Anticorrupción se opone a que se abra una investigación contra Iglesias en el Supremo

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La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía del Tribunal Supremo donde se opone a que se abra una investigación en este tribunal contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en relación a la pieza Dina del caso Villarejo, según confirman fuentes jurídicas. El magistrado Manuel García-Castellón, instructor de esta causa, remitió la pasada semana su exposición razonada donde pedía imputar al dirigente político por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.

Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada después de que lo pidiera el ministerio público del Supremo, que es el órgano que debe pronunciarse finalmente al respecto. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid al ser preguntada, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que se prepara. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe de la Fiscalía donde se pronuncie sobre si apoya o no seguir adelante con la causa contra Iglesias.

Estos movimientos en el ministerio público llegan después de que el juez Manuel García-Castellón elevara al Supremo su exposición razonada al entender que existen indicios para comenzar a investigar al líder de Podemos, a su antigua asesora Dina Bousselham; a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo; a Ricardo Sa Ferreira, quien fuera pareja de Bousselham; y a los letrados Marta Flor y Raúl Carballedo. El juez de la Audiencia Nacional señalaba que Iglesias recibió en buen estado del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016, la tarjeta de memoria original procedente del teléfono de Dina Bousselham, en la que comprobó que almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de aquella.

El magistrado destacaba que, pese a que Bousselham e Iglesias eran personas cercanas, este se guardó la tarjeta durante un tiempo sin informar a la que fuera su asesora. El juez cree que esta acción puede vincularse al conocimiento que el líder de Podemos tuvo al observar las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el aforado. Otro punto significativo para el magistrado es el hecho de que Iglesias devolviera a la que fuera su asesora la tarjeta inoperativa: “Se sabe que cuando se devuelve la tarjeta está inservible para su funcionamiento”.


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