El destierro se ha convertido en una nueva forma de represión del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El Gobierno ha impedido el regreso al país centroamericano a un sacerdote, una defensora de los derechos de las poblaciones indígenas y al vicerrector de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), un centro de estudios que fue epicentro de las protestas estudiantiles en 2018, que Ortega reprimió con violencia. Las autoridades no han explicado los motivos por los que se ha negado el retorno a estos ciudadanos nicaragüenses, pero activistas de derechos humanos afirman que se trata de una represalia por ser voces que han criticado la deriva autoritaria de Ortega.
El primer caso lo denunció el martes el obispo Silvio Báez, voz crítica de la Iglesia católica, quien ha tenido que exiliarse por las amenazas en su contra. Báez informó a través de su perfil en Twitter que las autoridades migratorias de Nicaragua no autorizaron el regreso al país del sacerdote Guillermo Blandón, párroco de una iglesia localizada en el departamento (provincia) de Boaco, al norte del país. Blandón había viajado a Israel y fue durante su escala en el aeropuerto de Miami que encargados de la línea aérea en la que viajaba le entregaron un comunicado en el que el informaban que “su entrada a Nicaragua no ha sido autorizada por las autoridades de Migración y Extranjería”. El documento lleva una marca que reza, en mayúsculas, “Rechazo migratorio”.
La decisión de impedir la entrada al cura siguen una serie de acciones del Gobierno nicaragüense contra la Iglesia católica, cuyas obispos y sacerdotes han sido muy críticos con la represión desatada contra opositores en el país centroamericano. Las tensiones entre Iglesia y Gobierno se recrudecieron en 2018, cuando el régimen desató una brutal represión contra las protestas que estallaron ese año y en la que miles de nicaragüenses exigían el fin del mandato del exguerrillero sandinista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado que la violencia gubernamental dejó más de 350 muertos, además de expulsar al exilio a decenas de miles de nicaragüenses. Desde entonces, el régimen ha perseguido a sacerdotes, asediado templos religiosos, apresado a otros curas, cerrado medios de comunicación católicos y emprendido una feroz persecución contra uno de los principales líderes de la institución, el obispo Rolando Álvarez, apresado a mediados de agosto y a quien las autoridades judiciales, obedientes a Ortega, le han impuesto casa por cárcel como forma de silenciarlo.
El Gobierno también ha ordenado el destierro del académico Jorge Huete, vicerrector de la UCA. Huete había viajado a Córdoba, Argentina, donde había participado en una actividad académica como representante de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Al también científico, experto en biología molecular, le informaron durante su escala en Panamá que no podía abordar el vuelo con conexión a Managua porque se le había impuesto un “rechazo migratorio”, según informaron fuentes de la UCA a la revista Confidencial. Huete había criticado, desde su posición como académico y científico, la forma en la que el Gobierno manejó la pandemia de covid-19, cuyo impacto Ortega ha minimizado y se negó en su momento a declarar una cuarentena, porque consideraba que declararla era “alarmante y extremista”.
Huete es la segunda autoridad de la UCA a la que el régimen de Managua deniega el ingreso al país. La universidad informó en julio que Migración rechazó el retorno del sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez, rector de la UCA, quien había viajado a México para someterse a tratamiento médico. Idiáquez formó parte de la llamada Alianza Cívica, una agrupación opositora que reunía a sacerdotes, estudiantes, empresarios, políticos de oposición, feministas, académicos y activistas de derechos humanos que conformaron una mesa de negociación con el régimen para hallar una salida a la profunda crisis política de Nicaragua. Esas negociaciones fracasaron por la cerrazón del Gobierno ante las demandas de los opositores y Ortega ordenó una brutal cacería contra los integrantes de la Alianza, muchos de ellos apresados y encerrados en las celdas de El Chipote, la temida cárcel de Managua que ha sido denunciada como centro de torturas. En una entrevista concedida a este periódico en junio de 2018, el sacerdote jesuita afirmó que, debido a la dura represión desatada en Nicaragua, “Ortega va a terminar como un asesino”.
A estos casos se une el de Anexa Alfred Cunningham, integrante de una organización de expertos de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas. Federico Villegas, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), interrumpió este miércoles una sesión del organismo en Ginebra para denunciar que a Cunningham se le negó el ingreso a Nicaragua, a pesar de contar con la nacionalidad nicaragüense. “Lamento tener que plantear ante este consejo una situación inaceptable, que involucra a un miembro del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, Anexa Alfred Cunningham, quien en julio viajó de Nicaragua a Ginebra en su primera misión oficial, pero tras la sesión en la que participó se le impidió embarcar en su vuelo de regreso a su país debido a que el Gobierno de Nicaragua estipuló que se le denegaría la entrada”, ha dicho Villegas.
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🚨Presidente de Consejo de #DDHH de ONU interrumpe sesión para denunciar que experta de Mecanismo Independiente de DDHH de Pueblos Indígenas, Alexa Alfred Cunningham, NO ha podido regresar a #Nicaragua 🇳🇮pues su gobierno niega la entrada. Lo califica como “acto de represalia” 👇 pic.twitter.com/DRe6L6qbv4
— Carolina Jimenez Sandoval (@cjimenezDC) September 28, 2022
El funcionario ha informado que ha solicitado “en numerosas ocasiones” aclaraciones sobre la decisión de desterrar a la activista, además de pedirle al régimen de Ortega “rectificar” sobre esa acción, pero ha afirmado que nunca “recibí una respuesta ni las garantías del Gobierno de que la señora Cunningham podía regresar a su país”. Cunningham sigue en Suiza. Para Villegas se trata de un “acto de represalia” del régimen de Daniel Ortega.
Uriel Pineda, consultor independiente de derechos humanos de Nicaragua, explica que esta decisión de las autoridades nicaragüenses es “un acto totalmente arbitrario”, que no tiene “ni forma jurídica ni ningún tipo de asidero” y que se enmarca en la persecución política y los crímenes cometidos por el régimen contra las voces críticas en el país centroamericano. “Se trata del menoscabo al derecho a la identidad, a la libre circulación, porque no se puede restringir el acceso a tu país, ni la renovación de tus documentos de viaje”, dice Pineda. Aunque en estos momentos estas personas han sido lanzadas a una especie de limbo legal, Pineda afirma que los desterrados del régimen de Ortega pueden acceder a protección internacional. “En términos prácticos estas personas pueden solicitar asilo o refugio en otros países, pero quedan como personas apátridas. Es un menoscabo al derecho a una nacionalidad”, zanja el experto.
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