ALBUQUERQUE – El fiscal general de Nuevo México describió este jueves como “tortura” el trato que recibió antes de morir una mujer discapacitada de 38 años bajo el cuidado de otras tres a quienes supuestamente les pagaban miles de dólares al mes a través de un programa especial destinado a ofrecer una alternativa al cuido institucional.
El fiscal general, Raúl Torrez, detalló las heridas de la mujer durante una conferencia de prensa el jueves, revelando que murió semanas después de ser encontrada en la parte trasera de una camioneta mientras las cuidadoras presuntamente intentaban llevarla a México para tratar sus heridas.
“El abuso y la negligencia que soportó fueron horribles y las lesiones que sufrió están entre las peores que he visto en mi carrera como fiscal”, dijo Torrez. “Esto fue una tortura. Realmente no hay otra palabra para eso”, indicó.
Tres mujeres fueron arrestadas y acusadas el miércoles de abuso y negligencia luego de una investigación que comenzó con una parada en la frontera entre Estados Unidos y México a fines de febrero.
El caso impulsó una revisión estatal de todo el sistema de exenciones para personas con discapacidades en Nuevo México. Los trabajadores sociales pasaron semanas haciendo controles de bienestar individuales en miles de personas discapacitadas que reciben atención a través del programa de exención financiado por el gobierno federal.
De hecho, a través de estas revisiones, surgieron más denuncias de posible abuso y negligencia, y el Departamento de Salud del estado canceló los contratos con cuatro proveedores en Albuquerque.
Por su parte, una declaración jurada presentada por la Oficina del Fiscal General detalla el abuso que resultó en los cargos presentados el miércoles contra Angelita René Chacón, de 52 años, y Patricia Hurtado, de 42, ambas de Río Rancho. Enfrentan cargos de abuso o negligencia de un residente que resultó en la muerte, encarcelamiento ilegal y conspiración para cometer encarcelamiento ilegal.
Mientras que, Luz Scott, de 53 años, de Clovis, una supuesta conocida de las mujeres, fue acusada de encarcelamiento ilegal y conspiración para cometer encarcelamiento ilegal.
Según la oficina del fiscal general, Chacón y Hurtado contrataron a At Home Advocacy y otros tres contratistas para brindar atención complementaria a la víctima. Estaban recibiendo alrededor de $5,000 al mes bajo el programa de exención para cuidarla, se indicó.
Los fiscales declararon que una revisión preliminar de los registros comerciales disponibles indicó que At Home Advocacy recibió casi $250,000 para coordinar la atención y el apoyo a la víctima en los tres años anteriores a su muerte.
Los registros mostraron que la compañía visitó la casa por última vez el 25 de enero, un mes antes de que encontraran a la víctima en el puerto de entrada en El Paso, Texas.
Según los registros judiciales, un supervisor de At Home Advocacy les dijo a los agentes del FBI que la compañía realizaba visitas mensuales de bienestar en la casa de Chacón, pero que no se realizaban “verificaciones corporales” y que no se observaron lesiones.
No obstante, las autoridades informaron que la mujer que murió estaba gravemente deshidratada y drogada cuando la encontraron en la camioneta. También tenía numerosas heridas abiertas, escaras con huesos expuestos y contusiones y laceraciones en varias partes del cuerpo, se indicó.
También describieron marcas consistentes con estar inmovilizado por un período prolongado de tiempo.
Incapaz de hablar cuando los agentes federales la descubrieron en el cruce fronterizo, fue transportada al Centro Médico Universitario en El Paso, Texas, donde murió el 7 de abril. The Associated Press generalmente no nombra a las personas que han sido abusadas.
Por su parte, la gobernadora demócrata, Michelle Lujan Grisham, y altos funcionarios de salud habían advertido que cualquier cuidador que maltratara y abusara de personas con discapacidades del desarrollo o vulnerables sería responsable.
Mientras que, los líderes legislativos republicanos también solicitaron que el gobierno federal investigue, argumentando que una investigación independiente garantizaría la transparencia y podría evitar este tipo de casos en el futuro.
Por su parte, Torrez instó a la gobernadora y a los legisladores a revisar los protocolos en el Departamento de Salud del estado. Sus sugerencias incluyeron mayor personal y capacitación, inspecciones obligatorias cada 90 días y nuevas sanciones civiles y penales para empresas y proveedores.
Asimismo, hizo un recuento de 12 “auditores” para más de 6,000 sitios en todo el estado y criticó a los administradores y a la Legislatura por depender de los proveedores de atención para autoinformar los problemas.
“Ese es uno de los problemas fundamentales que ha surgido en este caso”, aseguró Torrez, sugiriendo que los lucrativos contratos con el estado no brindan ningún incentivo para que los proveedores se vigilen a sí mismos.
En respuesta al caso, el secretario de Salud del estado, Patrick Allen, informó el jueves que se está llevando a cabo una investigación independiente para identificar cualquier falla sistémica que no permita que el abuso o la negligencia se controlen. También aseguró que la agencia continuará remitiendo cualquier otro caso de sospecha de abuso y negligencia a la policía.
“Las personas con discapacidad a menudo dependen de otros para su vida diaria. Literalmente confían sus vidas a sus cuidadores”, manifestó Allen, y agregó que cuando su atención está cubierta por un programa estatal, “todos son responsables y debemos asegurarnos de que se satisfagan sus necesidades de salud y seguridad”.
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