Israel se resiste a pasar una de las páginas más oscuras de su historia. Al menos un millar de niños yemeníes fueron presuntamente robados a sus familias tras ser declarados muertos por las autoridades sin entregar los cadáveres a sus familias. La llamada Operación Alfombra Mágica aerotransportó entre 1949 y 1950 a unos 50.000 judíos desde Yemen, donde vivían desde siglos atrás en un entorno medieval, hasta el recién nacido Estado hebreo, que intentaba poner a salvo a la diáspora asentada en países árabes enemigos.
A su llegada a la Tierra Prometida fueron considerados ciudadanos de segunda clase frente a la élite de sabras (nacidos en Tierra Santa) y askenazíes (judíos centroeuropeos) dominante en la época y que aún ocupa amplias parcelas de poder. Internados con sus familias en “campos de absorción”, los niños yemeníes, como el resto de los mizrajíes o judíos orientales realojados en tiendas, enfermaban a menudo. Muchos fueron separados de sus padres y no regresaron nunca del hospital. A pesar de las quejas, no hubo funerales ni entierros ni certificados de defunción. Desaparecieron.
Pero nunca fueron olvidados. Las familias yemeníes denunciaron que habían sido entregados en adopción a parejas askenazíes sin hijos, supervivientes del Holocausto, en Israel y Estados Unidos. En 1967, 1988 y 1995 se abrieron investigaciones oficiales sobre su paradero. La conclusión fue siempre la misma: no hubo robo de niños ni adopciones ilegales; como mucho, negligencia médica o administrativa en medio de las pésimas condiciones sanitarias.
“Fui a hablar con unos de los guardianes del campo y me dijo que nadie me iba a ayudar y que se iban a reír de mí”, relató en 1995 a una comisión de investigación Yosef Avraham. Habían Volado desde Yemen el 16 de septiembre de 1949 hasta el aeropuerto de Tel Aviv junto con su mujer y sus dos hijos. El menor, Tov, había nacido la semana anterior. De allí fueron derivados a un campamento para inmigrantes e ingresados en la clínica del recinto, por separado, para una revisión médica. Una semana después, el bebé había desaparecido. Según los documentos consultados años más tarde por el diario Haaretz, el pequeño Tov no fue inscrito en los registros de la clínica. Murió dos semanas después de llegar a Israel, según la versión oficial.
En 2001, otra investigación constató que algún asistente social pudo, “a título particular”, entregar irregularmente niños en adopción “para ofrecerles una vida mejor”, sin que llegara a observarse la existencia de una trama organizada. En 2016, la reivindicación de las familias yemeníes llegó hasta la Kneset (Parlamento), que acabó desclasificando documentos que embargados hasta 2031. En un nuevo clima de búsqueda de la verdad histórica, las asociaciones de afectados fueron autorizadas a indagar en los archivos. Y la justicia avaló, ya en 2018, la exhumación de cadáveres de niños muertos en la década de los cincuenta del siglo pasado para efectuar pruebas de ADN.
A un mes de las elecciones legislativas del 23 de marzo y siete décadas después de que se registrara la desaparición de los menores, el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha aprobado un plan de compensaciones económicas a las familias yemeníes que perdieron a sus hijos poco después de haber llegado a Israel.
Los herederos de la inmigración mizrají (sefardí, en sentido amplio), constituyen hoy uno de los pilares que sostienen la base electoral del conservador partido Likud de Netanyahu —él mismo un acreditado sabra askenazí—, que hizo bandera del rechazo a la hegemonía de las élites para derrotar en las urnas al laborismo fundacional del Estado.
“Ya es hora de que el sufrimiento de las familias a las que les quitaron sus hijos sea reconocido y de que reciban una indemnización del Estado”, admitió Netanyahu el lunes pasado, ante “uno de los episodios más dolorosos de la historia de Israel”, del que deberá quedar constancia, según enfatizó, en los textos escolares. El Gobierno hará frente con una partida de 162 millones de shequels (41 millones de euros) al pago de compensaciones de 37.000 euros para las familias que no fueron informadas de la muerte de sus hijos y de 50.000 euros para las que siguen sin conocer su paradero.
“El Estado intenta tapar la boca a la comunidad de origen yemení con unas indemnizaciones insignificantes y parciales”, lamentó la asociación de búsqueda de niños desaparecidos Ahim Vekayamim en un comunicado citado por France Presse. La mayoría de las organizaciones de judíos originarios de Yemen, que llevan décadas haciendo valer su derecho a conocer la verdad sobre un trágico pasado, lamentan que el Estado no haya pedido perdón, aunque sí exprese “pesar por el sufrimiento de los padres”. La Asociación Amram, que ha recogido el testimonio de 800 familias, ha advertido, de que “no hay reparación ni verdad posibles sin escuchar la versión de los afectados y sin asunción de responsabilidad”.
En un informe firmado en 1952 por el asesor legal de un ministerio, publicado por Haaretz tras el levantamiento del secreto oficial en 2017, se lee con claridad: “No es la primera vez que llegan a mis oídos noticias sobre la inadecuada conducta de hospitales públicos que ofrecen en adopción a todo tipo de personas niños que han sido ingresados para su cuidado”.
Las reparaciones se limitan a los casos ya investigados
El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu no acepta la tesis, sostenida por los descendientes de los inmigrantes yemeníes y transmitida de generación en generación, de que existió una trama institucional para apoderarse de los niños cuando estaban separados de sus familias con el fin de entregarlos en adopción. Por eso ha impuesto condiciones. Para recibir las indemnizaciones es preciso desistir con carácter previo de cualquier acción judicial en marcha, y comprometerse a no plantear reclamaciones en el futuro.
Solo los 1.053 casos que han sido investigados por la Administración podrán optar a una compensación económica. En principio, el Estado sostiene que la mayoría de los niños murieron a causa de una enfermedad, aunque solo se pudieron certificar 48 fallecimientos. En 69 expedientes no hay ninguna pista sobre el paradero de los niños.
Las sospechas de las familias yemeníes surgieron cuando recibieron por correo citaciones para la incorporación al servicio militar en las fechas en las que sus hijos, oficialmente fallecidos, hubieran cumplido los 18 años. En los archivos desclasificados a partir de 2017 consta que las comisiones de investigación confirmaron la existencia de “negligencia y racismo” por parte de servidores públicos. En una zona gris sobre la que aún hay que arrojar luz, sospecharon que se llevaron a cabo adopciones sin conocimiento de los padres.
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