El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido este viernes que se pronunciará sobre si el presidente Trump puede o no abolir el programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de personas, conocidas como dreamers o soñadores, la mayoría procedentes de Latinoamérica, que llegaron al país ilegalmente cuando eran menores de edad.
Donald Trump ha tratado de terminar con el programa, puesto en marcha en 2012 por su predecesor, el demócrata Barack Obama, prácticamente desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017. Considera el republicano, en permanente cruzada contra la inmigración, que Obama realizó un uso inconstitucional de sus poderes ejecutivos al aprobarlo. Trump colocó a los dreamers en un limbo, al resucitar la amenaza de expulsar a estas personas, cuya condición seguía siendo de indocumentadas, pero a las que la Acción Diferida para Llegadas de Menores (DACA, por sus siglas en inglés) otorgaba protección contra la deportación y un permiso de trabajo.
El futuro de estos dreamers ha estado en el centro de uno de los debates más encendidos sobre inmigración en la era Trump. Y la decisión del Supremo de tomar en consideración el caso, después de eludirlo en el pasado, prácticamente garantiza que volverá al centro del debate en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020. La corte comenzará las audiencias cuando arranque el siguiente curso, en octubre, y probablemente publique su decisión en primavera o verano del año que viene, meses antes de los comicios de noviembre.
Trump dio un plazo de seis meses al Congreso para encontrar una solución para estas personas por vía legislativa, pero rechazó en este tiempo diversos planes que tenían apoyo de los dos partidos. En pleno debate sobre el muro en la frontera con México, el presidente quiso utilizar a estos jóvenes como moneda de cambio para obtener la financiación de su controvertido proyecto que le negaba el Congreso.
La presión para alcanzar un acuerdo quedó neutralizada cuando los tribunales obligaron a Trump a seguir manteniendo en vigor el programa. Pero el equipo del presidente siguió litigando, tratando de persuadir al Supremo para que intervenga. Durante meses, la más alta instancia judicial eludió valorar el caso. La decisión de este viernes de tomarlo en consideración puede ser incentivo para que el Congreso y la Casa Blanca vuelvan a buscar un acuerdo que podría evitar el riesgo de que más de 700.000 personas, que han vivido toda su vida adulta en este país, se enfrenten a la deportación.
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