Alejandra tiene 32 años y el gesto tenso. Espera su cita para abortar en la clínica de Planned Parenthood Golden Glades de Miami en una sala junto a otras cuatro mujeres separadas por cortinas de hospital. “Estoy desesperada, es cuestión de vida o muerte”, dice con impaciencia. Debido a su epilepsia, la ginecóloga le ha advertido de que su embarazo, “deseado”, es peligroso. Que no debe “llevarlo a término”. Está de ocho semanas, pero no quiere arriesgarse: teme que si lo deja por más tiempo entre en vigor la nueva ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que bajará el límite legal para abortar en el Estado de 15 a 6 semanas.
“Me han dicho que podría morir”, continúa. “No es ya por mí, es que tengo una hija de seis años, y, francamente, no confío en que mi madre se fuera a hacer cargo de ella”. Hace el gesto de acariciarse la barriga con las manos, y añade: “Hay días en que me levanto con esta ilusión, pero luego me acuerdo que sencillamente no puedo”. Ha venido sola a la clínica. Casi nadie sabe que está aquí. Por eso Alejandra es un nombre ficticio.
El 24 de junio se cumplirá un año desde que un Tribunal Supremo de mayoría conservadora derogó la protección federal al aborto en Estados Unidos. El fallo fulminó el precedente de medio siglo sentado por la sentencia Roe contra Wade (1973), devolvió a los Estados la capacidad de legislar sobre el tema y atravesó la vida de mujeres como Alejandra. La decisión desató también una guerra en múltiples frentes entre dos bandos irreconciliables.
Han sido doce meses de referéndums, airadas discusiones parlamentarias y recursos judiciales. De mucha desinformación e incertidumbre. A menudo no es fácil discernir lo que es legal de lo que no lo es. Trece estados ya han prohibido el aborto completamente. En otros seis, tenían leyes listas para entrar en efecto en cuanto cayera Roe; desafiadas en los tribunales, van camino de hacerlo. Seis más, lugares con mayoría republicana, han aprobado durante esta sesión legislativa normas restrictivas que, cuando entren en vigor, prometen dejar grandes regiones del país, principalmente en el Sur y el Medio Oeste, sin acceso al aborto. El resultado es un mapa de “caos y confusión”, en la definición de Kelly Barden, del Instituto Guttmacher, organización independiente que trabaja en la intersección entre política y salud reproductiva.
Jasmine, una paciente de 23 años, espera en julio pasado para hacerse un aborto en una de las 18 clínicas de Planned Parenthood, en West Palm Beach (Florida).CHANDAN KHANNA (AFP)
Ese mapa cambia casi a diario. La última vez fue este mismo viernes en Iowa, cuyo Tribunal Supremo votó para impedir el reestablecimiento de una norma impulsada por la gobernadora Kim Reynolds que proscribía el aborto a partir de la sexta semana, lo que equivale a una prohibición casi total.
Pocos lugares encarnan mejor el mutante panorama de la América posRoe que Florida, donde el año pasado por estas fechas era legal interrumpir un embarazo hasta la vigesimocuarta semana de gestación. Poco después del fallo del Supremo, DeSantis sancionó una ley que bajaba ese límite a las 15 semanas y 6 días, y no contemplaba excepciones para los casos de incesto, violación o trata de personas, pero sí para aquellos en los que la vida de la madre esté en peligro. Entonces, el gobernador declaró: “La vida es un regalo sagrado digno de nuestra protección, y me enorgullece firmar esta gran legislación que representa las protecciones más importantes para la vida en nuestra historia moderna”.
Envalentonados por su aplastante triunfo electoral del pasado noviembre, los republicanos del Estado del Sol, con mayoría en ambas cámaras en Tallahassee, no dejaron pasar la oportunidad y aprobaron la norma de las seis semanas, que, esta sí, contempla hasta la decimoquinta las salvedades de la violación o el incesto, aunque carga el peso de la prueba sobre la denunciante, que está obligada a aportar un informe médico y un atestado policial. Si peligrara la salud de la madre, dos médicos tendrían que certificarlo.
El caso Planned Parenthood
Pese a que el gobernador firmó la Ley de la Protección del Latido (las constantes vitales del feto se sienten más o menos a partir de las seis semanas, aunque la viabilidad no llega hasta, como pronto, la vigesimosegunda, según la Organización Mundial de la Salud), la norma no entrará en vigor hasta que el Supremo falle, podría ser en cualquier momento, sobre el caso Planned Parenthood contra Florida. La organización, que agrupa en torno a la mitad de las clínicas abortivas del país, impugnó la ley de las 15 semanas amparándose en el derecho a la privacidad que reconoce la Constitución del Estado. Si los jueces, como parece, deciden en favor de los intereses de DeSantis, automáticamente Florida se colocará a la vanguardia de las restricciones contra el aborto. Quedará también completo un gigantesco desierto para la libertad de decidir en el sudeste del país.
“Las encuestas dicen que el 75% está en contra de esa ley”, explicó en una conversación telefónica Nikki Fried, la única miembro del Partido Demócrata que formó parte del gabinete de DeSantis hasta la derrota de noviembre. Fried acabó detenida en abril junto a la líder de la minoría de su partido en el Congreso por protestar por la norma. “[El gobernador] lo ha hecho porque cree que esas políticas extremistas le ayudarán a conseguir apoyos entre las bases más radicales de su partido”.
Fried opina, con todo, que le pasará factura en sus aspiraciones a la Casa Blanca, y por eso firmó la ley “de noche y a puerta cerrada”. DeSantis lanzó su candidatura en mayo, con un programa basado en el combate feroz a la agenda progresista de la “ideología woke” en temas como la educación o los derechos de las personas trans que resume en un eslogan: “Make America Florida”. Hacer que Estados Unidos se convierta en Florida. “Si sale elegido, tratará de prohibir el aborto en todo el país”, advierte Fried.
El tema se ha convertido en una patata caliente para los candidatos republicanos, que parecen haber entendido, como quedó demostrado en las elecciones legislativas, que las políticas demasiado radicales les hacen perder votos. Sin ir más lejos, los otros dos aspirantes residentes en Florida de la poblada carrera por la designación del partido conservador, el expresidente, y claro favorito, Donald Trump, y el alcalde de Miami, Francis Suarez, han criticado abiertamente la ley de DeSantis.
A Christopher Pettaway, coordinador de pacientes de la clínica de Planned Parenthood Golden Glades en Miami, donde también se están adaptando a las nuevas normas de Florida sobre los tratamientos para la transición de género, prohibidos para los menores y restringidos para los adultos, el límite de las seis semanas le parece “catastrófico”. “Muchas mujeres no pueden saber para entonces si están embarazadas, solo han pasado dos desde que perdieron el periodo. Las 15, en cambio, me parecen un razonable punto medio entre ambos bandos”, dice. Pettaway explica que un aborto en el centro de salud, uno de los 18 que tiene Planned Parenthood en Florida, cuesta entre 600 y 900 dólares según lo avanzado de la gestación, gasto que expresamente no cubre la asistencia sainara (Medicaid) estatal. Además, las pacientes están obligadas a hacer dos visitas separadas por al menos 24 horas. En ellas, se les hace una ecografía y se las informa sobre las diversas opciones que tienen, también les brindan ayuda si optan por la adopción.
“Muchas optan por la píldora abortiva, pero ese método también está amenazado en los tribunales. Si sacan la mifepristona del mercado, sería desastroso”, aclara Lucy Estrada, directora del centro de salud de Miami, en referencia a los intentos de un juez ultraconservador de Texas de prohibir el medicamento que, junto con el misoprostol, se emplea en más o menos la mitad de las interrupciones del embarazo en Estados Unidos (el caso está aún en manos de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans).
Estrada confirma que al estar rodeada de estados prohibicionistas, Florida recibe muchas pacientes de Georgia, Alabama, Misisipí, Luisiana o Texas, a las que Planned Parenthood y otras organizaciones prestan ayuda, si la necesitan para viajar: autobús, alojamiento o desplazamiento en la ciudad, gracias a un acuerdo con Uber.
Si finalmente entra en vigor la Ley de la Protección del Latido, el Estado dejará de ser receptor para convertirse en emisor, lo que aumentará la presión sobre otros lugares. Hacia el Oeste, tocaría viajar hasta Nuevo México (3.200 kilómetros separan Miami de Santa Fe). Hacia el Norte, aguardan las Carolinas. En la del Sur, hay una ley con un límite de seis semanas bloqueada por un juez y a la espera de ser revisada por un Supremo conservador formado por cinco hombres. En la del Norte, está previsto que entre en vigor el 1 de julio una norma que prohíbe las interrupciones del embarazo a partir de las 12 semanas. Más allá, quedaría Virginia: entre Miami y su capital, Richmond, hay más de 1.500 kilómetros.
“Mucha gente olvida el efecto que estos vetos tienen para los embarazos complicados”, explicó recientemente en una conversación telefónica la doctora Shelly Tien, experta en gestaciones de riesgo, que solía prestar sus servicios también en Oklahoma y Alabama y ahora solo trabaja en una clínica de Jacksonville (Florida). “Sucede incluso con pacientes sanas. La mayoría de esos percances llegan pasadas las seis semanas. Estas prohibiciones afectan no solo a las mujeres, sino también a sus familias, a las comunidades en las que viven. Suponen además prohibir las conversaciones entre paciente y médico, que no pueden ofrecer los cuidados necesarios antes de que sea demasiado tarde y la situación se vuelva crítica”.
Eso es precisamente lo que quería evitar a toda cosa Alejandra, la mujer con epilepsia de la sala de espera. Al día siguiente de su intervención, definió el trago como “horrible” y dijo que seguía sin entender por qué “[los políticos] están poniendo las vidas de muchas mujeres e hijos en peligro. No sé por qué piensan que tienen derecho a controlarnos”.
Para cambiar eso, una asociación llamada Floridanos por la Libertad ha empezado a recoger firmas para forzar un voto aparte en las presidenciales de 2024. Quieren introducir una enmienda a la constitución estatal, como ya han hecho Míchigan o Kansas en este año, desde la sentencia del Supremo, que diga: “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de su viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, si así lo considera su médico”. De momento, llevan 130.000. Necesitan 800.000 firmas antes de febrero.
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