El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sale al paso de las críticas por la inacción en su gestión de la crisis del aborto con un decreto, que tiene previsto firmar este viernes y que persigue, según un comunicado de la Casa Blanca, “salvaguardar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluidos el aborto y la anticoncepción y proteger la privacidad y la seguridad de las pacientes y de las clínicas”.
La orden ejecutiva llega justo dos semanas después de que el Tribunal Supremo fallase en el caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization a favor de tumbar un precedente de medio siglo establecido por otra sentencia de ese tribunal, Roe contra Wade, que dio en 1973 rango constitucional a la protección del aborto. La decisión devuelve a los Estados la potestad para legislar sobre la libertad de las mujeres de interrumpir el embarazo, que hasta ahora tenían garantizada federalmente. 26 de los 50 Estados tienen previsto restringir seriamente o prohibir el acceso al aborto.
Las medidas de Biden están pensadas para contrarrestar esas leyes estatales mientras se trabaja para un objetivo más inalcanzable: sacar adelante una norma en el Congreso que codifique las garantías de Roe contra Wade. No será fácil: para conseguirlo, el Partido Demócrata, que tiene 50 de los 100 escaños del Senado, necesitaría sumar 60 apoyos, en virtud de la regla del filibusterismo, que obliga a mayorías cualificadas para reformas de calado. El presidente ya ha advertido de que está dispuesto a presionar lo que en Washington se conoce “el botón nuclear”, que le permitiría aprobar una norma de alcance federal con una mayoría simple.
“Los derechos fundamentales –a la privacidad, la autonomía, la libertad y la igualdad– han sido negados a millones de mujeres en todo el país”, afirma el comunicado de la Casa Blanca. “Eso tiene graves implicaciones para su salud, su vida y su bienestar. Este fallo afectará de manera desproporcionada a las mujeres de color y de bajos ingresos, y las que viven en entornos rurales”.
Según el documento publicado a primera hora de este viernes por la Casa Blanca, el presidente ha ordenado al Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Xavier Becerra, que proteja el acceso a las píldoras abortivas, que los grupos antiabortistas han situado como el siguiente objetivo en su guerra, al tratar de perseguir su distribución; un 54% de las interrupciones de embarazo que se practicaron en 2020 en Estados Unidos se hicieron con medicamentos. Becerra también tiene el encargo de “garantizar la atención médica de emergencia para las embarazadas y para las que sufran un aborto espontáneo”, de lanzar una campaña de divulgación, de organizar la defensa de las pacientes que lo necesiten con una red de abogados que trabajen gratuitamente y de garantizar el acceso a los anticonceptivos.
La sentencia del Tribunal Supremo basa su argumentación en el hecho de que el aborto no está garantizado en la Constitución estadounidense y en que el fallo Roe contra Wade estaba “atrozmente errado desde el principio”, porque fiaba la protección del aborto a la aplicación de la Decimocuarta Enmienda en la parte que protege la privacidad de las personas. En esa misma provisión se fundamentan otras sentencias que garantizaron el uso de anticonceptivos, el matrimonio homosexual y las relaciones entre personas del mismo sexo, derechos que ahora están en entredicho en manos del tribunal con la composición más conservadora de las últimas ocho décadas en Estados Unidos.
La orden que firma ahora Biden, que se detiene sobre la seguridad de las “clínicas móviles” que provean servicios de salud reproductiva, también prevé proteger la privacidad de las pacientes, así como su acceso a información precisa y la confidencialidad de sus datos. Para ello, se publicará una guía que deje claro a los médicos que, “con excepciones limitadas, no están obligados, y en muchos casos, no están autorizados, a divulgar la información privada de los pacientes, incluso a las fuerzas del orden”, según el texto de la Casa Blanca.
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