Una operación internacional llevada a cabo contra el tráfico de migrantes transportados a Reino Unido a través del canal de la Mancha ha logrado desmantelar una red criminal iraquí-kurda especializada en el uso de botes hinchables pequeños. Las policías de Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos han colaborado también en la investigación, y este 5 de julio se procedió al arresto de 39 sospechosos con ayuda de 900 agentes de los cinco países involucrados. El grupo delictivo ha podido introducir ilegalmente hasta unas 10.000 personas en territorio británico en el último año y medio, y cobraba entre 2.500 y 3.500 euros por cabeza. En el momento de cruce, podía haber hasta 15 balsas a la vez en el agua; la mitad conseguía ganar la costa. Los beneficios para la red fueron de unos 15 millones de euros.
“Esta es la mayor operación de su clase llevada a cabo contra el tráfico de personas a través del canal de la Mancha, en particular en botes pequeños”, ha dicho este miércoles Jean-Philippe Lecouffe, subdirector ejecutivo de Europol, la agencia de la Unión Europea para la cooperación policial. Sus expertos han colaborado con Eurojust —la agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial—, ambos organismos con sede en Países Bajos. Según sus datos, han sido requisados 1.200 chalecos salvavidas, unos 150 embarcaciones, cerca de 50 motores y 40.000 euros en efectivo.
Todos los años, miles de migrantes procedentes de países como Irán e Irak tratan de cruzar el canal de la Mancha hacia Reino Unido y, según Eurojust, “hay rivalidad por el control del lucrativo negocio del tráfico y por la salida de las balsas inflables, y ello se ha traducido en dos intentos de asesinato en el seno de la organización criminal”. Ambos tuvieron lugar en Francia y Alemania. En Bélgica, varios de los casos de tráfico descubiertos mostraron lazos comunes y se abrió un expediente separado para desarbolar una red criminal encargada de la cadena de suministros. Este martes, hubo seis detenciones en sendos distritos de Londres bajo la sospecha de que los involucrados “conspiraban para facilitar la inmigración ilegal”.
La investigación dio comienzo en noviembre de 2021 con el arresto de 16 personas por parte de la policía francesa. “Ello facilitó el señalamiento de varios miembros de la red, sospechosos, entre otros, de traficar con migrantes procedentes de Vietnam, que eran trasladados desde Francia a Reino Unido en lanchas a motor”. Para ello, contaban con infraestructura de apoyo en el puerto galo de Calais, mientras que los botes de goma eran llevados desde China a Alemania, y después a Francia.
El tráfico de migrantes con barcos de pequeño tamaño ha ido aumentando desde poco antes de la pandemia y Eurojust lo considera una de las vías más peligrosas. Por su parte, Europol indica que entre enero y diciembre de 2020 hubo más de 1.300 intentos de llegar así a Reino Unido desde la UE por parte de más de 15.000 migrantes. En su informe anual de 2022, el organismo señala que este sistema sobrepasó en 2021 el uso de camiones cargados de personas en la misma ruta. Para finales del año pasado, “cerca de 50.000 migrantes intentaron cruzar en barco el canal de la Mancha, tres veces más que en 2020″. En el primer semestre de 2022, “unos 11.500″ inmigrantes irregulares consiguieron llegar a Reino Unido, generando con sus pagos “un beneficio de unos 30 millones de euros para las organizaciones criminales que operan a lo largo de la ruta”, sigue la agencia policial. En opinión de Matt Rivers, miembro de la Agencia Nacional británica contra el Crimen, dada la cifra de botes requisados en la actual operación, “podemos esperar una reducción en el número de intentos de cruce del canal de la Mancha a corto plazo”.
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Reino Unido se propone trasladar a Ruanda a los demandantes de asilo en situación irregular que crucen el canal. El mes pasado, el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, seguía dispuesto a llevar a cabo sus planes, a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha emitido ya una orden para impedir la deportación de uno de los migrantes, de nacionalidad iraquí. De momento, el acuerdo con Ruanda cuenta con una dotación de 120 millones de euros (unos 144 millones de euros) y señala a varones sin cargas familiares arribados en embarcaciones o en camión. Las ONG especializadas en Derechos Humanos sostienen que Reino Unido vulnera su propia responsabilidad en materia de protección al pactar con un tercer país ajeno al de origen de los migrantes.
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