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EE.UU. acusa a dos ciudadanos chinos de presuntamente operar una red de lavado para Cártel de Sinaloa y CJNG


Una acusación formal, dictada en el Distrito Este de Virginia dada a conocer por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, imputa a dos ciudadanos de nacionalidad china por su presunta participación en una conspiración transnacional de blanqueo de capitales vinculada a organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, específicamente el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Ruhuan Zhen y Hongce Wu. De acuerdo a los documentos, la red criminal operó desde al menos noviembre de 2016 y hasta abril de 2025. Durante este periodo presuntamente blanquearon volúmenes sustanciales de ingresos procedentes de la importación y venta de narcóticos ilícitos, incluyendo cocaína y fentanilo.

Los acusados y sus cómplices, quienes operaban en una red con ramificaciones en Estados Unidos, México, América Latina, China y otros lugares, presuntamente utilizaron diversos métodos clandestinos y de alta sofisticación para mover el dinero ilícito sin ser detectados por las autoridades financieras: transferencias espejo y utilización de cuentas bancarias en el extranjero, uso de aplicaciones de comunicación encriptadas para coordinar las operaciones, verificación de números de serie, y esquemas de lavado de dinero basado en el comercio

Según el documento, Zhen y Wu fueron acusados formalmente el pasado 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, pero hasta el momento, ambos sujetos siguen en libertad.

De ser declarados culpables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, cada uno de los acusados enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia definitiva será determinada por un juez de un tribunal federal de distrito, considerando las Directrices de Sentencia de los EE.UU. y otros factores legales.

El anuncio de la acusación fue realizado de manera conjunta por el fiscal general adjunto, A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, y la agente especial al mando, Cindy Marx, de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la cual contó con el apoyo técnico y logístico de múltiples oficinas de la agencia a nivel internacional y local, entre ellas las oficinas de país en Bogotá (Colombia) y Dubái (Emiratos Árabes Unidos), así como diversas divisiones de campo en ciudades estadounidenses como Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta, Memphis, Lexington, Charleston y Charlotte.

Por su parte, el proceso judicial está en manos de la fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Blanqueo de Capitales, Narcóticos y Decomiso (MNF), y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, con la asistencia sustancial de la fiscal de la MNF, Caylee E. Campbell.

Este golpe forma parte de la Operación “Take Back America”, una iniciativa nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. diseñada para movilizar recursos con el fin de eliminar por completo a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, repeler la inmigración ilegal y proteger a las comunidades de delitos violentos. La misión de la división MNF en este marco es privar al crimen de sus beneficios económicos, persiguiendo tanto a los líderes de los cárteles como a los facilitadores financieros e instituciones que amenazan el sistema financiero estadounidense.



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