Tras varios intentos frustrados, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, logró huir del país en la madrugada de este miércoles a bordo de un avión militar con destino a Maldivas, según ha confirmado la oficina del primer ministro. La fuga del líder esrilanqués se produjo horas antes de tener que presentar su dimisión oficial ante el Parlamento como había anunciado el sábado, después de que cientos de miles de manifestantes tomaran el palacio presidencial en protesta por la grave crisis económica y de desabastecimiento que sufre la nación, la mayor desde la independencia del Reino Unido en 1948. El primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, ha impuesto el toque de queda en la Provincia del Oeste, donde se ubica Colombo, la capital, y ha decretado el estado de emergencia en toda la isla.
El presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, ha informado de que Rajapaksa autorizó al primer ministro a ejercer las funciones de presidente de forma interina. Miles de personas, no obstante, siguen protestando en las calles contra el Gobierno. Grupos de manifestantes se han enfrentado este miércoles a la policía en los alrededores de las oficinas del primer ministro en Colombo.
Fuentes oficiales citadas por medios locales afirman que ni el Parlamento ni la secretaría del presidente han recibido aún su carta de renuncia de Rajapaksa. Los analistas consultados por la prensa local opinan que el jefe del Estado, quien goza de inmunidad judicial mientras ostente el cargo, habría abandonado el territorio antes de comunicar el cese de sus funciones para evitar ser arrestado.
El coronel Nalin Herath, portavoz del Ministerio de Defensa de Sri Lanka, confirmó este miércoles que Rajapaksa, de 73 años, y su mujer, Ioma, aterrizaron en Malé, la capital de Maldivas, en un avión de las Fuerzas Aéreas a las 3.07, hora local (00.07 de Madrid). La prensa local ha informado de que el mandatario, que también posee nacionalidad estadounidense, viajará a otro país en las próximas horas. El alto comisionado de la India en Sri Lanka ha desmentido esta mañana los rumores de que la nación vecina había brindado ayuda al matrimonio.
Rajapaksa, a quien no se le ha visto en público desde el viernes, ya había intentado fugarse en al menos dos ocasiones. El lunes, varios de sus asistentes se presentaron en el aeropuerto de Colombo con 15 pasaportes pertenecientes al propio Gotabaya y otros miembros de su familia, quienes habían reservado asientos para un vuelo comercial a Dubái. Los funcionarios de inmigración, sin embargo, no aceptaron iniciar el proceso de registro y facturación porque los Rajapaksa no habían acudido personalmente a realizarlo. La familia tampoco logró embarcar en un segundo vuelo, esta vez a Abu Dabi, por negarse a hacer la cola con el resto de pasajeros. En ambas ocasiones, se encontraban en una sala privada del aeropuerto, a la espera de recibir la luz verde para subir al avión.
El clan de los Rajapaksa ha dominado durante dos décadas la política de esta nación insular situada al sur de la India. Gotabaya, quien asumió la presidencia en noviembre de 2019, sería el último miembro de esta dinastía en abandonar el Gobierno en los últimos meses. En mayo, su hermano Mahinda, que gobernó el país entre 2005 y 2015, fue destituido como primer ministro ante la creciente presión popular. Semanas antes habían renunciado a sus cargos de ministros sus otros dos hermanos, Basil y Chamal, así como sus tres sobrinos, también parte del Ejecutivo.
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Sri Lanka, que en 2014 fue una de las economías que más rápido creció en la región, se encuentra sumida en la peor crisis de la que se tenga constancia. La población lleva saliendo a las calles desde marzo, acusando a los líderes de corruptos y de haber llevado al país a la ruina con su mala gestión. La toma del palacio presidencial y otros edificios oficiales, donde continúan atrincherados los manifestantes a la espera de la dimisión del presidente y del primer ministro, fue la culminación a estos meses de protestas. Desde el sábado, miles de curiosos han acudido a la mansión del presidente, para disfrutar de lujos como la piscina o el gimnasio.
La transición hacia un nuevo Gobierno queda ahora en manos de un Parlamento que durante años no ha cumplido con las expectativas de esta nación de 22 millones de habitantes, con legisladores y partidos políticos enzarzados en prolongadas luchas internas por el poder en lugar de en busca del beneficio de la ciudadanía.
De acuerdo con la Constitución, cuando el jefe de Estado dimite, el primer ministro asume automáticamente sus responsabilidades como interino, hasta que el Parlamento elija un nuevo líder que ostente el poder el resto de legislatura, que finaliza en 2024. No obstante, que el premier Wickremesinghe sea presidente en funciones no es una solución válida para los manifestantes, quienes también han cuestionado su labor. Wickremesinghe comunicó el sábado a través de Twitter que daría un paso atrás, aunque no ha especificado en qué fecha.
De oficializarse el cese de Gotabaya, está previsto que la cámara legislativa se reúna para formar un nuevo Gobierno multipartidista el 20 de julio. Entre los nominados a la presidencia se encuentran un diputado del Frente Popular de Sri Lanka, leal a los Rajapaksa y con la mayoría de los escaños, y el líder de la oposición, Sajith Premadasa, hijo del presidente asesinado en un ataque terrorista en 1993.
Sri Lanka, oficialmente en bancarrota, necesita más de 5.900 millones de euros en ayudas para salir adelante los próximos seis meses. En las últimas semanas las autoridades habían acelerado las conversaciones con el FMI para obtener nuevas fuentes de financiación, aunque el incierto panorama político no favorece que se alcance un acuerdo. Su economía enormemente dependiente del turismo y las remesas se vio profundamente afectada por el impacto de la covid-19, mientras que el desplome de la moneda local encareció el precio de las importaciones de combustible, medicamentos y alimentos, bienes básicos que resultan prácticamente imposibles de obtener. La inflación rozó el 55% en junio, y el Banco Central advirtió que podría alcanzar el 70% en los próximos meses.
En plena crisis de alimentos, los agricultores están sufriendo las consecuencias de una normativa impuesta el año pasado por la que se prohibió el uso de fertilizantes, lo que dificulta labrar las tierras. La población, además, tiene que guardar largas colas para comprar gas butano para cocinar y, ante los apagones diarios (que llegan a extenderse durante más de 13 horas), las autoridades se han visto obligadas a racionar la gasolina y ordenar el cierre de las administraciones no esenciales y las escuelas para reducir los desplazamientos.
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