Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, el pasado miércoles en el Capitolio.WILL OLIVER (EFE)
La cuenta atrás está en marcha. El nuevo año fiscal de Estados Unidos empieza el 1 de octubre y el Congreso no ha aprobado aún las leyes que habilitan el gasto para el nuevo ejercicio. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no ha logrado para sus propuestas el apoyo del ala dura republicana, espoleada por el expresidente Donald Trump. La veintena de representantes más radicales exigen recortes drásticos de gasto que ni parte de sus compañeros de partido ni el Senado, de mayoría demócrata, están dispuestos a aceptar. Queda solo esta semana para lograr un acuerdo que parece muy difícil. Incluso la alternativa de una prórroga temporal de las partidas de gasto está de momento bloqueada, lo que amenaza con provocar el llamado cierre del Gobierno, esto es, la suspensión de parte de los servicios públicos no esenciales y del pago de los sueldos a los funcionarios de la Administración federal. La Casa Blanca ya se prepara para lo peor.
Los representantes más radicales no se han dado por satisfechos con la apertura formal de una investigación contra el presidente, Joe Biden, como paso previo a un posible juicio político (impeachment). McCarthy lo veía como un precio a pagar para ganar puntos entre esos representantes díscolos, pero no ha servido de mucho. El speaker es rehén del ala dura de su propio partido, que ya se rebeló contra él cuando pactó con Biden suspender por dos años el techo de deuda. Aquel acuerdo fijaba algunos recortes moderados del gasto y fue una gran victoria para el inquilino de la Casa Blanca. El pacto llevaba implícito que se aprobasen las partidas de gasto para el nuevo año, pero llegado el momento, los congresistas radicales no están dispuestos a ello.
“Vuelven a las andadas, incumplen su compromiso, amenazan con más recortes y amenazan con volver a cerrar el Gobierno”, decía Biden en un reciente discurso en las afueras de Washington. Este sábado, en una entrega de premios organizada por los congresistas afroamericanos, el presidente recordaba que había pactado ya con McCarthy. “Ahora, un pequeño grupo de republicanos extremistas no quiere cumplir el acuerdo, por lo que todos los estadounidenses podrían verse obligados a pagar el precio. Seamos claros. Si el Gobierno se cierra, eso significa que los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses van a tener que seguir trabajando, pero sin cobrar. Un cierre del Gobierno podría afectar a todo, desde la seguridad alimentaria a la investigación del cáncer, pasando por los programas Head Start [de educación y asistencia] para niños. Financiar el Gobierno es una de las responsabilidades más básicas del Congreso. Es hora de que los republicanos empiecen a hacer el trabajo para el que les eligió Estados Unidos. Hagámoslo”.
La exigua mayoría que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes (222 a 212) obliga a McCarthy a contar con los más extremistas. La alternativa sería un pacto con los demócratas, pero los radicales están dispuestos a pedir en ese caso la cabeza de su propio líder parlamentario. De la docena de leyes necesarias para mantener el funcionamiento normal del Gobierno, McCarthy no ha logrado apoyo siquiera para la que suele suscitar un mayor consenso, la que financia el Departamento de Defensa. Su propuesta fue derrotada por dos veces la semana pasada por la resistencia de algunos a seguir apoyando a Ucrania frente a la invasión rusa.
Los republicanos han comenzado a tramitar en la Cámara baja un paquete de cuatro proyectos de ley para financiar los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Estado y Operaciones Exteriores y Agricultura, fijando la votación para el martes, cuando regresen los legisladores, pero quedarían ocho leyes más pendientes e incluso esas siguen sin contar con el apoyo garantizado. Normalmente, lleva semanas o meses de negociaciones y enmiendas tramitar esas normas, que tienen que ser acordadas por ambas Cámaras y firmadas por el presidente, pero el tiempo apremia.
Trump azuza en la distancia: “Un día límite muy importante se acerca a fin de mes. Los republicanos en el Congreso pueden y deben dejar sin financiar todos los aspectos del Gobierno armado del corrupto Joe Biden, que se niega a cerrar la frontera y trata a la mitad del país como enemigos del Estado. Esta es también la última oportunidad para dejar sin financiación estos juicios políticos contra mí y otros patriotas. Fracasaron con el límite de la deuda, pero no deben fracasar ahora. Usen el poder de la billetera y defiendan al país”, escribió el jueves en Truth, su red social.
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Con menos de una semana de margen, la única posibilidad de evitar un cierre del Gobierno sería una prórroga temporal. Los republicanos han presentado en la Cámara de Representantes una propuesta de habilitación temporal de gasto hasta el 31 de octubre, llamada resolución de continuidad, pero choca con el ala dura (que exige incluir en ella medidas contra la inmigración en la frontera con México y recortes al Departamento de Justicia y el FBI que dificulten las investigaciones contra Trump) y tampoco cuenta con el apoyo demócrata (porque introduce recortes de gasto más allá de lo pactado). Quedaría una última posibilidad: que el Senado apruebe su propia resolución de continuidad pactada entre ambos partidos (el ala dura no tiene influencia entre los senadores) y la remita a la Cámara baja, donde podría salir adelante con el apoyo de los moderados de ambos partidos.
La oficina presupuestaria del Gobierno de Biden ha empezado a aconsejar a las agencias federales que revisen y actualicen sus planes de cierre. Los empleados federales podrían ser informados esta semana de si van a ser despedidos temporalmente. Millones de trabajadores federales, incluidos los militares, no cobrarían aunque sigan trabajando hasta que se aprueben los gastos. Eso sí, las pensiones de la Seguridad Social seguirían abonándose. Las agencias federales suspenderían todas las acciones que no se consideren esenciales, lo que comprometería inspecciones, autorizaciones, subvenciones y toda clase de políticas.
El presidente y los congresistas seguirán trabajando y cobrando, pero los miembros de su personal que no se consideren esenciales serían suspendidos. El poder judicial podría seguir funcionando durante un tiempo limitado gracias a remanentes de fondos y otras partidas. Pese a que está en el foco de los republicanos, la financiación de los tres fiscales especiales nombrados por Merrick Garland (que investigan a Trump, Joe Biden y su hijo, Hunter Biden) no se vería en principio afectada por un cierre del Gobierno, ya que se pagan a través de una asignación permanente e indefinida.
Programas esenciales
“Un cierre tendría un impacto devastador en programas esenciales de los que millones de personas dependen para su salud y seguridad”, según Bobby Kogan, director senior de Política Presupuestaria Federal del Center for American Progress (CAP). “Desde los centros preescolares Head Start hasta el suministro de agua potable, un cierre del Gobierno podría poner en peligro programas esenciales de los que dependen nuestras comunidades. Un cierre podría crear una incertidumbre innecesaria para millones de personas que dependen de estos programas todos los días”, añade.
También tendría impacto sobre la economía, aunque depende en gran medida de cuál sea su duración. “Las posibilidades de que se produzca un cierre del Gobierno este otoño son más probables de lo que parece, pero creemos que solo tendrá un leve impacto en la actividad —alrededor de 0,2 puntos porcentuales del PIB anualizado por semana— y que la mitad de ese impacto se revertirá. En general, es poco probable que tenga un impacto relevante en el PIB del cuarto trimestre, pero se produce en un momento en el que creemos que la economía se contraerá”, dicen los analistas de Oxford Economics.
La paralización de la Administración impediría publicar estadísticas de empleo e inflación, de las que la Reserva Federal depende en buena medida para fijar los tipos de interés. Si afecta a la actividad y enfría la demanda, es posible que el banco central evite dar una vuelta de tuerca más a su política monetaria y se salte la subida de 0,25 puntos que preveía para antes de fin de año.
Los desfases entre la aprobación de los presupuestos y el comienzo del año fiscal empezaron a provocar cierres de la Administración desde que el fiscal general Benjamin Civiletti argumentó que las agencias gubernamentales no pueden operar legalmente sin tener aprobada la financiación en una serie de dictámenes emitidos en 1980 y 1981. Desde entonces, se admite solo el gasto para funciones esenciales para la seguridad pública y las obligaciones constitucionales.
Desde 1976, se han producido 22 interrupciones en la financiación, 10 de las cuales se han saldado con el despido de trabajadores. La mayoría de los cierres significativos han tenido lugar desde la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y su mayoría conservadora exigieron recortes presupuestarios. El más largo, sin embargo, ocurrió entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente Trump y los demócratas del Congreso entraron en un punto muerto por su demanda de financiación para un muro en la frontera con México. Duró 35 días, en plenas Navidades, pero fue solo un cierre parcial porque el Congreso había aprobado algunas leyes de asignaciones para algunas áreas.
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