El Supremo de Estados Unidos está decidido a anular el derecho al aborto que consagró en 1973 ese mismo tribunal en la histórica sentencia del caso Roe contra Wade. Así se desprende de un borrador inicial publicado en la noche de este lunes por el diario Politico, en una filtración de información que carece de precedentes. Lo firma el juez Samuel Alito y refleja una opinión predominante de cinco de los nueve magistrados que integran la corte.
El texto no deja lugar a dudas: según este voto privado, emitido en febrero, una mayoría conservadora del Supremo considera que merece ser tumbado el precedente sentado por la sentencia de 1973 (y confirmado en el caso Planned Parenthood contra Casey, de 1992). “[La sentencia de] Roe estaba terriblemente equivocada desde el principio”, escribe Alito. “Su motivación fue excepcionalmente endeble y aquella decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Lejos de lograr un consenso nacional en torno al tema del aborto, Roe y Casey atizaron el debate y profundizaron en la división”.
El documento de 98 páginas conocido hoy se trata de un “primer borrador”. El fallo definitivo no se espera hasta finales de junio o principios de julio. Es poco probable, pero podría ser que hubieran cambiado o fueran a cambiar los equilibrios en el tribunal entre febrero y ahora o en el tiempo que queda hasta el final del ejercicio judicial. La corte cuenta cuenta con una supermayoría conservadora inédita en décadas de seis contra tres.
“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto, y ningún derecho de este tipo está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional”, se puede leer en la argumentación de Alito, que secundan Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch (falta, entre la nómina conservadora, John Roberts). “Es hora de hacer caso a la norma fundamental y devolver el tema a los representantes elegidos por el pueblo”, sentencia el borrador, siempre según Politico.
La exclusiva ha generado un impacto instantáneo en Washington, tanto por su contenido —el aborto es el tema más perseguido este año por los reporteros especializados en el Supremo—, como, sobre todo, porque no consta que nunca un borrador de estas características se haya filtrado mientras un caso estaba en estudio. A quién sirve esa filtración es un asunto que también ha encendido inmediatamente el debate sobre la creciente politización de la institución.
Decenas de personas se han concentrado en los minutos siguientes a la publicación de Politico para protestar a las puertas del edificio en Washington del alto tribunal. Según un reciente del Pew Research Center, casi siete de cada diez estadounidenses está en contra de la derogación de Roe contra Wade.
En la práctica, esta supondría la libertad de los Estados para decidir sobre los derechos reproductivos de 166 millones de mujeres. Y algunos no han estado perdiendo el tiempo: cuando el fallo definitivo llegue, las leyes promulgadas por todo el país por gobernadores de signo republicano en los últimos meses entrarán en vigor inmediatamente.
Más de 20 Estados están esperando esa decisión. El último en apuntarse ha sido el de Oklahoma, cuya Cámara de Representantes aprobó el jueves pasado una estricta norma que prohíbe las intervenciones después de la sexta semana de gestación, antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Se trata de un calco de la iniciativa texana, promulgada en septiembre y conocida como la ley del latido, en referencia a las constantes vitales del feto. Las únicas excepciones se contemplan para los casos en los que la vida de la madre esté en peligro.
También permite (y alienta) a los ciudadanos particulares a denunciar por 10.000 dólares a los proveedores de servicios de aborto o a cualquier persona que ayude a una mujer a abortar (y eso, según sea interpretada la ley, podría incluir, por ejemplo, al taxista que la lleve a la clínica). Para esos colaboradores, la norma prevé penas de cárcel de hasta 10 años. Oklahoma se había convertido en los últimos meses en el destino de muchas mujeres texanas, ante la imposibilidad de interrumpir el embarazo en su Estado. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, ha declarado su intención de convertirse en el “más favorable a la vida de Estados Unidos”.
La litigante original de Roe contra Wade fue Norma McCorvey, una camarera de Dallas que en 1970 demandó a Henry Wade, fiscal del distrito de la ciudad texana, para reclamar su derecho a abortar en ese Estado. El caso llegó al Supremo, que en enero de 1973 decidió, siete votos contra dos, en favor de McCorvey, amparándose en la decimocuarta enmienda, que garantiza la privacidad (y ese es uno de sus puntos débiles). Planned Parenthood contra Casey se saldó con una votación de 5-4. En esta segunda revisión, que llega casi medio siglo después, de momento parece que hay asegurados cinco votos en contra de Roe.
McCorvey no pudo beneficiarse de los frutos de su lucha: tuvo a la niña en junio de 1970 y la dio en adopción. Bajo el seudónimo con el que denunció, Jane Roe, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos, aunque luego cambiara de idea y se hiciera una convencida antiabortista. Esa decisión garantizó constitucionalmente el derecho a interrumpir un embarazo hasta la semana número 23, en la que se fija la viabilidad del feto. El caso que ha llevado el debate al Supremo proviene de la impugnación de una ley del Estado de Misisipi que pretende adelantar esa frontera hasta las 15 semanas.
“En muchas otras ocasiones, este tribunal ha anulado importantes decisiones constitucionales…”, dice el texto de Alito conocido este lunes. “Sin esas decisiones, la ley constitucional estadounidense tal y como la conocemos sería irreconocible, y este sería un país diferente”. Lo que parece claro es que si la sentencia que está cocinándose en el Supremo confirma finalmente lo que avanza el borrador, Estados Unidos cambiará de nuevo, profundamente, medio siglo después.
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