juicio político del Fiscal General de Texas, Ken Paxton

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El fiscal general de Texas Ken Paxton enfrenta este martes la más grave amenaza a su accidentada carrera, cuando el Senado estatal empiece a debatir un juicio político que podría excluir al veterano republicano de la política tras años de acusaciones de corrupción.

El destino de Paxton, un republicano de 60 años, está en manos de los senadores republicanos con quienes sirvió antes de ganar una carrera estatal para hacerse cargo de la oficina del fiscal general en 2015.

Podrás ver las audiencias del juicio en el reproductor de video arriba.

LO QUE DEBES SABER DEL JUICIO

En una era de amargo partidismo, el histórico procedimiento es un raro ejemplo de un partido político que busca hacer que uno de los suyos rinda cuentas por acusaciones de irregularidades. El juicio político también fue una reprimenda repentina para Paxton, quien se ha ganado un perfil nacional librando batallas legales de alto perfil, incluido el intento de anular las elecciones presidenciales de 2020, y que ganó un tercer mandato en 2022 a pesar de los cargos penales estatales pendientes desde hace mucho tiempo y una Investigación del FBI.

La Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, votó abrumadoramente a favor de destituir a Paxton en mayo, basándose en gran medida en las afirmaciones de sus exoficiales de que el fiscal general usó su poder para ayudar a un donante rico que correspondió con favores que incluían la contratación de una mujer con la que Paxton tenía una relación extramarital.

Los 20 artículos del juicio político incluyen abuso de la confianza pública, incapacidad para el cargo y soborno.

Los 20 artículos del juicio político incluyen abuso de la confianza pública, incapacidad para el cargo y soborno.

La votación de 121-23 suspendió inmediatamente a Paxton y lo convirtió en el tercer funcionario en ejercicio en los casi 200 años de historia de Texas en ser acusado.

Paxton ha denunciado el juicio político como una “farsa políticamente motivada” y un esfuerzo por privar de derechos a sus votantes. Los abogados del fiscal general dicen que no testificará en el juicio en el Senado. Ha dicho que espera lograrlo.

Paxton enfrenta un juicio por un jurado (los 31 senadores estatales) compuesto por sus aliados ideológicos y un “juez”, el vicegobernador republicano Dan Patrick, quien prestó $125,000 para su última campaña de reelección.

Su esposa, la senadora Angela Paxton, asistirá al juicio pero no podrá participar ni votar. Otros dos senadores desempeñan un papel en las acusaciones contra Paxton.

Se requiere una mayoría de dos tercios (o 21 senadores) para ser condenado, lo que significa que si los 12 demócratas del Senado votan en contra de Paxton, todavía necesitan que al menos nueve de los 19 republicanos se unan a ellos.

EL CASO EN MEDIO DE LAS ACUSACIONES

Es probable que el juicio aporte nuevas pruebas. Pero el resumen de las acusaciones contra Paxton ha sido público desde 2020, cuando ocho de sus principales ayudantes dijeron al FBI que el fiscal general estaba infringiendo la ley para ayudar al desarrollador inmobiliario de Austin, Nate Paul.

Los agentes, en su mayoría conservadores a quienes Paxton seleccionó personalmente para sus trabajos, dijeron a los investigadores que Paxton había ido en contra de su consejo y contrató a un abogado externo para investigar las acusaciones de Paul sobre irregularidades por parte del FBI en su investigación del desarrollador. También dijeron que Paxton presionó a su personal para que tomara otras acciones que ayudaran a Paul.

A cambio, Paul supuestamente contrató a una exasistente de un senador estatal republicano con quien Paxton estaba teniendo una relación sentimental y financió las renovaciones de una de las propiedades del fiscal general, una casa de un millón de dólares en Austin.

Paul fue acusado en junio de cargos penales federales por haber hecho declaraciones falsas a bancos para obtener más de $170 millones en préstamos. Se declaró inocente y negó ampliamente haber actuado mal en sus tratos con Paxton.

Los dos hombres se unieron por el sentimiento compartido de que eran el objetivo de agentes corruptos de la ley, según un memorando de uno de los empleados que acudió al FBI. Paxton fue acusado formalmente de fraude de valores en 2015, pero aún no ha sido juzgado. El Senado no va a abordar, al menos inicialmente, tres artículos de juicio político sobre el presunto fraude de valores y un cuarto relacionado con las presentaciones de ética de Paxton.

Los fiscales federales continúan examinando la relación de Paul y Paxton, por lo que las pruebas presentadas durante su juicio político plantean un riesgo legal y político para el fiscal general.

Después de acudir al FBI, los ocho ayudantes de Paxton dimitieron o fueron despedidos. Sus salidas provocaron un éxodo de otros abogados experimentados y vieron a la oficina del fiscal general consumida por la disfunción entre bastidores.

Posteriormente, cuatro de los agentes demandaron a Paxton en virtud de la Ley de denuncia de irregularidades del estado.

El grupo bipartidista de abogados que encabezó el impeachment de Paxton en la Cámara dijo que fue él quien buscaba 3.3 millones de dólares en fondos de los contribuyentes para llegar a un acuerdo con el grupo que los impulsó a investigar sus negocios.


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