El regreso del PRI, tres deslindes y la refundación | Artículo

Rogelio Muñiz Toledo

“Una oposición bien pertrechada mejora la calidad de la democracia”: Gianfranco Pasquino*

Luego de la derrota del 2000, en el PRI terminaron imponiéndose quienes se propusieron regresar a la presidencia de la República a como diera lugar, sin pasar por la refundación del partido y sin una propuesta para el cambio del régimen político, frente a quienes impulsaron la refundación del partido y la Reforma del Estado como proyecto político para recuperar el poder.

Quienes en el PRI apostaron por regresar al poder sin cambiar el régimen político, lo lograron en 2012. Su único objetivo fue impulsar las reformas estructurales para consolidar su proyecto económico. Nunca se propusieron modificar las prácticas políticas del antiguo régimen ni revisar el fallido modelo de desarrollo económico y de ejercicio autoritario del poder que llevó al país a los niveles actuales de pobreza, desigualdad, corrupción e inseguridad.

Si el proyecto de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI es solamente regresar al poder en 2024, como se desprende de su discurso y de su campaña propagandística, sin ir por la refundación del partido y sin proponer una agenda de cambio político para el país, estará cometiendo el mismo error en el que incurrieron el grupo de tecnócratas neoliberales y la llamada “nueva generación de priistas” -la de los ex gobernadores que terminaron en la cárcel o prófugos por actos de corrupción- que llevaron a Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República y al país al desastre.

Un PRI competitivo sería útil al sistema político y funcional para el desarrollo democrático del país, a condición de que su regreso a la competencia por el poder se diera bajo estas premisas: su refundación y no la simple renovación que propone Moreno Cárdenas, la recuperación efectiva de la agenda de reforma del poder de Luis Donaldo Colosio Murrieta y el viraje ideológico del partido hacia el centro-izquierda.

Para ello sería imprescindible que los órganos de dirección del partido -y no solo su presidente- estuvieran dispuestos a tres deslindes. Debieran deslindarse política, ideológica y programáticamente, en primer lugar, del modelo económico que ha fracasado en el imperativo de garantizar la libertad económica y las condiciones para el funcionamiento del mercado y la reproducción del capital y al mismo tiempo cumplir con las exigencias de la justicia social; en segundo lugar, del grupo político que llevó de regreso al PRI a la presidencia de la República en 2012 y cuyo único objetivo era consolidar el modelo de desarrollo impulsado por el grupo tecnocrático sucesor de aquel que treinta años antes impuso el programa neoliberal como un dogma; y, en tercer lugar, de la hegemonía política del presidente López Obrador y de la agenda política y legislativa de su gobierno.

En el discurso de toma de posesión de Alejandro Moreno Cárdenas como presidente del PRI no hay señales que apunten claramente hacia ninguno de estos tres deslindes.

Para deslindarse del fallido modelo de desarrollo que el PRI impulsó durante los últimos cuatro sexenios que gobernó el país, y cuya continuidad apoyó cuando fue oposición en los dos gobiernos panistas, no basta decir que se alejarán de “actuaciones vacilantes y coyunturales” y afirmar que el partido será el “cauce de las causas de la sociedad, para volver a ganar las elecciones”. Si en verdad en la nueva dirigencia quieren que el PRI esté “de parte de una socialdemocracia moderna”, como lo dijo Moreno Cárdenas en su discurso, deberán construir una propuesta de gobierno basada en políticas progresistas orientadas hacia la justicia social y abandonar la política económica de orientación neoliberal que dogmáticamente sostuvieron los gobiernos priistas desde 1982.

Desde 1996, el PRI es miembro con carácter consultivo, y desde 2003 miembro pleno, de la Internacional Socialista -la organización mundial de partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas que buscan establecer el socialismo democrático- y ha ocupado una de las vicepresidencias de la organización desde 2014. Sin embargo, los dos gobiernos emanados del PRI en ese periodo no han implementado políticas de corte socialdemócrata. Si en verdad pretenden cambiar su orientación ideológica hacia la socialdemocracia, será necesario que abandonen definitivamente el nacionalismo revolucionario y la ideología neoliberal adoptada bajo la etiqueta de liberalismo social y propongan un vía alterna para el desarrollo del país, en el que la justicia social sea no solo parte de su lema sino el eje de su programa de gobierno.

No es posible pretender inscribirse en la corriente socialdemócrata sin una revisión crítica de la política económica neoliberal y sin optar por un modelo de desarrollo en el que se garanticen las libertades económicas y políticas y en el que la relación entre mercado y Estado lleve a un equilibrio que permita una mejor distribución del ingreso y la implementación de políticas efectivas dirigidas a erradicar la pobreza, combatir la desigualdad y avanzar en la igualdad sustantiva.

Para deslindarse del pasado no basta con decir que no se van a “permitir comportamientos que deshonren al partido” y que el partido no asumirá los “costos de quienes tomaron decisiones equivocadas”. La corrupción no es un tema que pueda reducirse a la deshonra de una organización política ni es posible deslindarse de ella a partir de calificar como “decisiones equivocadas” a los actos de corrupción que caracterizaron al anterior gobierno.

El combate a la corrupción debe darse en el marco de una agenda de legalidad y de ética para el acceso y el ejercicio del poder y del impulso de una nueva cultura política y de instituciones que propicien la honestidad en el servicio público. Para deslindarse de la corrupción habría que empezar por rechazar explícitamente el juego de complicidades que ha llevado a los inadmisibles niveles de impunidad en los delitos de corrupción.

Para ser una alternativa de gobierno, creíble y confiable para los electores, sería necesario que la dirigencia del PRI se deslindara expresamente y sin titubeos del presidente López Obrador y de su programa de gobierno. No basta con presentarse como un nuevo PRI cuyo “destino” es “regresar a gobernar” y plantear que para ello basta “liberar al partido” y “regresarlo a sus orígenes” ni es suficiente con asumirse como los priistas que quieren “regresar al poder”; hay que tener una agenda política y social sólida para contrastarla con la del gobierno y con las de las oposiciones y defenderla en el Congreso.

Para ser una oposición competitiva con posibilidades reales de ser un alternativa de gobierno, no bastan la presencia territorial y la fuerza política con las que aún cuenta el PRI, se requiere tener y defender una agenda parlamentaria estructurada en torno al cambio político y social, pero sin caer en el error de votar todo en contra del gobierno, y saber negociar las reformas para la implementación de esa agenda. Como dice Gianfranco Pasquino, las oposiciones de izquierda deben ser “oposición social” y “oposición parlamentaria”.

Para convertirse en una alternativa real de gobierno, el PRI debería dar la batalla al PRD y a Movimiento Ciudadano por el centro-izquierda; abandonar programática y políticamente la competencia por el centro-derecha con el PAN; ser un contrapeso real al gobierno y cambiar su estrategia de apoyo a la agenda parlamentaria del gobierno sin que medie un acuerdo político que permita impulsar los temas fundamentales de su propia agenda y aprender a ser una oposición crítica, alternativa y propositiva, que le encarezca al gobierno el costo de incumplir su programa, afectar derechos y vulnerar el orden constitucional y legal.

*Politólogo italiano. Fue senador por una coalición electoral de izquierdas

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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