Protestas de inmigrantes, máximos históricos de detenciones y solicitudes de asilo, muertes de personas desesperadas por abrirse camino en rutas riesgosas hacia Estados Unidos. La decisión de un juez en Luisiana de mantener el Título 42, una medida de excepción impulsada por Donald Trump que ha paralizado durante dos años el sistema de acogida estadounidense y ha disparado las deportaciones exprés bajo el pretexto de contener la pandemia de covid-19, ha impactado de lleno en la frontera norte de México. El fin de las devoluciones en caliente estaba previsto para este lunes, pero el intento del Gobierno de Joe Biden de reanudar los trámites de asilo ha chocado con el bloqueo legal y de paso ha apagado la esperanza de decenas de miles de migrantes que están varados desde hace meses, sin perspectivas de que acabe la espera. Las autoridades mexicanas temen que el cuello de botella se traduzca en más acciones desesperadas y peligrosas por saltar el muro, mayores ganancias para los traficantes y mayor presión para las ciudades fronterizas. “Estamos todavía sufriendo los estragos de la Administración de Trump”, lamenta Enrique Lucero, director municipal de Atención al Migrante de Tijuana. “Lo que antes duraba dos semanas está tomando ahora dos años, es el tránsito de migrantes más largo que se ha visto en la historia de la ciudad”, agrega.
“No más Título 42″ y “Defender el asilo” fueron algunas de las consignas de un centenar de inmigrantes que marcharon este fin de semana hacia la garita de San Isidro, el paso fronterizo más grande entre Tijuana y San Diego, la frontera más transitada del mundo. En la manifestación participaron miembros de la comunidad LGTB, personas que dejaron Rusia y Bielorrusia como refugiados políticos, centroamericanos que huyen de la violencia y de la pobreza, haitianos que han peregrinado por miles de kilómetros por todo el continente antes de agolparse a las puertas de Estados Unidos. “No sabemos qué es lo que va a pasar ahora”, dijo a AFP Lucdonald Munoma, un migrante de Haití de 31 años. Días antes, las protestas fueron afuera del consulado estadounidense y este lunes se han convocado más manifestaciones pacíficas. En Ciudad Juárez, también en la frontera, pero a más de 1.100 kilómetros de Tijuana, hubo más de 200 manifestantes en la catedral, la mayoría de Haití.
Una manifestación de inmigrantes y solicitantes de asilo en Tijuana (México), el 22 de mayo.GUILLERMO ARIAS (AFP)
Esmeralda Siu Márquez, de la Coalición Pro Defensa del Migrante, asegura que la frontera es una olla de presión y que el ambiente es cada día más tenso. “Las personas están tristes, confundidas y muy desesperadas”, comenta. La decisión, sin embargo, fue tomada a cientos de kilómetros, a espaldas de donde se ven sus consecuencias. “Luisiana no tiene frontera con México, ni siquiera viven este fenómeno”, lamenta. Estados Unidos ha reanudado prácticamente todas las actividades que se paralizaron durante la pandemia: los alumnos han vuelto a las escuelas, los espectáculos masivos y deportivos muestran imágenes abarrotadas, las mascarillas ya no son obligatorias en los aviones y los aeropuertos. El sistema de acogida, en cambio, sigue blindado. “Esto es político, tiene un fondo político”, sentencia Siu Márquez. Uno de los argumentos del tribunal que bloqueó la medida fue la carga económica para los Estados receptores en EE UU. “Es un argumento muy pobre, aunque sabemos que es una decisión de política interna”, responde Lucero.
Al norte de la frontera se multiplican los cálculos políticos a raíz de la crisis migratoria, uno de los principales quebraderos de cabeza de Biden de cara a las elecciones de noviembre, en las que se renovará la Cámara baja y más de un tercio del Senado. Pero más al sur las consecuencias son tangibles. Un migrante cubano murió ahogado a finales de marzo en las playas de Tijuana, mientras intentaba nadar al otro lado. Los cadáveres de tres hondureños, un mexicano y una persona no identificada fueron hallados la semana después de que deshidrataran al interior de un vagón de tren en Piedras Negras, en el límite entre Texas y Coahuila. Un salvadoreño de 36 años y su hijo de siete fallecieron apenas hace unas horas ahogados mientras intentaban cruzar el río Suchiate, en la frontera de México y Guatemala.
Este mismo día, organizaciones civiles compartieron imágenes de barcazas de migrantes que siguen intentando cruzar. El cierre de los canales legales es campo fértil para que florezcan rutas cada vez más riesgosas. “Con o sin Título 42 va a seguir habiendo migrantes, vamos a seguir viendo estos accidentes”, dice Lucero. Y el diagnóstico es compartido por antiguos altos mandos de la patrulla fronteriza estadounidense, asociaciones civiles y los propios coyotes o polleros, que han aumentado sus tarifas en el tráfico de personas. Estados Unidos ha batido el máximo histórico de detenciones en un periodo de 12 meses y tan solo en abril arrestó a unos 234.000 inmigrantes sin papeles, más de 94.000 fueron deportados bajo el Título 42. Desde que empezó la pandemia, el número de indocumentados detenidos por autoridades de EE UU roza los dos millones, según cifras oficiales.
Ante las presiones de la Casa Blanca para endurecer la vigilancia y el bloqueo que existe en Estados Unidos, las cifras de arrestos y solicitudes de asilo también han roto récords en México: más de 131.000 personas han pedido quedarse en 2021, el triple que el año anterior. “Lo más preocupante para México es que el Gobierno debería ya sentarse para ver cómo puede mejorar la situación de las personas migrantes en el acceso a vivienda, salud y educación”, señala Siu Márquez, “todas las promesas que se han hecho aún no se han garantizado”. Acnur, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, ha insistido durante meses en que Estados Unidos ponga fin a las deportaciones exprés por cuestiones sanitarias. Incluso con el fin del Título 42, las expectativas son mesuradas: se abriría apenas un resquicio e iniciaría un lento desahogo de cientos de miles de peticiones, la mayoría posiblemente rechazadas. Al tiempo que se libra una batalla política y legal en EE UU, la ONU da cuenta de que el continente americano cuenta ya con 18 millones de personas que han huido de sus hogares, entre un éxodo de 100 millones de desplazados en todo el mundo.
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