Las menores tuteladas de las que una red presuntamente abusaba sexualmente y utilizaba para vender droga en Madrid se han convertido en el último frente de la fuerte oposición que libra la Comunidad de Madrid contra el Gobierno central. Pero esta vez la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha encontrado con la delegada del Ejecutivo en la región, la socialista Mercedes González, que ayer entró directamente al choque y acusó a la líder popular de “deslealtad política” por atribuirle la responsabilidad de que el Gobierno autonómico no informara desde el principio de que 5 de las 10 menores liberadas estaba bajo la tutela autonómica.
La Consejería de Políticas Sociales tardó varios días en admitir que entre las chicas liberadas había algunas que estaban bajo su tutela y que vivían en centros de menores autonómicos, pese a la investigación policial, que desde que reveló las pesquisas, el pasado 3 de enero, informó de la existencia de varias menores tuteladas.
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Primero la consejería admitió una sola víctima en un centro público e incluso la cuenta oficial de la consejería publicó un tuit en el que desmentía la información policial recogida por varios medios sobre la condición de tuteladas de las chicas. Y no fue hasta el 5 de enero cuando confirmó a este periódico que al menos tres de las chicas liberadas vivían en sus centros. La delegada ha elevado hoy la cifra a cinco menores. La Consejería se justificaba en que los investigadores no le habían informado de la identidad de las menores y, por tanto, no podía comprobar si las liberadas estaban o no tuteladas.
Pese a ello, la presidenta regional aseguró en una entrevista en la Cadena SER que había sido la delegada la causante de esta desinformación, al haber negado, en una conversación privada, al consejero de Justicia, Enrique López, que las niñas rescatadas por la Policía en la Operación Sana estuvieran bajo la tutela regional. “Nosotros no tenemos por qué mentir sobre algo que se va a saber”, defendió Ayuso en la radio.
Pero Mercedes González negó ayer rotundamente la explicación de la presidenta. Según su versión, el día en el que la Policía hizo públicos los 37 arrestos de adultos que supuestamente integraban la trama, López la llamó para decirle que un medio de comunicación le había “dado un soplo” de que se estaba llevando a cabo esa operación. La delegada explica que llamó al jefe superior de Policía para pedirle información y que él le explico que “simplemente se había mandado una nota de prensa”, pero que las detenciones se habían producido el día 30 de noviembre.
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Según el relato de la delegada, ella ofreció al consejero volver a llamar a la Policía para preguntar si efectivamente se trataba de menores tuteladas, a lo que López respondió que no hacía falta. “Estoy muy acostumbrada desde que entré a que cada vez que el Gobierno de la Comunidad mete la pata, la culpa la tiene que tener otra persona. A mí me ha tocado dos veces”, añadió González.
Otro punto en el que difieren la versión del Gobierno de Ayuso y la investigación policial es sobre quién dio comienzo a las pesquisas. Según el Ejecutivo, fue la denuncia de una directora de un centro de menores la que alertó a los agentes. Sin embargo, la Policía sostiene que comenzaron a investigar en abril, meses antes de que eso ocurriera, tras la denuncia de una de las menores liberadas.
Comparecencia
El enfrentamiento no termina aquí, porque todos los grupos de la oposición han reclamado la comparecencia de la consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa, en la Asamblea de Madrid, para que explique cómo cinco menores tuteladas quedaron bajo el control de una red de explotación. Ella ha pedido también comparecer en la Cámara regional, aunque la cita no se fijará hasta que comience en febrero el periodo de sesiones.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha abierto una investigación y ha solicitado información, tanto al Gobierno regional como a la Policía, para aclarar que tipo de protección se dio a las niñas.
Desde la oposición, Más Madrid ha aprovechado esta investigación para poner el foco en la gestión de las residencias de menores. La formación de Mónica García envió el miércoles una carta a Ayuso en la que le pedía una reunión para tratar este asunto. “Esta cuestión debe obligarnos a acometer una profunda reflexión sobre el modelo [de centros de menores] que existe en Madrid y que se ha demostrado sustancialmente mejorable”, asegura la formación.
Ayuso anunció también que la Comunidad de Madrid se personará como acusación particular en un futuro juicio, intención que comparte con la Coordinadora del Tercer Sector, una agrupación de ONG pequeñas y medianas y de entidades de la sociedad civil.
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