La pelea entre los socios de Gobierno por la respuesta al conflicto de Ucrania se libra en varios frentes. Al rechazo expresado por las dos ministras de Podemos —Ione Belarra e Irene Montero— al envío de armas anunciado el miércoles por el presidente Pedro Sánchez, se suma este viernes la petición de Derechos Sociales, departamento que dirige la secretaria general del partido, de impulsar una reforma fiscal “de emergencia” que pueda abordar el “impacto económico” derivado de la escalada bélica en el Este de Europa. La reclamación llega apenas un día después de que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, descartase una inminente subida impositiva en la presentación del informe encargado a un comité de expertos que durante 10 meses ha trabajado en diferentes propuestas para materializar esa reforma.
Podemos, que en febrero presentó una propuesta fiscal propia que Montero tachó de “inoportuna”, lleva un tiempo insistiendo en que 2022 es el año para abordar esta cuestión, en un contexto hasta ahora de recuperación económica tras la pandemia y porque parece improbable que se puedan acometer estas modificaciones en 2023, con elecciones autonómicas, municipales y generales a la vista. “Ante el previsible impacto que va a tener en la economía europea y, por tanto, en la economía española el conflicto bélico en Ucrania, se hace más urgente que nunca abordar con carácter inmediato una reforma fiscal ambiciosa que nos permita sufragar las medidas de protección social que deberemos implementar”, afirma Derechos Sociales en un comunicado emitido este viernes.
“El impacto económico del conflicto bélico no pueden pagarlo de nuevo los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, las grandes empresas y las grandes fortunas deben corresponsabilizarse y pagar lo que les toca a las arcas públicas”, afirma la nota. Para el ministerio de Belarra, la forma de que el Estado del bienestar y los servicios públicos en España se asemejen a los de otros países del entorno europeo pasa por tener un sistema fiscal similar al suyo. “Aún estamos lejos de situarnos en ese punto”, valora. La diferencia de recaudación respecto a la media de la UE está en 3,9 puntos de PIB y España mantiene un déficit estructural superior a los 40.000 millones de euros. “El informe del comité de expertos señala claramente que España tiene un problema de infrafinanciación de las políticas públicas, fruto de nuestro débil sistema fiscal. Resolver esta debilidad estructural, y hacerlo mejorando la progresividad, no puede esperar, es una tarea que hemos de afrontar esta legislatura”, inciden las mismas fuentes.
Derechos Sociales considera que la reforma estructural “no solo es un compromiso alcanzado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación”, sino “un compromiso alcanzado con la sociedad española”.
“No se va a plantear ninguna subida fiscal”, afirmó este jueves Montero, en la presentación del Libro blanco sobre la reforma tributaria. La propuesta del comité de expertos, integrado por 17 académicos, recoge una subida de impuestos verdes por valor de hasta 15.000 millones de euros, la eliminación o modificación de una buena cantidad de beneficios fiscales, el establecimiento de un tipo único de IVA, la supresión del sistema de módulos, la armonización de los impuestos autonómicos como el impuesto de patrimonio y el de sucesiones y donaciones, la derogación del Impuesto de Actividades Económicas y el establecimiento de peajes en función de los kilómetros recorridos en las autovías. “Se trata de una propuesta a largo plazo”, subrayó la responsable de Hacienda. Una declaración que no ha gustado al socio minoritario del Gobierno.
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