El fantasma del Generalísimo, de los prebostes del régimen que lo agasajaban y del pueblo sometido a los caprichos del poder tomará este lunes el antiguo edificio de la Audiencia Provincial de A Coruña, donde hasta el viernes se celebrará el juicio para dilucidar a quién pertenece el pazo de Meirás (Sada, A Coruña). El juzgado de Primera Instancia número 1 de ha dividido la primera sesión en dos bloques, de tal manera que en la primera parte de la mañana están citados como testigos, a petición de las partes personadas como demandantes, varios vecinos de Meirás, un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña y el último de los llamados “guardias hortelanos”, un miembro de la Guardia Civil que custodió la mansión hasta 1990.
En un segundo bloque de comparecencias, se prevén las declaraciones de tres testigos llamados por la defensa de los Franco. Primero entrará en la sala Esteban Medina Mancebo, que fue secretario particular de la viuda del dictador, Carmen Polo, y de su hija Carmen Franco, también ya fallecida, en diciembre de 2017. Después declarará Ramón Rodríguez Ares, reconocido simpatizante de Franco y, entre 1979 y 2007, alcalde de Sada, el municipio en el que se enclava el palacete, como cabeza de lista de AP, el PP y en los últimos años el Partido Demócrata Sada Popular. El último testigo propuesto por los Franco será Fernando Quiroga Piñeiro, suegro de Arancha Martínez-Bordiú, una de los seis nietos demandados por el Estado.
Quiroga se implicó en la dirección de la rehabilitación del pazo, parcialmente destruido por un incendio que se produjo en 1978 y sobre el que nunca se disiparon las incógnitas. Meirás fue acondicionado bajo la tutela de este testigo, que en tiempos fue director general de Fenosa y presidente del club de golf de A Coruña, para volver a utilizarse como residencia de recreo de los Franco desde 1996. La boda de la nieta del dictador con el hijo de Quiroga sirvió para reinaugurar el inmueble que había estrenado la escritora Emilia Pardo Bazán a principios del siglo XX.
Así que con el eco en blanco y negro de aquellas entregas del nodo que mostraban los paseos por Meirás de Francisco Franco, su familia y su corte (y sobre todo con aquello que sucedió tras la muerte del jefe del Estado, cuando su prole siguió disfrutando del inmueble, sus instalaciones anexas y su inmensa finca), comenzará el juicio que determinará si aquellas torres deben ser devueltas al patrimonio público, como reclama la abogacía del Estado.
Hace justo ahora un año, en julio de 2019, y al tiempo que estaba candente la polémica por el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos, el Estado reclamó judicialmente la devolución. El abogado encargado de la demanda, Javier Suárez, se basa en el hallazgo de un acta notarial de compraventa fechada en 1938, anterior a otra escritura de 1941 que considera “fraudulenta”, la única conocida hasta el año pasado, con la que el dictador habría “simulado” su adquisición a título particular del inmueble. El letrado del Estado, además, defiende que el mecanismo por el que Meirás fue adquirido mediante cuestación forzosa y dinero de las Administraciones locales a través de una junta de prohombres del régimen fue un “proceso coactivo”. El letrado de los nietos de Franco (demandados junto a su sociedad, la mercantil Prístina, SL), Luis Felipe Utrera, reconoce que el palacete enclavado en una ladera de Sada fue “un regalo” a Franco, pero niega todo lo demás. En la causa contra Carmen, Jaime, Aránzazu, Cristóbal, María del Mar y María de la O Martínez-Bordiú también están personados la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña y los Ayuntamientos de Sada y A Coruña.
Según la abogacía del Estado, los sucesores de Emilia Pardo Bazán, primera dueña de las llamadas Torres de Meirás, vendieron dos veces la propiedad que habían heredado, por lo que una de esas transacciones no puede ser auténtica. El documento de 1938 que se descubrió el año pasado mientras el Gobierno indagaba posibles vías para recuperar Meirás sirvió para construir la demanda. A lo largo de casi 100 folios la Abogacía hace repaso del contexto histórico de la compra y reclama la restitución del conjunto declarado BIC en 2008 por el Gobierno bipartito de la Xunta. Según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, esta acta fechada dos años después del fin de la guerra y firmada ante notario en el despacho del gobernador civil del momento confirma que el contrato de venta a Franco tres años después fue “fraudulento” porque ya era residencia de la Jefatura del Estado.
Cuestación forzosa
Según defiende la Abogacía del Estado, el protocolo notarial hallado demuestra que la propiedad ya había sido comprada el 3 de agosto de 1938 por la Junta pro Pazo (que formaban personalidades del régimen) por 406.346 pesetas a los herederos de Pardo Bazán. El dinero había sido adelantado en hipoteca por el Banco Pastor y se pagó con una cuestación popular que, al fracasar, se convirtió en forzosa, con cantidades que se restaban de las nóminas de los funcionarios y de las arcas de los Ayuntamientos de la provincia. Pese a esto, tres años más tarde, el 24 de mayo de 1941, se celebró un contrato de compraventa en escritura pública entre Franco (representado en el acto por Pedro Barrié, dueño del Pastor) y Manuela Esteban-Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán. El pazo de Meirás llevaba casi tres años ocupado y en plenas obras de reforma al gusto de Carmen Polo, amante de las antigüedades. Así que para los letrados del Estado ese escrito de 1941 solo tuvo una finalidad: crear “artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese mismo inmueble por un precio de 85.000 pesetas”, una cantidad, apunta la demanda, “irrisoria”.
Los demandantes tratan de demostrar que Meirás fue vendido por la familia de Pardo Bazán “para un fin público” y regalado a Franco “en calidad de Jefe del Estado”, no como “persona física”. También blanden el hecho de que dentro de los terrenos del pazo hubiera una explotación agraria de la que se hacía cargo la Administración central y que hasta 1990 se ocuparon de la vigilancia guardias civiles que vivían en otra de las edificaciones (una torre construida sobre la vivienda expropiada de una vecina). Argumentan también que no fue Franco, sino el Ayuntamiento de Ferrol, el que pagaba la contribución del palacete.
Hasta el jueves o el viernes, una fecha que se decidirá según vayan evolucionando las sesiones del juicio, tras los primeros testigos desfilarán por la sala diversos peritos, como catedráticos de Derecho o investigadores que profundizaron durante décadas en el proceso de incorporación del pazo y las propiedades colindantes al patrimonio particular de Franco. Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, por ejemplo, acudirán en calidad de testigos-peritos por ser autores de un informe sobre obras ejecutadas por el Ministerio del Ejército en el pazo, y también coautores del mayor estudio histórico sobre los avatares de la mansión: el libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio.
23 años de investigación
Babío empezó a rastrear el proceso de expropiación de terrenos hace ahora ya 23 años, y es nieto de la madre viuda que habitaba una casa del pueblo que acabó atrapada dentro del muro que se le construyó al pazo. Esa vivienda que se le expropió forzosamente, tal y como él recoge en sus trabajos, terminó transformándose en una torre almenada en la que vivían los guardias civiles a cargo del erario público que vigilaban la propiedad durante todo el año.
También el martes declarará como perito Xosé Manoel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago (USC) y presidente de la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para elaborar un informe (junio de 2018) sobre las vías para recuperar Meirás para el patrimonio público. El miércoles, en este juicio que será retransmitido por streaming a los medios a causa de las restricciones de la pandemia, comparecerá Emilio Grandío, profesor de Historia Contemporánea de la USC y vocal de esa misma comisión de expertos (hubo otra comisión investigadora en la Diputación de A Coruña). Y como peritos en leyes le seguirán otros dos vocales de la comisión de la Xunta, Luis Míguez Macho (catedrático de Derecho Administrativo de la USC) y José Manuel Busto Lago (catedrático de Derecho Civil de la Universidade da Coruña).
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