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Detenciones y abusos contra manifestantes pacíficos en Cuba fueron sistemáticos, denuncia HRW

De forma sistemática, el gobierno cubano llevó a cabo detenciones arbitrarias, maltrato contra detenidos y procesos penales abusivos en respuesta a las protestas pacíficas de julio de 2021, señaló este martes Human Rights Watch.

En protesta por las violaciones de derechos humanos a lo largo de décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19, miles de cubanos salieron a las calles en todo el país para participar en manifestaciones históricas. Sin embargo, las autoridades cubanas arrestaron a cientos de manifestantes y transeúntes.

Al menos un manifestante falleció, señala el informe de HRW, mientras que cientos siguen encarcelados o bajo reclusión domiciliaria, incluidos algunos menores de 18 años.

Diubis Laurencio Tejeda, un cantante de 36 años, murió el 12 de julio durante una manifestación en La Güinera, un barrio de bajos recursos en las afueras de La Habana. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una organización no gubernamental, señaló que un policía le disparó por la espalda.

Hasta ahora, dicen, nadie ha sido juzgado por su muerte.

HRW logró documentar a detalle violaciones a derechos humanos contra 130 víctimas en 13 de las 15 provincias cubanas, así como en la Isla de la Juventud, que se considera un municipio especial.

Detenciones y abusos contra manifestantes pacificos en Cuba fueron sistematicos

De julio a octubre, el organismo entrevistó a más de 150 personas, entre ellas, activistas, víctimas, familiares, periodistas, y abogados con conocimiento directo de los casos; consultó documentos judiciales, multas impuestas a manifestantes, artículos de prensa y publicaciones de organizaciones de derechos humanos cubanas; y corroboró numerosos videos y fotos.

De acuerdo con su informe, los patrones consistentes y reiterados de abusos por parte de múltiples fuerzas de seguridad en distintos lugares de Cuba sugieren de manera sólida que estas violaciones de derechos humanos responden a un plan deliberado de las autoridades cubanas para suprimir y reprimir la protesta.

 

Muchos de los detenidos fueron sometidos rutinariamente a abusos brutales durante su detención, incluyendo casos de violencia de género, y decenas fueron procesados mediante juicios que violaron las garantías más básicas del debido proceso, señala el reporte.

“Cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio, el gobierno respondió desplegando una brutal estrategia de represión destinada a infundir miedo entre la población y reprimir el disenso”, señala Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch.

“Manifestantes pacíficos y otros críticos han sido sistemáticamente detenidos, incomunicados, sometidos a abusos en condiciones carcelarias nefastas, y juzgados en procesos que son una verdadera farsa”, dice. “Los patrones en estos abusos demuestran que claramente no se trata del resultado de conductas abusivas de unos pocos oficiales”.

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Entre los funcionarios implicados en abusos figuran miembros de los servicios de inteligencia de Cuba, conocidos como “seguridad del Estado”; las fuerzas militares, la policía nacional y la brigada especial del Ministerio del Interior conocida como “boinas negras”.

Las “brigadas de respuesta rápida”, nombre por el que se conoce a grupos de civiles organizados por el gobierno, estuvieron implicadas en varias golpizas. Además, jueces y fiscales, que en Cuba no tienen ninguna independencia respecto del gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en ellos.

 

Díaz-Canel convocó a la violencia
Cuando comenzaron las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz-Canel instó a sus partidarios y fuerzas de seguridad a responder a las protestas con violencia.

“Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución”, manifestó entonces. “La orden de combate está dada”.

De acuerdo con HRW, varias organizaciones indicaron que ese día hubo interrupciones del servicio de internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales.

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“El gobierno cubano ha recurrido en reiteradas ocasiones a las restricciones de internet para limitar la posibilidad de los críticos de movilizarse”, señala en un comunicado.

Human Rights Watch también determinó que los agentes detuvieron reiteradamente a manifestantes pacíficos y transeúntes e impidieron que muchas personas protestaran, arrestando a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones.

Más de mil personas fueron detenidas, según la organización cubana de derechos humanos Cubalex; de las cuales, más de 500 siguen encarceladas y muchas otras se encuentran bajo reclusión domiciliaria.

La investigación de Human Rights Watch indica que las manifestaciones de julio fueron abrumadoramente pacíficas. Muchos manifestantes gritaron “¡libertad!” o “patria y vida”, en referencia a una canción que desafía el eslogan del régimen, “patria o muerte”, y critica la represión en el país.

En los 130 casos documentados en detalle por HRW, las autoridades cubanas acusaron solo a un puñado de detenidos de participar en actos violentos, la mayoría de las veces por arrojar piedras durante las protestas.

“En la mayoría de estos casos, los detenidos o sus familiares negaron que estos hayan incurrido en actos de violencia, y en todos ellos los procesos penales se vieron marcados por graves violaciones al debido proceso y las condenas solicitadas o impuestas por las autoridades cubanas contra los detenidos parecen infundadas y excesivas”, dice HRW en un comunicado.

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En la mayoría de los casos que documentó la organización, los detenidos estuvieron incomunicados varios días o incluso semanas, fueron arrestados con violencia y en algunos casos recibieron maltrato durante la detención.

“Algunas víctimas fueron obligadas a hacer sentadillas desnudas, privadas del sueño, golpeadas brutalmente o encerradas en celdas sin luz natural donde señalaron que perdieron noción del tiempo”, detalla. “A otras se las amenazó con represalias contra ellas o sus familiares por protestar”.

También señala que la mayoría de los detenidos fueron sometidos a interrogatorios abusivos, en los cuales se les preguntaba por la “organización” y el “financiamiento” de las manifestaciones y se les amenazó con largas penas de prisión.

Cita como ejemplo el caso de Gabriela Zequeira Hernández, estudiante de 17 años detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasó por donde había una manifestación el 11 de julio.

Durante el tiempo que estuvo detenida, dos agentes mujeres la obligaron a hacer cinco sentadillas desnuda mientras tosía y se presionaba a sí misma el estómago; una agente le ordenó que se inspeccionara su propia vagina con un dedo; días después, la amenazaron con llevarla a la zona donde los detenidos reciben visitas conyugales. Le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”.

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El 22 de julio, Zequeira fue condenada a ocho meses de cárcel por “desorden público”. Solamente se le permitió ver a su abogado particular pocos minutos antes de la audiencia. Un tribunal superior le permitió cumplir la pena bajo reclusión domiciliaria.

Muchos detenidos fueron sometidos a celdas oscuras, hacinadas e insalubres con escaso acceso a agua limpia o mascarillas para evitar la propagación del coronavirus.

Muchos manifestantes pacíficos han sido condenados en procesos penales “sumarios” en los que no se respetaron garantías básicas del debido proceso. Los fiscales a menudo los acusaron de delitos vagos e imprecisos, como “desorden público”, basándose únicamente en testimonios de agentes de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades violaron sistemáticamente el derecho de los detenidos a un juicio justo, dice el comunicado. Los familiares y abogados de los detenidos rara vez tuvieron acceso a los expedientes penales o a copias de las sentencias, lo cual hace prácticamente imposible que ejerzan una defensa legal. En los pocos casos en los cuales los detenidos contaron con representación legal, los abogados solo pudieron hablar con ellos unos minutos antes del juicio.

El 19 de agosto, las autoridades cubanas informaron que 67 personas habían sido condenadas en relación con las protestas. En la mayoría de los casos, los manifestantes pacíficos fueron condenados a entre 10 meses y un año de cárcel, aunque algunos fueron enviados a reclusión domiciliaria tras apelación o fueron liberados después de pagar una multa, reporta Human Rights Watch.




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Neto

Soy Neto, creador de LaNetaNeta.com Me apasiona leer y aprender, disfruto escribir y compartir publicaciones interesantes con el publico.

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