El sistema sanitario español es uno de los que mejor protege la economía de sus ciudadanos en Europa, al mismo nivel que Suecia o Reino Unido y solo por detrás de Irlanda, Eslovenia y República Checa. A esta conclusión ha llegado un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentado este jueves, que muestra que el 0,8% de los hogares se han empobrecido (o lo han hecho todavía más) después de afrontar pagos directos en salud. El principal causante de estos gastos, más allá de los medicamentos, es el dentista, con unas coberturas que están muy lejos de la media europea.
El estudio asegura que un 1,6% de los hogares incurrieron en lo que denomina como “gastos catastróficos” en salud: más del 40% de su capacidad, una vez pagados todos los bienes básicos. En la mitad de ellos (ese 0,8%) estos gastos les pueden dejar por debajo de la línea de la pobreza, según las estadísticas de 2019, las últimas disponibles.
Los autores señalan que estos “gastos catastróficos” son menores de lo que “cabría esperar”, ya que los pagos directos que hacen los españoles por la sanidad (medicamentos, ortopedia, productos sanitarios) es “relativamente elevada”: un 50% mayor que la media europea. El informe achaca esto a los puntos fuertes del Sistema Nacional de Salud (SNS): “Una cobertura sanitaria basada en la residencia, con la misma cobertura para los inmigrantes en situación no regularizada; una cartera de servicios completa en general; uso limitado de los copagos, y diferentes mecanismos para proteger a los usuarios de estos”.
La cruz de la moneda es el dentista y los productos sanitarios, “principalmente porque la atención dental y óptica están excluidas en gran medida de la cobertura del SNS”. Además, entre el 20% más pobre de la población los copagos en los medicamentos ambulatorios también causan gastos casi inasumibles. En estas capas de la población el coste de la salud lleva a producir “necesidades insatisfechas”: los ciudadanos se privan de medicinas o servicios que no pueden pagar. Según el Consejo General de Dentistas de España (CGDE) hay un 21% de la población (muy probablemente, también el quintil con menos ingresos) que no accede a salud bucodental porque no se lo puede permitir.
Los hogares más ricos dedican una mayor parte del gasto directo a las categorías relacionadas con la atención dental (atención dental, productos sanitarios y atención ambulatoria) y la atención hospitalaria, mientras que los más pobres lo destinan a medicamentos. Esto indica, según el documento, estas familias priorizan el gasto en fármacos sobre la atención dental, “lo que pone de manifiesto la elevada desigualdad”. “Los pagos directos pueden no ser un problema si son pequeños o si los pagan personas que pueden permitírselo, pero incluso los pequeños pueden causar dificultades financieras a las personas pobres y a las que tienen que pagar tratamientos de larga duración, como los medicamentos para enfermedades crónicas”, reza el informe.
Enrique Bernal, investigador principal del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y uno de los autores del estudio, explica que el margen de mejora de España está en buena parte en una mayor protección a ese 20% más pobre de la sociedad. “En el informe no decimos que haya que invertir más o menos dinero. Sería interesante un nuevo diseño del copago para que los gastos de estos hogares en salud no fuera tan elevado en proporción a su renta”, explica. Para lograrlo se podría aplicar más progresividad, que es pequeña (entre una renta de 18.000 y de 100.000 se paga lo mismo) y solo afecta a los pensionistas. “La pobreza es igual entre las personas activas que entre las pensionistas. De hecho hemos visto que estos últimos han llevado mucho mejor la crisis [financiera que empezó en 2008] que las familias”, continúa Bernal.
El gasto de riesgo o “catastrófico” repuntó entre 2008 y 2014 con motivo de la crisis. Comenzó a descender en 2016, pero en 2019 seguía por encima de los niveles anteriores a ella. Las características de los hogares con gasto catastrófico cambiaron durante el periodo estudiado: pasaron de ser encabezados por personas mayores y pensionistas a ser los de personas en edad de trabajar (entre 35 y 50 años), tanto empleadas como desempleadas y parejas con hijos.
Las carencias de la cobertura dental, óptica y en audífonos
La salud bucodental, dice Óscar Castro, presidente del CGDE, es “la gran promesa electoral de los partidos en campaña y la gran olvidada cuando gobiernan”. Cada familia gasta unos 500 euros anuales en el dentista, según el INE. En los últimos presupuestos generales del estado se asignaba a salud dental 44 millones de euros, menos de uno por español. Si bien el mayor peso recae en las comunidades autónomas e incluso existen aportaciones municipales, la cobertura queda lejos de ser universal.
El SNS ha incluido en los últimos años cobertura en la salud bucodental en niños, que incluye endodoncias, empastes o revisiones, pero en adultos la cartera es mucho más escasa y se limita al tratamiento de infecciones y extracciones que sean necesarias. No incluye, por ejemplo, el tratamiento preventivo, que según Castro es la verdadera inversión: “Por cada 12 euros gastados en curar patologías se necesitaría solo uno en prevención (revisiones, limpiezas…)”.
Y, sobre todo, el sistema público deja fuera el gasto más grande a medida que avanza de edad: las prótesis dentales. Desde 2015, el SNS cubre los implantes de las personas que han perdido los dientes debido a un tratamiento contra el cáncer y las personas con malformaciones congénitas. Todos los demás servicios dentales deben pagarse íntegramente o mediante seguros privados. El presupuesto público solo cubre un 1% del gasto dental de los españoles, frente al 30% de la media europea.
Al menos, apunta Enrique Bernal, se ha asumido que es necesario avanzar en estas coberturas, algo que parece que todavía no se contempla para otros gastos de salud importantes: los relacionados con la óptica y los audífonos, que también se acercan a los 500 euros anuales por familia, según el INE. A excepción de los diagnósticos de los programas preventivos para menores de 16 años, la atención óptica no tiene ningún tipo de cobertura. Las personas deben pagar íntegramente los servicios. “No existen estadísticas oficiales sobre las necesidades insatisfechas de atención óptica”, asegura el informe de la OMS. En cuanto a audífonos, el SNS solo cubre los de niños y adultos menores de 26 años.
Capítulo aparte merece la salud mental. Bernal reconoce que es preocupante porque “no existe suficiente información” como para valorar los gastos en los que incurren las familias. Los datos que sí se conocen no dibujan un panorama optimista: en España hay 11 psiquiatras por 100.000 habitantes, cinco veces menos que en Suiza (52) y menos de la mitad que en Francia (23), Alemania (27) y Holanda (24); y seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en la red pública, solo un tercio de la media europea.
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