Han bastado 14 meses para que todo salte por los aires: su partido, Democracia Ourensana (DO), y la estabilidad del Gobierno municipal. Gonzalo Pérez Jácome, el pequeño empresario local que se convirtió en alcalde de Ourense gracias a un pacto con su gran enemigo político, el dirigente del PP José Manuel Baltar, y cuyos modos estrafalarios le permitieron ganar celebridad en las redes sociales, hace equilibrios para mantenerse. Empeñado en ser alcalde de su ciudad, pese a obtener la tercera posición en las municipales de 2019, aseguró que pactaría con el diablo para conseguirlo. Lo hizo.Ahora su particular demonio —Baltar, al que fustigaba sin piedad desde la televisión local de la que es propietario— le echa la zarpa. Jácome ha perdido la confianza de todos los concejales de su partido, excepto uno. Lo acusan de no informar del destino del dinero de fondos públicos que recibe DO y han acudido a la Fiscalía para que lo investigue y pedido su dimisión. Baltar los ampara. Atrincherado en la alcaldía, Jácome, resiste y pide calma a los ciudadanos. En el aire resuenan aún las palabras que el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, pronunció en 2019, apenas unas semanas antes de que su partido entregase la alcaldía a quien durante años había ejercido de látigo de todos los políticos locales en las tertulias subidas de tono de su televisión: “Sería letal para Ourense tener a Jácome de alcalde”.El regidor se enfrenta estos días prácticamente a toda la corporación local. Cinco de los siete concejales del partido fundado por él han declarado la guerra. Lo mismo que el grueso del ejército de asesores que contrató y que ha repartido entre el Ayuntamiento y la Diputación: 27, el máximo legal, tantos como concejales tiene la corporación.Sus ediles lo acusan de “opacidad en la administración de las cuentas” del partido. Aseguran que no informa del destino de más de 95.000 euros de fondos públicos y que obliga a los asesores a entregar al partido buena parte de las nóminas que perciben sin que sepan a dónde va ese dinero.Desde que trascendió la guerra fratricida, esta semana, Jácome se ha mantenido aferrado al cargo. El jueves acudió, acompañado de un abogado, a una reunión con su grupo para intentar un acuerdo. Transcurridas 24 horas se enteró de que sus concejales se sentaron a negociar tras haberlo denunciado en la Fiscalía.Pese a la crispación generada, el alcalde intenta transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Reitera su “compromiso intacto” de luchar por la ciudad, convencido de que la denuncia se archivará ya que atribuye “fundamento cero” a “los rumores” de sus ediles díscolos, a quienes invita ya abiertamente a dimitir. Lo ha hecho uno este mismo viernes apelando a la ética.El alcalde, que se niega a hablar con la prensa, responde desde sus perfiles de Facebook y Tiwtter a las acusaciones. Afirma que todas las formaciones reciben “donaciones oficiales de políticos electos y/o personal eventual”. Y atribuye la escisión a una maniobra de su socio del PP por controlar el Plan General de Ordenación Urbana.“A nadie se le escapa que detrás de ciertos movimientos se esconden los intereses económicos espurios que siempre han gobernado esta ciudad”, tuiteó esta semana. Y explicó: “Mi lucha se centra en evitar pelotazos urbanísticos, léase un PXOM [el plan de ordenación] a pulir, así como concesiones infladas. No a todos gusta”. “Estaba en el aire que pasadas las elecciones autonómicas empezarían movimientos”, sentenció también. Ya había advertido con antelación desde sus redes sociales de su intención de retirar del planeamiento dos torres de 20 alturas junto al río Miño que su socio del PP, al frente de la concejalía de Urbanismo, insiste en mantener.“La gente cree que un político cuando gobierna tiene mucho poder. Y es cierto. Pero ese poder es inversamente proporcional a su integridad”, advirtió crípticamente antes de que trascendiese la crisis. Pese a que los suyos intentan acorralarlo, sabe que no puede prosperar una moción de censura (no salen las cuentas) y mantiene su hoja de ruta.En medio del caos, Rafael Rodríguez Villarino, portavoz del PSOE —la fuerza más votada, con 9 concejales— se ha postulado para poner orden. Ha ofrecido “diálogo sin exclusiones” a todas las fuerzas. Incluso valora presidir un gobierno de concentración para que la ciudad “arranque”. En ese diálogo ha incluido al PP —segunda fuerza, con 7 ediles— aunque rechaza hablar con Baltar, heredero de una dinastía familiar que lleva 30 años gobernando la provincia y al que responsabiliza de la situación.Ciudadanos —dos ediles— recrimina al PP que haya “colocado a este personaje” como alcalde y lo insta a “acabar con “este despropósito”. El BNG —otros dos concejales— insiste en que detrás de estos movimientos “están Baltar y el PP”. Lo que hay en juego, apunta, “son los intereses urbanísticos”.Los críticos de DO tildan de “totalmente insostenible” su relación política y personal con el alcalde. Aseguran que toda su gestión, no solo económica, es “absolutamente personalista, con mando autoritario y dictatorial, a parte de opaca”. Tras reconocer la “relación de desconfianza” con Jácome, a quien piden que dimita, destacan la “buena sintonía” con sus socios del PP.
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