Nuevo capítulo en el caso Kitchen. Manuel García-Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional, ha ordenado celebrar un careo entre Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior, y su antiguo número dos, Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. El juez adopta esta decisión después de que ambos prestasen declaración la pasada semana como imputados y ofreciesen versiones opuestas sobre la trama de espionaje a Luis Bárcenas sin control judicial, que tenía por supuesto objetivo arrebatar al extesorero del PP documentos comprometedores para altos cargos del partido conservador.
El instructor ha fijado la cita para el próximo 13 de noviembre. Ese día, si no se producen nuevos giros de guion, se verán las caras en el juzgado el exministro y su antigua mano derecha, después de que el primero de ellos asegurara el pasado viernes que se enteró de la Operación Kitchen exclusivamente por la prensa y negara la versión de su anterior subordinado. Martínez había dicho solo un día antes que la cúpula política del ministerio estaba al tanto del dispositivo irregular y que, es más, fue el propio Fernández Díaz quien le telefoneó en julio de 2013 para comentarle la existencia de un confidente en el entorno de Bárcenas, Sergio Ríos, entonces chófer del extesorero popular.
Durante su declaración, el exministro de Interior también negó la veracidad de los mensajes de móvil que guardaba el exsecretario de Estado y que lo incriminan. En uno de ellos, presuntamente enviado por Fernández Díaz, se leía: “Chofer B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor captado para espiar al extesorero y a su esposa, Rosalía Iglesias. En otro, se indicaba que “la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y un iPad)”, aludiendo así a los teléfonos de Bárcenas y su pareja que la trama logró sustraer.
“Dada cuenta de la importancia de [los mensajes] y la carga incriminatoria que poseen, atendidas las contradicciones entre las manifestaciones del antiguo secretario de Estado y el ex ministro del Interior, este magistrado entiende necesario volver a citar a ambos investigados para que comparezcan conjuntamente, a fin de someterles a un careo”, explica García-Castellón en un auto dictado este mismo martes. La legislación prevé este tipo de citación para que el instructor pueda enfrentar in situ las versiones de los dos investigados y tenga así otra herramienta más para valorar de primera mano la veracidad de sus testimonios. En su escrito, además, el juez plantea a Fernández Díaz la posibilidad de que aporte voluntariamente su móvil anterior al que usa actualmente “con la finalidad de corroborar o descartar el envío de los mensajes que fueron protocolizados por el señor Martínez”.
Además de esta iniciativa, García-Castellón también ha decidido citar como testigo a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, por su papel en la gestión de los fondos reservados. El integrante del instituto armado, muy conocido por su labor de coordinación para tratar de frenar el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, ocupó el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado que encabezaba Martínez. Y precisamente, el ex número dos del Ministerio, lo señaló como la persona encargada de la “contabilidad de los fondos” y de “verificar el destino de los mismos”. Ya se ha acreditado que se utilizaron, al menos, 53.000 euros de ese dinero público para pagar al chófer una retribución mensual de 2.000 euros y comprarle una pistola.
El “centro nuclear” de la trama
Los investigadores sitúan a Fernández Díaz y su ex mano derecha en el “centro nuclear” de la trama, según escribió el propio magistrado en un auto anterior. La antigua cúpula de la Policía Nacional, imputada por los hechos, señaló que los responsables políticos estaban al tanto del plan contra Bárcenas. Así lo aseguró al juez el entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino. Y también el comisario jubilado Enrique García Castaño, exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y encargado de coordinar a los agentes que espiaron al extesorero: “A mí se me transmite desde el Ministerio del Interior que era en realidad para descubrir si Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del PP en los que aparecía la financiación que había recibido el PP de donaciones, pagos…”.
A través de su auto de este martes, García-Castellón también cita a declarar de nuevo como imputado a Marcelino Martín Blas, el comisario que estaba al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía —un grupo que, según sospecha el juez, también pudo poner en marcha seguimientos al extesorero—. El magistrado también llama como testigos a varios agentes de esa unidad y a Oliver Zugel, a quien se identifica como un socio de un fondo de inversión con sede en Delaware y sobre quien se halló numerosa documentación en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo.
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