El Parlamento Europeo fijo este martes sus líneas rojas para negociar con los Veintisiete la nueva ley contra la difusión de pornografía infantil online que Bruselas urge a cerrar pero cuyo control masivo sobre comunicaciones para identificar material ilícito genera dudas en materia de ciberseguridad y privacidad de los usuarios.
De hecho, la posición adoptada con 51 votos a favor, dos en contra y una abstención por la comisión europarlamentaria de la Justicia e Interior (LIBE) deja claro la oposición de los eurodiputados a que la Ley para prevenir y combatir el abuso sexual de menores online (CSAM) permita una supervisión masiva e indiscriminada de las comunicaciones privadas.
Conscientes de que la detención y denuncia voluntarias por parte de las empresas digitales ha resultado ser insuficiente en la lucha contra el abuso infantil en la red, la Unión Europea trabaja para hacer obligatorias las órdenes de detección para las grandes plataformas, que deberán alertar a las autoridades si detectan material pedófilo.
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Con la nueva norma, cuya forma definitiva debe negociar ahora la Eurocámara con el Consejo (los gobiernos), los países deberán designar una autoridad de coordinación, capacitada para multar a los proveedores incumplidores, que podrá solicitar a las autoridades judiciales “ordenes de detección” cuando crean que existe un riesgo importante de que el servicio en cuestión esté siendo utilizado para difundir abuso sexual a menores.
Estas órdenes de detección deberán ser un medio de “último recurso” cuando otras medidas de mitigación hayan fracasado en el control y las autoridades competentes podrán emitir órdenes de retirada, bloqueo y exclusión.
En su mandato, los eurodiputados insisten en que tales órdenes estén claramente acotadas al acceso a mensajes de “individuos o grupos sospechosos” de difundir contenido de abuso sexual a menores en base a un “grado razonable de sospecha” y estén limitadas en el tiempo, para evitar un vigilancia generalizada de Internet.
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En este sentido, defienden que los mensajes encriptados de extremo a extremo queden fuera del alcance de las órdenes de detección para garantizar que todas las comunicaciones privadas de los usuarios sigan siendo “seguras y confidenciales”. Los proveedores, añaden, podrán elegir qué tecnologías emplean siempre y cuando cumplan con las estrictas salvaguardas de la norma comunitaria.
El cifrado de extremo a extremo es un sistema de encriptación que protege las comunicaciones, de modo que solo el emisor y los usuarios que reciben un mensaje puede ver su contenido, impidiendo que terceros o la propia empresa responsable del servicio puedan acceder a él. Este sistema se utiliza actualmente en plataformas como WhatsApp, Messenger de Facebook o Telegram.
“Hemos logrado un compromiso jurídicamente sólido, apoyado por todos los grupos políticos”, celebró el ponente de la posición de la Eurocámra, el eurodiputado del Partido Popular (PP) de España, quien destacó que el mandato acordado “respeta el equilibrio entre la protección de menores y la protección de la vida privada”.
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