ALBUQUERQUE, Nuevo México – La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Nuevo México, reveló este miércoles un acuerdo entre la joven Gisell Estrada, quien pasó cuatro años tras las rejas por un crimen que no cometió, y la ciudad de Albuquerque.
La ciudad acordó eliminar su expediente criminal y pagarle una indemnización de $700,000, luego de que Estrada fuera arrestada injustamente y enviada a un centro de detención juvenil por robo y asesinato.
“No tuve nada que ver con ningún delito, pero me arrestaron y me llevaron a un centro de detención juvenil. Estaba tan asustada y deprimida. Pensé que tal vez nunca saldría de allí, especialmente cuando me pidieron que me inscribiera en la escuela mientras estaba detenida”, declaró Estrada.
En julio de 2019, Calvin Kelly fue asesinado en Albuquerque y el detective, Jesse Carter, del Departamento de Policía de Albuquerque (APD, por sus siglas en inglés) fue asignado para investigar.
Según informó ACLU en un comunicado, las descripciones de testigos presenciales y los testimonios de cómplices llevaron al detective a sospechar que la persona que cometió los delitos era una joven llamada Alexis “Lexi” Barraza, una posible estudiante de la preparaoria Highland, cuya descripción no coincidía con la de Estrada.
“Carter encontró una foto de Barraza en Facebook y se la mostró a un oficial de recursos escolares de la preparatoria de Albuquerque, a pesar de que se creía que la sospechosa asistía a la preparatoria Highland. El personal de la preparatoria de Albuquerque sugirió que la persona en la foto se parecía a Estrada, aunque Estrada no usaba el nombre ‘Lexi’ ni coincidía con las descripciones, como el cabello teñido de rojo”, explicó la portavoz de ACLU en Nuevo México, María Archuleta.
Entonces, “basándose en ninguna otra evidencia”, el detective concluyó que Estrada era la sospechosa que estaba buscando y sin interrogarla, redactó una declaración jurada para una orden de arresto que, según ACLU, afirmaba que otra persona involucrada en el delito la había “identificado positivamente” y que la joven inocente también era conocida como Lexi Barraza.
A consecuencia, Estrada, siguiendo el consejo de su defensor público, se entregó al detective y fue fichada en un centro de detención juvenil durante siete días, donde fue sometida regularmente a registros corporales.
“Llamar descuidado y negligente al trabajo del APD es quedarse corto. Gisell, una joven inocente, fue sometida a una experiencia traumática y humillante solo porque estaba en la escuela secundaria, era latina y era mujer. Nos complace que ahora tenga alguna compensación por su sufrimiento y que su expediente se elimine, pero desafortunadamente, solo está en las primeras etapas del proceso de curación”, manifestó Leon Howard, subdirector de ACLU en Nuevo México.
Después de que se identificó a Estrada como la persona equivocada, casi cuatro años después, fue liberada de prisión.
“Lo que me sucedió nunca desaparecerá. Es un recuerdo terrible que tendré por el resto de mi vida. Esta indemnización significa mucho para mí y para mi familia, que sufrió mucho. Ahora puedo seguir adelante con mi vida con un expediente limpio y pensar en mi futuro”, declaró Estrada.
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