un arancel de hasta el 100% a productos franceses importados, como el vino, por valor de 2.400 millones de dólares (unos 2.200 millones de euros), Francia dio un paso atrás.
Durante el foro de Davos, en enero, anunció la congelación temporal del impuesto hasta finales de año para dar tiempo a la OCDE de presentar —y a que los países aprueben— una tasa acordada internacionalmente.
El acuerdo entre París y Washington es que el fisco francés no cobrará la tasa Google en abril, cuando tocaba el siguiente pago, ni tampoco el vencimiento de noviembre. Pero si a finales de año no se ha llegado a ningún acuerdo, sí reclamará el dinero, asegura el Gobierno de Macron, que no ha dicho sin embargo qué hará si entonces Washington hace efectiva su amenaza. París asegura que, si la tasa aprobada por la OCDE es menor que la que ya ha cobrado, devolverá a las empresas afectadas la diferencia.
España se ha mostrado favorable a que sean la OCDE o la UE quienes tomen la delantera en el diseño de una tasa digital, pero a la vez ha dejado claro que avanzaría con un impuesto propio en el caso de que fracasara la negociación a escala global. “Estamos trabajando en el ámbito internacional y europeo, pero sin renunciar a avanzar a nivel nacional”, dijo este lunes Calviño, informa Lluís Pellicer.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había anunciado la semana pasada que los dos proyectos normativos sobre los cuales se rigen la tasa Google y la tasa Tobin —que no se aprueban vía Presupuestos por ser de nueva creación— estaban listos y a punto de ver la luz. El Gobierno presentó los proyectos de ley ante las Cortes el año pasado, pero decayeron tras quedar en funciones por la convocatoria anticipada de elecciones del 28 de abril.
Fuentes de Hacienda aseguran que las normas que se aprobarán previsiblemente este martes calcarían en su casi totalidad los textos que se presentaron el año pasado. La tasa Google tendrá un tipo del 3% que se aplicará sobre empresas digitales que facturen más de 750 millones de euros en el mundo y cuyos ingresos en España sean mayores a los tres millones. El texto presentado en 2019 definía tres hechos imponibles en el que la participación de los usuarios era decisiva para la creación de valor, y que por su amplitud acabarían afectando no solo a tecnológicas: la publicidad dirigida a usuarios de una interfaz digital (página web, plataforma tecnológica, software o red social); puesta a disposición de plataformas que permitan a los usuarios localizar a otros usuarios para comerciar con ellos (el caso paradigmático es Amazon) y la venta o cesión de datos recopilados de los usuarios de una web o plataforma.
El impuesto sobre transacciones financieras o tasa Tobin gravará con un 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con valor bursátil mayor a 1.000 millones. Los intermediarios financieros que ejecuten la orden de compra serán quienes paguen al fisco. Tanto la deuda pública como la privada y los derivados financieros se quedarán excluidos. Países como Francia, Italia y Bélgica ya tienen figuras similares, y la UE ha puesto en marcha un grupo de trabajo para intentar armonizar los gravámenes nacionales y evitar competencia fiscal entre Estados.
El Gobierno calculó en 2019 que estas medidas arrojarán ingresos por 2.000 millones de euros. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda consideró este lunes que estas previsiones “podrían estar sobreestimadas”. Una advertencia que otros organismos, como la Comisión Europea, ya hicieron hace un año.
Luz verde a la derogación del despido con baja médica
M. V. G.
El Consejo de Ministros aprobará este martes la derogación del despido justificado de empleados que hayan faltado al trabajo ocho días o más en un periodo de dos meses siempre que durante los 12 meses precedentes haya acumulado un 5% de bajas en días hábiles, o por faltar el 25% en cuatro meses aunque esas ausencias estén justificadas médicamente.
El Gobierno lo hará por decreto ley, lo que implica que entrará en vigor inmediatamente y después tendrá que convalidarse en el Congreso. Los planes del Ministerio de Trabajo pasan por la derogación directa del artículo 52.d, el que lo regula. Esto ni siquiera supone una vuelta a la situación anterior, a la reforma laboral de 2012. Hasta entonces —y desde 1995— este despido objetivo era legal siempre que se cumplieran alguno de los requisitos citados, pero además la empresa debía tener un índice de absentismo que superara el 2,5%.
Desde que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tomó posesión ha señalado a esta derogación como el primer paso que iba a dar para cambiar sustancialmente toda la reforma laboral del PP: “Ni siquiera voy al diálogo social. La preservación de la salud está por encima de cualquier cuestión”.
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