La directora administrativa del Congreso estadounidense mandó este pasado miércoles parar el baile de TikTok con un mensaje interno poco abierto a interpretaciones: “Los empleados de la Cámara [de Representantes] NO están autorizados a descargar esa aplicación en los teléfonos de trabajo. Si resulta que usted la tiene ya bajada, le contactarán para que la elimine”. Catherine Szpindor aducía “riesgos de seguridad” para adoptar la medida, ciertamente insólita, contra una empresa extranjera, y se adelantaba a la entrada en vigor de la prohibición de usar la red social de vídeos de propiedad china en dispositivos propiedad del Gobierno federal, salvo para los casos en los que sirva a las fuerzas de seguridad para sus investigaciones. El veto está incluido en el monumental paquete de gasto de 1,7 billones de dólares (cerca de 1,6 billones de euros) aprobado in extremis la semana anterior, antes de que el Capitolio echara el cierre por Navidad. El presidente, Joe Biden, firmó la ley el jueves, durante sus vacaciones en las Islas Vírgenes.
Ya hay al menos 19 Estados, la mayoría gobernados por republicanos, que han recurrido a esas mismas preocupaciones de seguridad para bloquear TikTok parcialmente en teléfonos y tabletas de sus funcionarios (Indiana fue más lejos, al demandar a la empresa por ofrecer contenido para adultos a niños). Y el 13 de diciembre, el senador republicano Marco Rubio (Florida) introdujo un proyecto bipartidista llamado Antisocial CCP Act. El nombre, por más que suene a broma (lo sería, si no fuera por la pasión de los legisladores estadounidenses por los acrónimos), responde a las siglas en inglés de Ley para Evitar la Amenaza Nacional de Vigilancia en Internet, Censura e Influencia Opresivas y Aprendizaje Algorítmico del Partido Comunista Chino.
Días antes, en un artículo de opinión en The Washington Post firmado con el congresista Mike Gallagher (Wisconsin), Rubio escribía: “La aplicación puede rastrear las ubicaciones de teléfonos móviles y recopilar datos de navegación por internet, incluso cuando los usuarios visitan sitios web no relacionados”. Ambos también recordaban que, según una ley de 2017, ciudadanos y empresas chinos están obligados a compartir información con las autoridades del país por razones de seguridad nacional. “Es inquietante que TikTok, y por extensión el Partido Comunista, tenga la capacidad de tomar nota de cada vez que nuestros adolescentes usen sus teléfonos. Con esa app, Pekín puede recopilar información sensible de los empleados del Gobierno, así como chantajear o espiar a millones de nuestros compatriotas”.
La historia de amor-odio entre sus propietarios, la matriz ByteDance, y Estados Unidos ―con 136,5 millones de cuentas, es el país del mundo que más usa la plataforma― no es nueva, pero registra estas semanas un pico de hostilidad en el contexto de la creciente pugna geopolítica entre Washington y Pekín. El expresidente Donald Trump ya amagó en verano de 2020 con prohibir la red social, que en 2021 superó en visitas a Google y que en solo seis años ha logrado, sencillamente, cambiar la cultura de masas de este país. Como otros números del circo de bajas pasiones de sus últimos meses en la Casa Blanca, la cosa quedó a medias. Al llegar al cargo, Biden metió en un cajón la orden ejecutiva de su predecesor, que daba 45 días para que una firma local se hiciera con TikTok en Estados Unidos (entonces, sobraron los candidatos a llevarse tan suculento botín).
Yuxtaposición de imágenes con el logo de TikTok y Donald Trump. LIONEL BONAVENTURE JIM WATSON (AFP)
Aquello no fue la señal de un cambio de rumbo drástico: la nueva Administración se ha mostrado continuista con la anterior en lo relativo a su política de rivalidad tecnológica con la potencia enemiga.
Únete para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscríbete
Eso ha provocado que, en la práctica, la plataforma haya quedado en un limbo, a expensas de una investigación, en marcha desde hace más de dos años, de la Comisión de Inversión Extranjera (CFIUS son sus siglas en inglés). Perteneciente al Departamento del Tesoro, es la encargada de vigilar los acuerdos comerciales con empresas no estadounidenses. Esta semana, el diario The Wall Street Journal informó de las presiones en el interior de esa comisión de miembros del Pentágono y del Departamento de Justicia para forzar una venta de la parte operativa de la empresa en Estados Unidos como la única solución a los problemas de seguridad que esta plantea. Christopher Wray, director del FBI, no pierde ocasión, por su parte, para alertar sobre los peligros del algoritmo de recomendación de la red social y su “capacidad de influencia”.
Tras conocer las intenciones legislativas del Congreso, Brooke Oberwetter, portavoz de TikTok, calificó la prohibición como una “decepción” y “un gesto político que no hará nada para promover los intereses de seguridad nacional”. La empresa ha tratado repetidamente de rebajar la preocupación por su manejo de los datos privados, alegando que los de los usuarios estadounidenses no se almacenan en China, que esa información no la comparten con el Gobierno del país asiático y que su sede está en realidad en las Islas Caimán. “El acuerdo que CFIUS está revisando abordará de manera significativa cualquier inquietud de seguridad que se haya planteado tanto a nivel federal como estatal”, continuaba el comunicado.
Entre tanto, la firma, especialmente popular entre los más jóvenes (es la segunda en las preferencias de los adolescentes, por detrás de YouTube, según el centro de análisis Pew Research Center), invierte dinero en aparentar que juega de acuerdo a las reglas, aunque se amontonen las pruebas de lo contrario: la semana pasada, una investigación interna descubrió que varios empleados de ByteDance habían accedido a los datos de periodistas estadounidenses. Hace años que la tecnológica cuenta con una oficina en Washington. Y en la poblada jungla de lobistas de la ciudad, ByteDance ha aumentado su presencia al ritmo de su crecimiento en Estados Unidos: ha pasado de invertir 370.000 dólares para influir en las decisiones de los legisladores en 2019 a destinar 4,28 millones este año, según OpenSecrets, organización centinela de la relación entre el dinero y el poder.
El veterano experto en ciberseguridad Brian Grayek, ejecutivo de la compañía especializada REDW y colaborador en varias investigaciones con los servicios secretos y el FBI, considera que la medida recién adoptada en el Congreso se queda corta. “No impedirá que sigan robando información al resto de los americanos. Algunos de ellos podrían ser cónyuges o familiares de funcionarios del Gobierno, incluso tener vínculos con el Ejército, la industria militar, con infraestructuras críticas o con la inteligencia estadounidense”, explica en un correo electrónico. Así que aplaude la iniciativa del senador Rubio. “Como se suele decir: ‘los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas’. Se trata de un software creado a propósito con intenciones espurias, que ha establecido el nuevo estándar para romper las reglas y corromper a los adolescentes, entrometerse en la vida de las personas y espiar a los ciudadanos. Nada de esto es una conjetura, son hechos probados”, considera, antes de ofrecer “dos argumentos”. “El primero: pregunte a 100 usuarios de TikTok si saben cómo maneja sus datos la empresa a la que se los entregaron, cómo espía sus movimientos, sus patrones, su historial de navegación, sus ubicaciones, entre muchas otras cosas; o si entienden de qué modo manipula sus acciones y pensamientos a su antojo en función de su edad y de su país de residencia. Calculo que tal vez dos le dirán que conocen alguna parte de esa respuesta. La segunda razón es que el ser una aplicación popular no la hace confiable. Casi nadie quería usar cinturones de seguridad cuando los introdujeron en los coches en 1949. Pocos los empleaban después de que los hicieran obligatorios en 1991. Incluso hoy hay quienes siguen sin ponérselos, a riesgo de exponerse a ser multados”.
Según ese razonamiento, muchos de sus usuarios saben que van en un automóvil conducido temerariamente a toda velocidad y aun así prefieren no pensar en su integridad física. Una de ellos, Victoria Jameson, “creadora de TikTok” con casi 970.000 seguidores y autora del podcast de consejos “para crecer en la plataforma” TikTalk Radio, confía en que la empresa y el Gobierno estadounidense “serán capaces de llegar a un acuerdo”. En un episodio reciente, recomendaba a sus oyentes “que no se dejen vencer por la energía negativa del momento” y sigan subiendo vídeos. También, que se asegurasen de poner a salvo el contenido antes de que pudiera desaparecer “de la noche a la mañana”, como sucedió en 2016 con Vine, servicio de clips cortos en bucle (ahí, las razones fueron puramente empresariales). Para Jameson, “todo esto es un recordatorio inmejorable de que los creadores no son dueños de su audiencia”.
Tampoco los políticos, que, por muy sensibles que sean a los problemas de seguridad, son conscientes de que TikTok es una vía inmejorable para llegar a los potenciales (y no siempre fáciles de movilizar) votantes de la generación Z. La Casa Blanca ha cortejado a destacados influencers para pedirles ayuda a la hora de esparcir sus mensajes en asuntos como la participación estadounidense en la guerra de Ucrania o las iniciativas de Biden para reducir la inflación. Tal vez el caso que mejor demostró ese inexplorado poder en las últimas legislativas fue el del candidato demócrata por Pensilvania John Fetterman. Su campaña, durante la que sufrió un ictus, falló en muchos aspectos, pero resultó magistral en el uso de las redes sociales. Tiene casi 242 millones de seguidores en TikTok, y salió elegido para el Senado en una de las disputas más reñidas de las elecciones. Su último post es del 13 de noviembre.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.